Cátedras de responsabilidad civil: visión retrospectiva, actual y prospectiva de la responsabilidad civil en la república dominicana

Publicado por: admin Fecha: 05/10/2013 15:10:25 p.m. Comentarios: 0

Tendencia hacia la desaparición del paralelismo entre la responsabilidad civil delictual y la contractual.
-Una aproximación a la responsabilidad civil del futuro-
Universidad Iberoamericana (UNIBE)
20 de noviembre de 2012.

Introducción:

Esta noche arribamos al cierre del ciclo de cátedras magistrales que hemos denominado VISION RESTROSPECTIVA, ACTUAL Y PROSPECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, escogiendo para la ocasión un título futurista: TENDENCIA HACIA LA DESAPARICIÓN DEL PARALELISMO ENTRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DELICTUAL Y LA CONTRACTUAL. -UNA APROXIMACION A LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL FUTURO-

Hablaremos de la rama del Derecho que baila la danza que los tiempos le marcan; ajustándose a las épocas y circunstancias de cada país. Me refiero a la coqueta y seductora danzarina que nos envuelve en sus veleidades. Ella es la responsabilidad civil, a la que el maestro Louis Josserand consideraba la vedette del Derecho Civil, porque es perseguida por doquier. Durante el tiempo transcurrido desde su aparición en la humanidad nadie le ha arrebatado ese título, pero tampoco se lo han disputado ni siquiera con relativo éxito. No importa que fuera en Francia, Estados Unidos, en Inglaterra, aquí y en cualquier parte del mundo, ella sigue siendo la gran vedette.

Su razón de ser descansa en dos soportes fundamentales, que la mantienen no solamente viva, sino también actual, vigente y pretendida:

a) todo aquel que resulta ser responsable del daño causado está obligado a repararlo, y

b) cualquier daño causado no permitido por la Constitución o las leyes, o por el contrato en la medida en que sea válido, debe repararse.

La responsabilidad civil es una vigilante permanente de nuestro comportamiento, encargándose de ponerle precio a la convivencia en sociedad cuando a consecuencia ella se causa un daño a otro.

La existencia del daño o perjuicio es de la esencia misma de la responsabilidad civil; de ahí que algunos autores prefieren llamarla Derecho de Daños. Jamás ella existe si no hay un daño o perjuicio causado, pero ¿causado por quién?, ¿en cuáles circunstancias?

¿Cómo se determina esa persona responsable?

¿Qué se le exige a esa persona a fin de que pueda comprometer su responsabilidad civil?

¿Se requiere de la intervención directa de esa persona en la realización del daño?

¿Una vez establecido quién es causante del daño, solamente esa persona lo sería o arrastraría a otras?

¿Qué ocurre cuando varias personas resultan ser responsables del daño, en cuanto a las relaciones y obligaciones entre ellas?

Dar respuestas a esas interrogantes ha sido precisamente lo que ha mantenido viva a la responsabilidad civil, pues al final de lo que se trata es de dar cumplimiento al fin perseguido por ella.

LA CULPA O FALTA

No se discute que las grandes codificaciones del siglo XIX, como la napoleónica, alemana, austríaca y a las que éstas sirvieron de modelo, se fundamentaron en el principio consagrado en el aforismo latino: “casum sentit dominus”, según el cual el propietario corre con los riesgos que afectan a sus bienes. Era prácticamente la consagración del principio en materia de compraventa del “res perit domino” (la cosa perece para el propietario).

Solamente razones éticas (dice Juan Marcos Rivero Sánchez) así lo justificaban y se recurrió al concepto de abuso de libertad, pues sólo en los casos en que alguien hubiera causado a otro un daño actuando de manera culpable, se podía admitir su responsabilidad, y en consecuencia su obligación de repararlo. La idea era que la culpa o dolo del sujeto tornaba abusivo el ejercicio de la libertad. El gran jurista alemán, uno de los grandes del siglo XIX y exponente de primer orden de la Escuela Histórica del Derecho, Rudolf von Iehring proclamaba: No es el daño el que obliga al resarcimiento, sino la culpa”.

Ese mismo Iehring que decía en la Introducción de su obra La Lucha por el Derecho: “La expresión del Derecho encierra una antítesis que nace de esta idea, de la que es completamente inseparable: la lucha y la paz; la paz es término del Derecho, la lucha es el medio para alcanzarlo”. En otra parte de la misma obra nos dice: “El Derecho no es una idea lógica, sino una idea de fuerza; de ahí por qué la justicia, que sostiene en una mano la balanza donde pesa el Derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para hacerla efectivo. La espada, sin la balanza, es la fuerza bruta, y la balanza sin la espada, es el Derecho en su impotencia: se completan recíprocamente; y el Derecho no reina verdaderamente, más que en el caso en que la fuerza desplegada por la justicia para sostener la espada, iguale a la habilidad que emplea en manejar la balanza”.

No existe ninguna duda de que en el régimen del Código Civil el fundamento y la razón de ser del porqué se está obligado a reparar el daño se encuentra en la falta cometida. Algunos consideran que la culpa como criterio de imputación se basa en el deseo de proteger a la naciente industria de las consecuencias económicas que implicaría la admisión de criterios de imputación más estrictos, como sería el de la responsabilidad objetiva. No debemos olvidar que el Código Civil es una consecuencia de las ideas imperantes en la época de la Francia post revolucionaria. Que consagró el individualismo, el liberalismo y sobre esos principios se construyó la teoría de la autonomía de la voluntad, donde se consideraba que solamente el orden público y las buenas costumbres estaban por encima de la voluntad de las personas y que la ley, por ser la expresión de la voluntad popular era la única que podía ponerle límites a esa voluntad.

Sin embargo, a consecuencia de los fenómenos económicos, la tecnología, la ciencia médica, la concentración urbana de la población y el aumento de los riesgos, entre otros, el dominio de la falta como reina indiscutible de la fundamentación de la responsabilidad civil ha ido modernamente perdiendo terreno, observándose un avance hacia la responsabilidad objetiva, es decir, la que considera que el fundamento de la responsabilidad no es la falta, sino el daño mismo. Que se está obligado a reparar el daño, no porque se es culpable, sino porque ha ocurrido, porque se ha causado.

