Contribución de la obligación de seguridad a la objetivación de la responsabilidad civil

Publicado por: admin Fecha: 15/04/2016 15:04:49 p.m. Comentarios: 0

Conferencia dictada por el Dr. Jorge A. Subero Isa en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Recinto Santo Tomás de Aquino (PUCMM-RSTA) por invitación del Comité de Estudiantes de Derechos (CED).

Leí en una ocasión que en la edición del año 1757 de El espíritu de las leyes, Montesquieu, en la advertencia del autor, dijo: «Yo he tenido ideas nuevas; ha habido necesidad por tanto de encontrar nuevas palabras o de dar a las antiguas nuevas significaciones.»

¡Yo me confieso un innovador! !Me gusta el presente!, y creo en un futuro mejor, aunque a veces estoy tentado a pensar como Andrés Oppenheimer, que en una de sus obras dice que parte del atraso de nuestra América se debe a la pasión necrológica de nuestros líderes políticos, pues siempre están pensando en los líderes del pasado. Pero como no soy líder, y gracias a Dios tampoco político, puedo referirme al pasado para defender el presente y el futuro.

Es así que recurro a lo que leí en una ocasión que había dicho Diego A. de Santillán, refiriéndose al pasado dijo, más o menos lo siguiente: Un enano montado sobre los hombros de un gigante, puede ver más allá que el gigante. Nuestra generación, montada sobre la precedente, puede percibir un horizonte más amplio. Bienvenida, pues, toda tentativa para buscar vinculaciones con los grandes del pensamiento y de la investigación ya casi olvidados. Montados sobre sus hombros, quizás podamos ver más allá y mejor que ellos mismos.

No voy a hablar de la responsabilidad de nuestros políticos por no cumplir con lo que prometen a los ciudadanos. No voy hablar de la responsabilidad de nuestros profesores de no educar a sus alumnos en los valores de integridad y valores éticos. No voy a hablar de la responsabilidad de los padres que descuidan sus deberes como tales frente a sus hijos. No voy a hablar de la responsabilidad de aquellos que nos entrujan en la cara sus riquezas pecaminosas, exhibiéndolas sin ningún pudor. No voy a hablar de la responsabilidad de hombres que por no tener el coraje de labrar la tierra, o de inaugurar su cerebro en obras productivas, recurren a la violencia contra su pareja. Finalmente, tampoco quiero hablar de la responsabilidad de aquellos que no encuentran solución a nuestros problemas porque de esos males han hecho y hacen su modus vivendi.

De lo que quiero hablar es de la responsabilidad civil, vigilante permanente de nuestro comportamiento, que se encarga de ponerle precio a nuestra convivencia en sociedad cuando a consecuencia de ella se causa un daño a otro.

Creo importante esbozar algunas ideas centrales, que expongo a continuación:

La primera vez que usé la expresión obligación de seguridad fue en un artículo que publiqué el 20 de noviembre de 1972, en el periódico El Nacional, con el título “Beisbol, boletos de entrada y responsabilidad civil” a consecuencia de un foul hacia atrás disparado por un bateador, durante la celebración de un juego de beisbol en el Estadio Quisqueya, alcanzando la pelota a una señora a quien le causó daños. El artículo me motivó porque el boleto de entrada contenía al dorso una leyenda que si mal no recuerdo decía que la liga de beisbol ni la administración del estadio eran responsables de los daños causados durante la celebración del partido. Mantuve en ese entonces que había de parte de los organizadores una obligación de seguridad. En los últimos años he venido sosteniendo que el destino final de la responsabilidad civil es la objetivación, contrario a la subjetivación; que el paralelismo existente entre los dos órdenes de la responsabilidad civil delictual o cuasidelictual y la contractual ha ido perdiendo importancia; y que estamos en pleno apogeo de la constitucionalización de la responsabilidad civil. Es lógico que la legislación no puede ir a la par que los fenómenos sociales que se presentan, razón por la cual la jurisprudencia desempeña un papel preponderante en cualquier país, pero mayormente en el nuestro, donde el núcleo de la responsabilidad general es el mismo del Código Civil del año 1804. He sostenido que a partir del año 1969 la Suprema Corte de Justicia ha venido construyendo en el ámbito de la responsabilidad civil derivada de los accidentes de vehículos de motor una responsabilidad civil netamente dominicana. De lo que se trata es de la obligación que tiene una persona, física o moral, de derecho público o privado, no tan solo de reparar el daño ocurrido, sino de evitar que el mismo ocurra. Hoy es el daño mismo el que nos obliga a su reparación. El problema surge cuando hay que establecer quién es el que debe la reparación. El Derecho se nutre de las realidades de los pueblos donde se aplica, y por lo tanto no es tan solo el contenido en los textos. Existen realidades que no pueden ser desconocidas al momento de juzgar el comportamiento humano. De ahí que dentro de las fuentes del Derecho la jurisprudencia desempeña un papel preponderante. Ella lo mantiene vivo y actualizado a través de la interpretación, porque en ningún país la legislación transita a la misma velocidad con que lo hace la realidad social.