No hay dudas de que se ha producido un cambio de paradigma en la materia: de una responsabilidad subjetiva basada en la falta o culpa, lentamente, pero de manera constante, estamos pasando a una responsabilidad objetiva que considera que el fundamento de la responsabilidad civil es el daño, no la falta.

Podemos considerar el daño como el menoscabo o la lesión a un derecho o a un interés jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico establecido.

FUENTES DE LA R.C: LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y LA EXTRACONTRACTUAL O DELICTUAL O CUASIDELICTUAL

La obligación de reparar el daño causado, que constituye el objetivo de la acción en responsabilidad civil, desde el punto de vista de su fuente y siguiendo la clásica división establecida en el Código Civil, puede nacer:

– De un contrato, lo que se denomina responsabilidad contractual;

– Fuera del contrato, lo que se denomina la responsabilidad extracontractual o responsabilidad delictual o cuasidelictual.

De ahí que se hable del orden contractual y del orden extracontractual. La historia en la República Dominicana en esta materia se encuentra dominada por ese paralelismo entre esos dos órdenes de responsabilidad.

A) RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

Es aquella que nace a consecuencia del daño derivado del incumplimiento de una obligación derivada de un contrato. Prefiero hoy hablar de obligación derivada de un contrato a la de nacida de un contrato, para poder englobar la obligación de seguridad. Por lo tanto, si no hay contrato entre el autor del daño y la persona que lo sufre, no podemos hablar de responsabilidad civil contractual.

B) RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL O RESPONSABILIDAD DELICTUAL O CUASIDELICTUAL

Esta responsabilidad puede resultar del:

1) El hecho personal;

2) El hecho de otro;

3) De las cosas;

Hay categoría muy especial que entra en la categoría de responsabilidad extracontractual y que desde hace muchos años domina de manera preponderante la responsabilidad civil de la República Dominicana. Me estoy refiriendo al a la acción que tiene su nacimiento en un ilícito penal o infracción penal. Veamos algunos detalles:

RESPONSABILIDAD CIVIL Y RESPONSABILIDAD PENAL:

El hecho perjudicial cometido por una persona que perturba el orden social que la regla de derecho trata de mantener, alcanza unas veces a la sociedad, otras veces a una persona determinada y en ocasiones afecta a la vez a una y a otra.

Cuando el daño es ocasionado a la sociedad ésta se defiende haciendo que se castigue a su autor mediante las reglas de la responsabilidad penal. Este castigo o sanción será más o menos severo dependiendo del grado de perturbación social que produzca el hecho. De ahí que en nuestro derecho penal el grado de la pena dependa de la gravedad del hecho. Es de la esencia de la responsabilidad penal que ningún hecho pueda ser sancionado en ausencia de un texto legal que lo prohíba: “Nulla poena, nullum delictum sine lege previae”.

Cuando el daño es ocasionado a una persona determinada se dice que es un daño privado y engendra no un problema de responsabilidad penal, sino de responsabilidad civil; no se trata de castigar, sino solamente de reparar el daño a un particular. Mientras que la responsabilidad penal sanciona o castiga, en la responsabilidad civil no se mide el grado de culpabilidad del autor del daño, sino la importancia de ese daño. Es posible que una simple contravención cause más perjuicio a una persona que un crimen. Como en la responsabilidad civil no se trata de penar, sino de reparar, no se precisa que un texto legal prevea expresamente el perjuicio sufrido por la víctima para que ésta exija reparación.

Si el hecho es al mismo tiempo perjudicial para la sociedad y para un particular, su autor compromete al mismo tiempo su responsabilidad penal y su responsabilidad civil, tal es el caso del autor de un homicidio que la ley penal lo castiga con una pena criminal, pero también la ley civil lo obliga a reparar el perjuicio causado.

Como una derivación de la acción civil nacida en un ilícito penal nos encontramos con las disposiciones del Código Procesal Penal cuyo conocimiento es preciso conocer para obtener la reparación de los daños derivados de un ilícito penal. Las principales de esas son:

Art. 50. Ejercicio. Art. 50. Ejercicio. La acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados o para la restitución del objeto materia del hecho punible puede ser ejercida por todos aquellos que han sufrido por consecuencia de este daño, sus herederos y sus legatarios, contra el imputado y el civilmente responsable.

La acción civil puede ejercerse conjuntamente con la acción penal conforme a las reglas establecidas por este código, o intentarse separadamente ante los tribunales civiles, en cuyo caso se suspende su ejercicio hasta la conclusión del proceso penal. Cuando ya se ha iniciado ante los tribunales civiles, no se puede intentar la acción civil de manera accesoria por ante la jurisdicción penal. Sin embargo, la acción civil ejercida accesoriamente ante la jurisdicción penal puede ser desistida para ser reiniciada ante la jurisdicción civil.

Art. 345. Condena civil. Siempre que se haya demostrado la existencia del daño y la responsabilidad civil, cuando se ejerce la acción civil accesoria a la penal, la sentencia fija además la reparación de los daños y perjuicios causados y la forma en que deben ser satisfechas las respectivas obligaciones.

Art. 243. Embargo y otras medidas conservatorias. Para garantizar la reparación de los daños y perjuicios provocados por el hecho punible y el pago de las costas del procedimiento, las partes pueden formular al juez la solicitud de embargo, inscripción de hipoteca judicial u otras medidas conservatorias previstas por la ley civil.

Art. 297. Pretensiones del actor civil. Cuando se haya ejercido la acción civil, el ministerio público debe poner la acusación en conocimiento del actor civil, para que dentro del plazo de cinco días concrete sus pretensiones, indique la clase y forma de reparación que demanda y liquide el monto de los daños y perjuicios que estime haber sufrido hasta ese momento, sin perjuicio de ampliar las partidas por las consecuencias futuras. En esta misma oportunidad, debe ofrecer la prueba para el juicio conforme a las exigencias señaladas para la acusación.

Art. 154. Demora de la Suprema Corte de Justicia. Cuando la Suprema Corte de Justicia no resuelve un recurso dentro de los plazos establecidos por este código, se entiende que ha admitido la solución propuesta por el recurrente, salvo que sea desfavorable para el imputado, en cuyo caso se entiende que el recurso ha sido rechazado. Si existen recursos de varias partes, se admite la solución propuesta por el imputado.

Lo dispuesto en este artículo rige, sin perjuicio de la responsabilidad personal generada a cargo de los magistrados por mal desempeño de funciones.

El Estado debe indemnizar al querellante cuando ha perdido su recurso por este motivo, conforme lo previsto en este código.

Art. 255.- Revisión. Cuando, a causa de la revisión de la sentencia el condenado es absuelto o se le impone una pena menor debe ser indemnizado en razón del tiempo de privación de libertad o inhabilitación sufrida o por el tiempo sufrido en exceso. La multa o su exceso le es devuelta. En caso de revisión por aplicación de una ley o jurisprudencia posterior más benigna, en caso de amnistía o indulto, no se aplica la indemnización de que trata el presente artículo.

Art. 257.- Medidas de coerción. También corresponde esta indemnización cuando se declare que el hecho no existe, no reviste carácter penal o no se compruebe la participación del imputado, y éste ha sufrido prisión preventiva o arresto domiciliario durante el proceso.

Art. 258.- Obligación. El Estado está siempre obligado al pago de la indemnización, sin perjuicio de su derecho a repetir contra algún otro obligado. A tales fines, el juez o tribunal impone la obligación solidaria, total o parcial, a quienes hayan contribuido dolosamente o por culpa grave al error judicial.

En caso de medidas de coerción sufridas injustamente, el juez o tribunal puede imponer la obligación, total o parcialmente, al denunciante o al querellante que haya falseado los hechos o litigado con temeridad.

Ese paralelismo entre el Orden Contractual y el Orden Extracontractual ha dividido a la doctrina y a la jurisprudencia en lo relativo a si una vez que se encuentran reunidos los requisitos de uno u otro de esos órdenes la víctima tiene necesariamente que ejercer su acción en base a las reglas de una de ellas, o si por el contrario ella tiene el derecho de optar por una o por otra.

Desde el punto de vista práctico el asunto tiene importancia desde diferentes puntos de vista, pero de manera principal, en cuanto a) a la prescripción de la acción de la acción en responsabilidad civil, pues el plazo varía según el orden de que se trata; mientras en materia contractual la prescripción siempre será de dos años, en materia extracontractual hay una gama de plazos diferentes; y b) en cuanto a las convenciones de responsabilidad civil, pues solamente en materia contractual son admitidas.

Sin embargo, la tradicional jurisprudencia dominicana se mantiene firme en el sentido de que la responsabilidad delictual o cuasidelictual, consagrada en los Arts. 1382 del Código Civil es una disposición de orden público, común y aplicable a todos los órdenes de responsabilidad y que no puede ser descartada por las partes y que en consecuencia, ella se encuentra en estado subyacente en todo contrato. Y por lo tanto se tornan inaplicables las disposiciones de la responsabilidad civil contractual.

EL ROL DE LA JURISPRUDENCIA EN NUESTRO PAIS

El Derecho se nutre de las realidades de los pueblos se aplica, y por lo tanto no es tan solo el que se contiene en los textos, sino que existen realidades que no pueden ser desconocidas al momento de juzgar el comportamiento humano. De ahí que dentro de las fuentes del Derecho la jurisprudencia desempeña un papel preponderante, pues ella mantiene viva el Derecho porque en ningún país del mundo la legislación transita a la misma velocidad con que lo hace la sociedad.

En el antiguo derecho francés tanto la aplicación como la interpretación de la ley correspondía a los Parlamentos, los cuales dictaban decisiones que desbordaban los límites del apoderamiento del litigio que se les sometía, creando de esa manera las resoluciones o sentencias de reglamentos que al surtir efectos para el porvenir tenían fuerza de ley.

Los Parlamentos eran emanaciones del Rey y la autoridad de éste se consideraba como proveniente de Dios. De ahí la consabida expresión de Jacobo Bossuat de que “Dios es el verdadero rey pero establece a los reyes como ministros suyos y sus lugartenientes en la tierra. El príncipe es la imagen de Dios y su autoridad es absoluta. Los súbditos deben al príncipe entera obediencia”.

Una de las primeras medidas de la Revolución, influenciada por las doctrinas de Carlos de Secondat, barón de Montesquieu, quien había enunciado su famosa teoría sobre la separación de los poderes, fue la supresión de los Parlamentos, a fin de evitar la intromisión de lo judicial en lo político y en lo administrativo.

Los redactores del Código Civil, temerosos de que reviviera el poder de los Parlamentos, consagraron por un lado en el artículo 5 que: “Se prohíbe a los jueces fallar por vía de disposición general y reglamentaria las causas sujetas a su decisión”. Y por otro lado establecieron en el artículo 1351 que: “La autoridad de la cosa juzgada no tiene lugar sino respecto de lo que ha sido objeto de fallo. Es preciso que la cosa demandada sea la misma; que la demanda se funde sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes y formulada por ellas y contra ellas, con la misma cualidad”.

El carácter relativo de las sentencias, establecido por los artículos 5 y 1351 del Código Civil, ha sido reconocido por nuestra Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, cuando en sentencia de fecha 11 de agosto de 1986[i], dijo que las sentencias dictadas por ella solamente producen efectos respecto de las partes en causa y con relación a los procesos en que intervienen, y no constituyen preceptos constitucionales que se impongan al legislador y que nada se opone a que éste dicte leyes contrarias al criterio jurisprudencial.

Tal como lo expresa Josserand: “Las decisiones de las diversas jurisdicciones no tienen pues, autoridad, más que para el litigio con ocasión del cual se han dictado y queda prohibido al juez comprometer el porvenir; una cosa es el Poder Legislativo, que trabaja para una colectividad y para el tiempo futuro, y otra cosa es el Poder Judicial, que está encerrado en condiciones de espacio y de tiempo estrictamente medidos”.