En su origen era la falta o culpa cometida la que nos hacía responsables de reparar o indemnizar el daño causado. Era la responsabilidad subjetiva, la que para su existencia requiere probar la falta contra el responsable de causar el daño.

A pesar del tiempo transcurrido esa idea de falta domina toda nuestra responsabilidad civil, principalmente la extracontractual.

No existe ninguna duda de que en el régimen del Código Civil el fundamento y la razón de ser del porqué se está obligado a reparar el daño se encuentra en la falta cometida. Algunos consideran que la culpa como criterio de imputación se basa en el deseo de proteger a la naciente industria de las consecuencias económicas que implicaría la admisión de criterios de imputación más estrictos, como sería el de la responsabilidad objetiva. No debemos olvidar que el Código Civil es una consecuencia de las ideas imperantes en la época de la Francia post revolucionaria. Que consagró el individualismo, el liberalismo y sobre esos principios se construyó la teoría de la autonomía de la voluntad, donde se consideraba que solamente el orden público y las buenas costumbres estaban por encima de la voluntad de las personas, y que la ley, por ser la expresión de la voluntad popular, era la única que podía ponerle límites a esa voluntad. Pero es preciso agregar que esa voluntad aun dentro de esos límites, cuando era excedida o abusada y causaba un daño, obligaba a su reparación. Algunos hablaban del abuso de libertad.

En la actualidad la situación es diferente, no en todos los casos se exige de la prueba de la falta o culpa para que haya responsabilidad civil. Estamos en un proceso de responsabilidad objetiva, que es aquella en que la falta del responsable se presume, o bien no se requiere.

El Derecho no es igual a las figuras geométricas. Un triángulo isósceles será siempre un triángulo cuyos tres lados son iguales; si tan solo uno de esos lados cambia, entonces ya dejaría de ser un triángulo isósceles y se convertiría en otra figura geométrica.

A consecuencia de los fenómenos económicos, la tecnología, la ciencia médica, la concentración urbana de la población y el aumento de los riesgos, entre otros, el dominio de la falta como reina indiscutible de la fundamentación de la responsabilidad civil ha ido modernamente perdiendo terreno, observándose un avance hacia la responsabilidad objetiva, es decir, la que considera que el fundamento de la responsabilidad no es la falta, sino el daño mismo. Que se está obligado a reparar el daño, no porque se es culpable, sino porque ha ocurrido, porque se ha causado.

Lo que efectivamente caracteriza esta responsabilidad objetiva es que libera al demandante de tener que probar la falta en que ha incurrido el demandado. Esa falta o bien se presume, o bien no se exige. Existe tanto en el ámbito delictual o cuasidelictual, como en el contractual. Pero además, el demandado en responsabilidad objetiva no se libera probando que él no incurrió en falta. Solo lo hace cuando prueba una causa ajena liberatoria.

Una pregunta que requiere respuesta es: ¿cómo llegó la jurisprudencia dominicana a acoger una doctrina jurisprudencial de tanta importancia como la de la responsabilidad objetiva? ¡Seamos justos! ¡No siempre hemos seguido los patrones extranjeros! ¡Muchas veces hemos innovado!

Pues bien, para eso la jurisprudencia dominicana ha recurrido a tres mecanismos, que son: a) ingeniosas interpretaciones de las causas liberatorias de responsabilidad civil, endureciéndolas, (falta de la víctima, hecho de un tercero y caso fortuito o fuerza mayor); b) descubriendo presunciones que benefician al demandado y perjudican al demandado, y c) adhiriéndose a la corriente de la obligación de seguridad en el ámbito contractual.

De esos tres mecanismos a que ha recurrido nuestra jurisprudencia para llegar a la responsabilidad civil objetiva solamente me referiré a la última, porque la vida moderna nos obliga cada vez más a contratar con otras personas, creando de esa manera obligaciones, que dado su naturaleza pecuniaria engendran el sentimiento egoísta de nuestro espíritu, como lo es el dinero. Vamos creando redes contractuales que generan responsabilidad civil. En nuestros días ya no basta que una parte contratante demande de su contraparte el cumplimiento de su obligación contractual, sino que demanda además las consecuencias económicas que se derivan de ese incumplimiento contractual, ejerciendo la correspondiente acción en reparación de daños y perjuicios. Estoy hablando de comprometer la responsabilidad contractual.

No es ocioso recordar que la responsabilidad civil contractual es aquella que nace a consecuencia del daño derivado del incumplimiento de una obligación derivada de un contrato. Por lo tanto, si no hay contrato entre el autor del daño y la persona que lo sufre, no podemos hablar de responsabilidad civil contractual. Prefiero hoy hablar de obligación derivada de un contrato y no a la nacida de un contrato, para poder englobar la obligación de seguridad. Aquí encontramos el germen de la obligación de seguridad.