El Poder Judicial tiene como misión principal aplicar, y en los casos de dificultad interpretar la regla de derecho, para lo cual dicta sentencias cuyo conjunto constituye la Jurisprudencia.

El legislador no puede prever todas las dificultades que puedan presentarse en la práctica a consecuencia de la aplicación de la ley. Es preciso que los encargados de aplicarla adapten ésta a la realidad.

Tal como lo reconoce Lewis Mayers, en su obra El Sistema Legal Norteamericano: “En su enorme volumen de cuerpo de disposiciones legales existentes, ya expresadas en forma de leyes o de jurisprudencia establecidas, todos los días surgen casos para los cuales no hay modo de encontrar una regla aplicable; y con la misma rapidez con que pueden formularse nuevas normas, la estructura siempre cambiante de las prácticas comerciales y de la tecnología crea continuamente la necesidad de otras nuevas”.

El poder de interpretación de la ley le es expresamente atribuido a los tribunales por el artículo 4 del Código Civil, a cuyo tenor el juez que rehusare juzgar, pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido como culpable de denegación de justicia.

Los tribunales, dentro de sus facultades de aplicar e interpretar la ley, desempeñan un mecanismo de control del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo.

Las sentencias de nuestros tribunales constituyen la más viva expresión de cuáles han sido los principios, valores, conceptos y criterios que han tomado en consideración los encargados de administrar justicia sobre los asuntos sometidos a su examen.

Y es que en materia tan casuística, como lo es la responsabilidad civil, no podemos soslayar el pasado ni las circunstancias en se pronunciaron los tribunales en la época en que les tocó decidir. Encontré unas expresiones de Diego A. de Santillán que me gustaron y que quiero compartir con ustedes:

“Al romper arbitrariamente los vínculos con la experiencia y el pensamiento del pasado, al querer hacer de nuestra pequeña persona algo así como un Cristóbal Colón del mundo en que el azar nos ha hecho nacer, nos tomamos una tarea gigantesca Y no llegamos por ese camino más que a descubrir un trecho insignificante. En cambio, si nos apoyásemos mucho más en la experiencia acumulada por las generaciones precedentes, ahorraríamos tanteos y ensayos y podríamos superar mucho más fácilmente obstáculos y vallas de otro modo infranqueables, porque la vida es demasiado breve para malgastarla en experimentos y tentativas que podrían ahorrarse con ventaja. Esto no quiere decir que hay que tener la vista fija únicamente en el pasado, en lo vivido, en lo pensado por los predecesores, pero como hay una continuidad biológica indestructible, debería haber también una continuidad en el campo de la cultura, unir el presente por mil vínculos, por mil hilos con el ayer, no para eludir esfuerzos, sino para disponer las propias fuerzas de una manera más eficiente con vistas a conquistas y enriquecimientos futuros y posibles. Un enano montado sobre los hombros de un gigante, puede ver más allá que el gigante. Nuestra generación, montada sobre la precedente, puede percibir un horizonte más amplio… Bienvenida, pues, toda tentativa para buscar vinculaciones con los grandes del pensamiento y de la investigación ya casi olvidados. Montados sobre sus hombros, quizás podamos ver más allá y mejor que ellos mismos”.

La facultad de crear jurisprudencia le deviene a los tribunales por la propia Constitución de la República que dispone en su artículo 149 lo siguiente:

“Artículo 149.- Poder Judicial. La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes.

Párrafo I.- La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley. El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.

Párrafo II.- Los tribunales no ejercerán más funciones que las que les atribuyan la Constitución y las leyes.

Párrafo III.- Toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes.

Por su parte el artículo 154, en su numeral 2, dice:

“Artículo 154.- Atribuciones. Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley:

2) Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley”.

Por su parte la Ley sobre Procedimiento de Casación num. 3726 de fecha 29 de diciembre de 1953, dice:

Art. 1.- La Suprema Corte de Justicia decide como Corte de Casación si la Ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial. Admite o desestima los medios en que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso del fondo del asunto.

Art. 2.- Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional.

La Ley núm. 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por las leyes núms. 156-97 y 242-11, reglamenta a manera legislativa todo lo que es el funcionamiento de ese tribunal y también las atribuciones de sus órganos jurisdiccionales. Los artículos 7, 8 y 9 establecen la competencia respectiva de cada una de lo que hoy son sus salas, según el artículo 152 de la Constitución de la República, y que antes se denominaban cámaras.

Me gusta la cita que hace el magistrado Guy Canivet, ex Primer Presidente de la Corte de Casación francesa, en una conferencia dictada en nuestro país el 28 de junio de 2004, cuando dijo: “Sin embargo, como lo notaba PORTALIS hace doscientos años de una manera tan brillante: “por completo que pueda parecer un código, tan pronto se le ha dado el último toque, miles de preguntas inesperadas se le presentan al magistrado. Pues las leyes, una vez redactadas, se mantienen tal como fueron escritas. Los hombres por el contrario no descansan jamás, siempre están activos, y ese movimiento que no se detiene y cuyos efectos están modificados de formas diversas por las circunstancias, produce, a cada instante, alguna nueva combinación, algún hecho nuevo, algún resultado nuevo”.

LA INFLUENCIA DE LA CONSITUTUCION DE 2010

Con la proclamación el 26 de enero de 2010 de la Constitución de la República ha nacido en nuestro país una Responsabilidad Civil surgida directamente de la Carta Magna.

Por eso es importante que digamos que por primera vez en la historia del país una Constitución hace mención de la palabra Responsabilidad Civil, y lo hace la del 26 de enero de 2010, en su Art. 148, cuando dispone:

“Artículo 148.- Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”.

A mi modo de ver, esta responsabilidad establecida por el Art. 148 se encuentra remitida a lo que dispone la ley en cuanto a los daños y perjuicios ocasionados tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Pero sí debemos destacar la solidaridad que se establece en contra de las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes, siempre que los daños y perjuicios causados sean la consecuencia de una actuación u omisión de carácter administrativa que tenga una característica antijurídica. No me parece ese artículo establezca una disposición per se de responsabilidad civil, sino que la misma se ha de establecer de conformidad con la ley.

Es relevante destacar que en nuestro país en algunos casos la reparación del daño se encuentra debidamente constitucionalizada, como son los casos contemplados en el art. 44, relativo al derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen; en el art. 53, relativo a los derechos al consumidor; y el art. 67, numeral 5, relativo a los daños al medio ambiente, que valga decir que se encuentran protegidos por una responsabilidad objetiva, es decir que no hay que probar la falta de quien los ocasione.

Todo lo anterior se enmarca en lo que se considera que es un Estado Social y Democrático de Derecho y de que la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

Y es que los Estados de esa naturaleza los derechos que se encuentran consagrados en su Constitución no pueden entenderse pura y simplemente como los simples derechos subjetivos. Algunos de esos derechos, aunque sin perder ese carácter, adquieren una dimensión mayor, pues para su ejercicio y eficacia requieren la intervención directa y protección del propio Estado, tal es el caso de los derechos fundamentales.

Dentro de ese concepto de Estado Social y Democrático de Derecho es que la Carta Magna consigna como derechos fundamentales los contenidos en Título II, Capítulo I, divididos en:

Derechos civiles y políticos (del 37 al 49); derechos económicos y sociales (del 50 al 63); derechos culturales y deportivos (del 64 al 65), y derechos colectivos y del medio ambiente (del 66 al 67).

También tenemos que destacar las garantías a los derechos fundamentales consagradas en el Capítulo II, del mismo título (Arts. del 68 al 73). Estas garantías comprenden: Tutela judicial efectiva y debido proceso; Hábeas data; Acción de hábeas corpus; Acción de amparo; y la Nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional.

Pero además, según el artículo 74 esos derechos y garantías fundamentales no tienen un carácter limitativo y no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza.

Basta con leer el catálogo de derechos y garantías establecidos en el Título II, Capítulos I y II para que observemos que no cabe vulneración alguna a esos derechos, sin la debida sanción de parte del propio Estado. Esto significa que cada en cada uno de esos derechos fundamentales se encuentra en estado subyacente la Responsabilidad Civil, de donde se deriva que cualquier daño derivado de la violación a uno de esos derechos implica la obligación de repararlo.

Bajo ese concepto, es preciso establecer que además de ese conjunto de derechos y garantías contenidos en nuestra normativa constitucional, con el mismo rango o carácter, debemos también considerar aquellos derechos y garantías consagrados en el bloque de constitucionalidad, tal como lo establece la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales y que se encuentra definido por dicha ley en su artículo 7, numeral 10), de la manera siguiente:

“Interdependencia. Los valores, principios y reglas contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos adoptados por los poderes públicos de la República Dominicana, conjuntamente con los derechos y garantías fundamentales de igual naturaleza a los expresamente contenidos en aquellos, integran el bloque de constitucionalidad que sirve de parámetro al control de la constitucionalidad y al cual está sujeto la validez formal y material de las normas infraconstitucionales”.

Si observamos detenidamente el contenido del bloque de constitucionalidad nos daremos cuenta de que el mismo se encuentra integrado por: a) los valores, principios y reglas contenidos en la Constitución de la República; b) los valores, principios y reglas contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos adoptados por los poderes públicos de nuestro país, y c) los derechos y garantías fundamentales de igual naturaleza que se encuentren contenidos en los tratados internacionales.

LA ACCIÓN EN RESPONSABILIDAD CIVIL ES UNA ACCIÓN CONSAGRADA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

No debemos olvidar lo que dispone el Art. 8 de la Constitución en cuanto a que es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

La acción en responsabilidad civil, que es la acción judicial que le confiere la Constitución de la República, la ley o el contrato a la víctima a fin de obtener del responsable la reparación del daño sufrido, es una acción que tiene la protección del Estado en virtud de lo que dispone el Art. 8 precitado. En principio, ella obedece a los mismos requisitos de fondo y de forma a que se encuentran sometidas las demás acciones judiciales.

Pero además, la Constitución ha constitucionalizado las garantías y el ejercicio de los derechos fundamentales, lo cual hace en su art. 68, al disponer que ella garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por ella y por la ley.

Con la vigencia de esa Constitución la tutela judicial efectiva se encuentra debidamente constitucionalizada, teniendo toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos el derecho a obtener la tutela judicial efectiva con apego al debido proceso, el cual se encuentra conformado por garantías mínimas que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Lo que significa que en todas las materias y en todas las jurisdicciones las reglas que dominan el debido proceso son aplicacables. Esas garantías mínimas que conforman el debido proceso, al tenor del art. 69 de la Constitución son las siguientes:

1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;

2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley;

3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;

4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa;

5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;

6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;

7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio:

8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;

9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia.

Me parece importante aclarar que esas garantías relativas a la tutela efectiva y debido proceso a que hace referencia el Art. 69 no se refieren exclusivamente a los derechos fundamentales contemplados en el Capítulo I, del Título II, es decir de los Arts. del 37 al 67, sino que al tenor de lo dispuesto por el numeral 10) del referido Art. 69 las normas del debido proceso se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

De lo anterior se deriva que si bien es cierto que la Constitución de manera expresa consagra la reparación de ciertos daños en casos de algunos derechos vulnerados, como los que hemos visto precedentemente a propósito de la derecho a la intimidad y al honor personal, a los derechos del consumidor, a los derechos difusos, no es menos cierto que la misma protección del Estado merecen los derechos que tienen otras fuentes, como los derivados de:

CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS

“Artículo 63

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

¿HACIA DONDE VA LA RESPONSABILIDAD CIVIL?

Parecería que todo se ha dicho en materia de Responsabilidad Civil. Que el futuro no nos traerá nuevos retos que no puedan ser afrontados con las herramientas legales y con la jurisprudencia, existentes. Sin embargo, la extraordinaria velocidad con que se desarrollan los acontecimientos nos conducen a pensar que apenas se está comenzando.

Tanto la globalización como la integración, los tratados de libre comercio y las normas comunitarias pueden constituir verdaderos atentados a la esencia misma de muchos de nuestros principios contenidos en la legislación adjetiva. Cada día más de nuestros países se ven precisados a renunciar, en aras de poderse insertar en un esquema de integración, a esos principios que en ocasiones fueron sostén de nuestro ordenamiento institucional. Este fenómeno se presenta no solamente en el ámbito del Derecho Internacional Público, sino también en el Derecho Internacional Privado.

Realmente, asistimos a un resquebrajamiento, a una erosión de la noción de soberanía, por lo menos como la concebíamos en el Estado Nación a partir del siglo XVII, noción de Estado que según Peter F. Drucker (La Sociedad Postcapitalista) fue inventada por el abogado francés Jean Bodin en el año 1576, en su libro Six livres de la Republique, se había convertido en el principal y a menudo único actor en el escenario político, así como en único órgano del poder político, interior y exterior, y a partir de la Revolución Francesa se convirtió además, en portador de la religión secular, de la fe en la salvación de la sociedad, pero que había terminado, luego de 400 años con la invasión de Kuwait por Irak en febrero de 1991.

El mismo Drucker nos dice que cada pocos siglos en la historia de Occidente se produce una súbita transformación. Que en el espacio de unas cuantas décadas, la sociedad se reestructura a sí misma; cambia su visión del mundo, sus valores básicos, su estructura política y social, sus artes y sus instituciones clave. Cincuenta años más tarde hay un nuevo mundo y quienes nacen entonces no pueden siquiera imaginar el mundo en el que vivieron sus abuelos y en el que nacieron sus padres. En estos momentos estamos viviendo una transformación así. Se está creando la sociedad postapitalista.

Hoy es preferible hablar de soberanía electrónica o de soberanía digital, donde la mayoría de los negocios se realizan en el ciberespacio y no en los territorios.

Para la tradicional responsabilidad civil, para que exista el daño reparable es preciso que se encuentren reunidos tres requisitos, que son: 1) el perjuicio debe ser cierto y actual; 2) el perjuicio no debe haber sido reparado y 3) el perjuicio debe ser personal y directo. Esto se justifica porque en la época de la redacción del Código Civil las ideas imperantes eran las del individualismo y liberalismo.

Sin embargo, auguro que esas tres barreras en las que se encuentra encerrada la responsabilidad civil clásica, no van a ser capaces de soportar una realidad social y económica que nos arropa en la actualidad y se incrementarán en el futuro y que tendrán que ceder poco a poco y permitir que la moderna responsabilidad civil logre rebasar sus fronteras presentes. No me atrevo a predecir los límites de ese desbordamiento, pero de que lo habrá, lo habrá. Y es que así lo demandan las complejidades de un mundo moderno, cada día más dinámico, las nuevas formas de hacer negocios, el outsoursing, los clúster, los nuevos mercados, los cambios económicos, las nuevas estrategias tendientes a reducir costos, las ciencias médicas, y en fin la propia globalización han producido un fenómeno que ha venido a diversificar y democratizar la producción de bienes y servicios, así como su distribución, comercialización y consumo. En la actualidad la fabricación de un en vehículo, por ejemplo, puede estar compuesto por partes fabricadas en Japón, Alemania, India, Estados Unidos y Taiwán y ensamblado en Brasil. Todos esos acontecimientos generan relaciones que crean lo que se denomina redes contractuales, consideradas por muchos como propias de la globalización de la economía y el comercio internacional, y que en cierta medida interactúan con el principio de la relatividad de las convenciones consagrado por el art. 1165 del Código Civil, según el cual las convenciones solamente surten efectos entre las partes contratantes.

Desde luego, para rebasar esas barreras que permiten el encierro del concepto tradicional de la responsabilidad civil es preciso que se complementen mecanismos de protección que permitan no un reemplazo de una persona a otra en cuanto a la reparación del daño, sino un desplazamiento hacia las consecuencias pecuniarias de la realización del daño, tal como sería el seguro de responsabilidad civil a favor de terceros, que les otorgue a éstos una acción directa contra el asegurador. No el seguro de responsabilidad civil general como lo conciben los aseguradores dominicanos, que es un instrumento de protección económico a favor del asegurado, lo que impide, salvo el caso del seguro obligatorio de vehículos de motor, que el que sufre el daño pueda dirigirse directamente contra el asegurador, pues en definitiva éste lo que hace es proteger el patrimonio del asegurado, quien asume el contrato de seguro no en beneficio de otro sino en su propio beneficio. En materia de seguro de responsabilidad hay casi un axioma que deriva en círculo vicioso, en el sentido de que mientras más acciones de responsabilidad se producen, más seguros de responsabilidad civil hay que contratar, pero mientras más seguros de responsabilidad civil existan, más acciones de responsabilidad civil se producen.

Una nueva categoría de derechos, considerados como de tercera generación, denominados derechos e intereses colectivos y difusos, han incursionado en el Derecho dominicano y por su propia naturaleza rompen con el concepto tradicional de a quién corresponde su ejercicio. Primero fue el Código Procesal Penal que establece que la acción civil puede ser ejercida por el ministerio público o por una organización no gubernamental especializada cuando se trate de infracciones que afecten intereses colectivos o difusos.

En la vigente concepción reinante en nuestro país en cuanto a la reparación del daño como fin de la acción en responsabilidad civil, la reparación del daño no puede derivar en un enriquecimiento para la víctima, pues el enriquecimiento sin causa constituye una de las fuentes de las obligaciones: el que se enriquece sin causa está obligado a la restitución de lo recibido. Esto se justifica porque el deber de resarcir no puede ser ni mayor ni menor que el daño real y efectivamente ocasionado[ii].

Sin embargo, en otros países, como en Estados Unidos la reparación del daño no solamente busca su resarcimiento, sino un castigo contra una persona, física o moral, por una conducta determinada. Lo que se persigue es a través de una condena civil sancionar como medida disuasiva, el daño que se causa. Son los llamados daños punitivos.

La literatura jurídica norteamericana es abundante en cuanto a las demandas en daños y perjuicios amparadas en los daños y perjuicios punitivos, muchas de las cuales han sido acogidas por los tribunales de ese país. Basta leer las obras clásicas de Gene Bowller, Joseph C. Goulden, Louis Nizer, Quentin Reynolds o John Crisham, quien en su obra El Jurado nos relata como Celeste Wood el jurado le otorgó dos millones de dólares en concepto de compensación por daños y perjuicios y la cantidad de cuatrocientos millones de dólares para que sirva como castigo ejemplar en contra de la demandada, una compañía tabacalera. Muchas de esas sentencias (debo aclarar que algunos ponen en duda su veracidad, pero de todas manera reflejan una realidad judicial en Estados Unidos de América) han dado lugar a concursos que otorgan premios anuales a las que se consideran más absurdas. Tal es el caso de los Stella Awards (Premios Stella), en honor a Stella Liebeck, la cual en 1992, teniendo 79 años de edad, sufrió un accidente en un McDonald’s al caérsele encima un café que había pedido, lo que le produjo en su cuerpo quemaduras diversas. Fue indemnizada con 2.9 millones de dólares. Desde entonces, en las tazas de café se advierte de que el contenido está muy caliente, y de su peligro.

En una de esas entregas (fue tomada del internet) se otorgaron siete premios a sentencias que parecerían inverosímiles en nuestro ordenamiento de responsabilidad civil. Esos siete premios fueron los siguientes:

“PREMIOS:

SEPTIMO PUESTO

Kathleen Robertson de Texas fue indemnizada con 780.000 dólares por un jurado tras romperse un tobillo después de tropezar y caerse por culpa de un niño que estaba corriendo en una tienda de cocinas. Los dueños de la tienda se sorprendieron al ser obligados a pagar dicha cantidad, más aún al saber que el niño que tan mal se había comportado era el hijo de la señora Robertson.

SEXTO PUESTO

Carl Truman de Los Ángeles y de 19 años, ganó 74.000 dólares más los gastos médicos cuando un conductor pasó por encima de su mano con el coche, un Honda Accord. Carl Truman no se dio cuenta de que había alguien al volante del coche cuando se puso a robarle los tapacubos.

QUINTO PUESTO

Terrence Dickson, de Pennsylvania, estaba abandonando una casa después de robarla, y decidió salir por el garaje. No fue capaz de salir por la puerta del garaje porque estaba rota, y al intentar volver a la casa se dio cuenta de que la puerta que conectaba ambas estancias era de un único sentido y no podía salir o volver a la casa. La familia estaba de vacaciones, y el señor Dickson estuvo encerrado en el garaje durante 8 días. Para sobrevivir, lo hizo a base de Pepsi y un enorme saco de comida para perros que encontró. Denunció al dueño de la casa por los daños morales sufridos por aquel incidente, y el jurado accedió a situar la indemnización del propietario al ladrón en 500.000 dólares.

CUARTO PUESTO

Kara Walton de Claymont, Delawere, denunció con éxito al propietario de un pub nocturno de la ciudad cuando ella se cayó desde la ventana del baño al suelo y se rompió los dientes contra el suelo. Esto ocurrió mientras la señorita Walton intentaba colarse por la ventana del baño de mujeres para no pagar la cuenta de 3,50 dólares. El propietario tuvo que pagarle 12.000 dólares y gastos dentales.

TERCER PUESTO

Un restaurante de Philadelphia tuvo que pagar 113.500 dólares a Amber Carson, después de que resbalara con un refresco y se rompiera el coxis. Dicho líquido estaba en el suelo porque ella se lo había lanzado a su novio media hora antes durante una pelea.

SEGUNDO PUESTO

Jerry Williams, de Arkansas, percibió 14,500 dólares más los gastos médicos después de ser mordido las nalgas por el perro de su vecino. El perro estaba en una jaula dentro del jardín de su propietario encerrado. La indemnización fue menor al percibir el jurado una cierta provocación en el hecho de que el señor Williams estuviera disparándole al perro desde arriba de la jaula con una pistola de bolas.

CAMPEON

Mr. Merv Grazinski, de Oklahoma City, en Noviembre de 2000 se compró una caravana marca Winnebago de las grandes (de las que son a la vez coche y caravana). En su primer viaje, estando en una autovía, seleccionó el dispositivo que fija una velocidad de crucero a 70 millas por hora (unos 120 km/h) y se fue a la parte de atrás a prepararse un café, con la caravana en marcha a semejante velocidad. No sorprende el hecho de que el camión/caravana siguiera recto y tomara la tangente en la primera curva y colisionara. Mr. Grazinski contrariado denunció a Winnebago por no advertirle en el manual de uso de que el programador de velocidad no es un piloto automático que toma curvas, frena cuando es necesario e incluso detiene el vehículo si preciso fuere. Por ello, fue recompensado con 1,750,000$ más una nueva caravana. Actualmente, Winnebago advierte de tal circunstancia en sus manuales, para el caso de que algún otro imbécil compre uno de sus vehículos.

Después de esto, ¿a quién le sorprende que en el cuestionario que te dan en el avión cuando vas a los EE.UU. te pregunten si vas a cometer un delito o un acto terrorista?”.

Se sostiene que el sistema basado sobre los daños y perjuicios punitivos no es más eficaz que la vía penal. LAMBERT-FAIVRE sostiene que si en una fase anterior a la realización del daño causado, la eventualidad de los daños y perjuicios punitivos será más disuasiva que la eventual sanción penal, sucesivamente al accidente la vía penal resulta más factible, puesto que no solamente el Estado sino también las partes pueden reclamar la acción penal. Por lo tanto la creación de los daños y perjuicios punitivos viene a ser criticada por esta doctrina que sostiene que si al ámbito penal pertenece la acción de punir, al ámbito civil pertenece la de reparar”.

Cada día más se hace más distante la separación entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual. Ese paralelismo ha ido desapareciendo, cediendo terreno a la reparación del daño, sin importar la fuente que le ha dado nacimiento.

El mundo en que vivimos hoy es un mundo donde los 7,000 millones de personas que pueblan la Tierra hablan alrededor de 7,000 lenguas. El 78% de la población mundial hablan las 85 lenguas mayoritarias, mientras que las 3,500 más minoritarias están repartidas entre apenas el 8,25 millones de hablantes. Mientras el inglés tiene 328 millones de hablantes nativos y el mandarín, 845, los hablantes de tuva residentes en Rusia suman solo 235,000. Los lingüistas pronostican que en el transcurso de este siglo podrían desaparecer casi la mitad de las lenguas vivas del mundo.[iii]

Antes se decía que el problema del agua era un problema de las futuras generaciones, pero hoy se considera que las cosas han cambiado, pues en la actualidad se calcula que más de 1,000 millones de personas no tienen acceso al agua. Que el cambio climático, con lluvias anormales de manera abundantes o escasas, el crecimiento demográfico y la aglomeración de personas en las urbes, sitúa al agua en el eje principal de los grandes problemas de la civilización. Pero el problema no solamente es para los países pobres, con grandes dificultades para desarrollar infraestructuras, sino a países con economías poderosas como Estados Unidos o China. En los Estados de Texas, Oklahoma o Colorado padecen sequía y ya no tienen dinero para traer más agua. Lo mismo ocurre en China, ya que la zona que más se ha industrializado es precisamente la más seca. Se considera que resolver el problema del acceso al agua requiere de una inversión que la ONU habla de por lo menos 50,000 millones de dólares anuales durante las próximas dos décadas que tendrían que repartirse en un 50% entre inversión privada y pública. Un inversionista español dice que la inversión en enorme y que el dinero se recupera en 25 años, por lo que es muy importante que el país tenga seguridad jurídica. [iv]

En la República Democrática del Congo, menos del 29% de la población rural tiene acceso al agua potable, y menos del 31% cuenta con servicios de saneamiento adecuados.[v]

Pero aquí en la República Dominicana, en razón de que cada día más nos exponemos al escrutinio de los demás, principalmente a través de las redes sociales y otras vías de comunicación, la responsabilidad civil derivada de los DERECHOS RELATIVOS AL HONOR, AL BUEN NOMBRE Y A LA PROPIA IMAGEN (ARTÍCULO 44); A LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR (ARTÍCULO 53) Y DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS Y DEL MEDIO AMBIENTE (ARTÍCULO 66 Y 67), tendrá una presencia muy activa en nuestros tribunales.

Pero además, la existencia de leyes especiales, presagian también esa tendencia, como las leyes especiales 33-07, Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; 41-08, Sobre la Función Pública; 491-06, de Aviación Civil de la República Dominicana; 358-05, General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario; 19-00, que regula el Mercado de Valores; 479-08, General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana. LEY 288-05 SOBRE LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA Y DE PROTECCIÓN AL TITULAR DE LA INFORMACIÓN. Ley No.126-02 de Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales. LEY 135-11 SOBRE VIH SIDA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. LEY DE ZONAS FINANCIERAS INTERNACIONALES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, NÚM. 480-08. LEY NO. 64-00 LEY GENERAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. LEY DE AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, No. 491-06.

Agreguémosle a lo anterior que luego de la Constitución de la República, proclamada el 26 de enero de 2010, en su a Art. 66 dispone que el Estado reconoce los derechos e intereses difusos, protegiendo: 1) la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora; 2) la protección del medio ambiente; y 3) la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico. Tanta importancia le ha atribuido la Constitución a esos derechos e intereses difusos que ha consagrado en su art. 72 que toda persona tiene derecho a una acción de amparo por ante los tribunales para garantizarlos. Pero también, de conformidad con el numeral 4 del art. 67 se impone una obligación de restablecer el medio ambiente a su estado natural, si éste resulta alterado a consecuencia del uso y explotación de los recursos naturales.

Les digo, que el Preámbulo de la actual Constitución de la República establece que la justicia es uno de los factores esenciales para la cohesión social. El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita es un derecho consagrado en ella, y por lo tanto las acciones que amparan ese derecho deben tener también una naturaleza constitucional. Nuestra Carta Magna, garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos frente a los sujetos obligados o a los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la ella y por la ley.

Me atrevo afirmar sin ningún tipo de reservas que el ejercicio de la acción derivada de esos derechos constituirá en un futuro no muy lejano el grueso de los casos de responsabilidad civil.

¿HACIA DONDE VA LA RESPONSABILIDAD CIVIL?

No hay que ser adivino para presagiar que en un futuro no muy lejano del ámbito de la Responsabilidad Civil desaparecerán sus diferentes fuentes y con ella el paralelismo entre el orden contractual y el orden extracontractual. Pero además que se consagrará como un principio la responsabilidad civil objetiva y el daño pasará a ser el sustituto de la culpa o falta. En materia contractual prevalecerá la obligación de seguridad, sobreponiéndose no solamente a la obligación de medios o diligencia, sino además a las obligaciones determinadas o de resultados.

¿Hacia dónde va la Responsabilidad Civil? Posiblemente tengamos que decir como aquel irlandés del cuento a quien, tras preguntársele el modo de llegar a Ballynahinch, se le oyó decir, no sin previa cavilación: “Si yo fuera usted, no partiría de aquí”.[vi]

Muchas gracias,

Jorge A. Subero Isa

20 de noviembre de 2010.-

[i] B. J. 909, pág. 1133.

[ii] Juan Marcos Rivero Sánchez, pág. 116.

[iii] Fuente Revista National Geographic, España, julio 2012.

[iv] Revista Capital, España, núm. 142, julio 2012, pág. 88 (en físico), para internet: www.capital.es.

[v] (Revista National Geographic, España, julio 2012).

[vi] (Guerra y Paz en el Siglo XXI, Eric Hobsbawm, pág. 122).

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