Como he indicado con otras palabras anteriormente, un paso importante hacia la objetivación de la responsabilidad civil es la labor de la jurisprudencia al imponer en ocasiones a las partes contratantes obligaciones que ellas no han convenido ni de manera expresa ni tácita, y que al no cumplirse o al cumplirse defectuosamente comprometen la responsabilidad contractual del autor del daño. Estas obligaciones denominadas frecuentemente obligaciones accesorias son adicionadas por la jurisprudencia principalmente en los contratos de adhesión, ya que los tribunales interpretando la voluntad de los contratantes incluyen en esos contratos cláusulas accesorias que la parte más fuerte no aceptaría, pero que benefician a la parte más débil.

Pero la labor de la jurisprudencia no se ha limitado a poner a cargo de las partes, bajo la denominación de obligaciones accesorias, obligaciones que ellas no han convenido, sino que en ocasiones les imprime un carácter de obligaciones determinadas con lo que la víctima se beneficia de la prueba, porque es sabido que en las obligaciones determinadas (o de resultado) a la víctima le basta con establecer que no se han obtenido los resultados esperados, teniendo que probar la otra parte una de las causas eximentes de responsabilidad. Tal es el caso del contrato de transporte en el cual nuestra jurisprudencia considera que existe una obligación determinada consistente en llevar al pasajero sano y salvo al lugar de su destino.

Como obligación accesoria de algunos contratos, la jurisprudencia ha creado una categoría de obligación determinada o resultado, la denominada obligación de seguridad, obligación esta que parece haberse estado gestando en nuestra jurisprudencia del máximo tribunal judicial desde el año 2008.

Una importante sentencia relativa al tema lo es la dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 25 de enero de 2012, cuando al evaluar la obligación de un hotel frente a su cliente, dijo que el servicio de estacionamiento gratuito es una obligación accesoria y complementaria del hotel, de donde se genera para este establecimiento la obligación de custodia y guarda del vehículo del cliente, pues este asume y confía que el hotel adoptará las medidas y precauciones necesarias para alcanzar ese fin, principalmente cuando se considera que el uso del estacionamiento ha sido un factor importante para la contratación de la prestación principal del contrato de hospedaje.

De esa decisión quiero destacar la importancia que tiene la oferta de estacionamiento como parte de las facilidades del hotel, pues es un argumento fundamental que la sentencia tomó en consideración. Realmente no se puede hablar de un estacionamiento gratuito, pues es parte de las facilidades ofrecidas por el hotel y que se encuentran dentro del contrato.

También sobre la responsabilidad hotelera, la misma sala, complementa su criterio del 25 de enero de 2012, cuando el 7 de marzo de mismo año, nos dice que la prestación principal del hotel derivada del contrato consiste en el alojamiento, servicio de comidas, suministro de bebidas y diversos tipos de entretenimiento o esparcimiento. Todo independientemente de la obligación de seguridad, la cual la concibe de la manera siguiente:

“… la obligación de seguridad representa un deber anexo a la obligación principal del contrato, en este caso, de hospedaje, que se incorpora al mismo con identidad propia y en interés de preservar la integridad física y los bienes de los concurrentes a este tipo de establecimientos, por lo que su existencia no puede quedar fuera del marco de control especializado y profesional de los servicios contratados;”

Sobre la no existencia en nuestro ordenamiento jurídico de la obligación de seguridad, en esa sentencia se establece:

Considerando, que si bien es cierto que en nuestro ordenamiento jurídico no se encuentra establecida de manera expresa la obligación de seguridad, no es menos cierto que es criterio doctrinal que la obligación accesoria y subyacente de seguridad se presenta en todos aquellos contratos en que el acreedor físicamente queda bajo el control temporal de su deudor, como sucede en los casos en que una persona entrega su seguridad física, a una persona física o moral, con el fin de que esta última ejecute en su beneficio cierta prestación, como por ejemplo, transporte, alojamiento, o distracciones, y es en ese sentido que se fundamenta la obligación de seguridad, es decir, con la obligación, cuidado y atención que el deudor de la obligación debe brindar al usuario del servicio. (Resaltado Jasi)

En el mismo sentido, se pronunció la misma sala en su sentencia del 16 de mayo de 2012.

Guardando coherencia con las decisiones de la Primera Sala, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia dijo el 19 de diciembre de 2012:

“Considerando: que está a cargo del hotel la obligación de proveer los medios necesarios para garantizar la seguridad de las personas que acuden a su establecimiento, para el uso y disfrute de sus instalaciones; por lo que, resulta correcto y conforme a derecho apreciar, conforme a los hechos y circunstancias retenidas, que el deceso de Bienvenido Peralta se produjo a consecuencia de una falta atribuida exclusivamente al hotel, y no a la víctima, al estar el salvavidas ausente de su puesto de vigilancia en el momento en que se produjo el accidente.”

O la sentencia del mismo órgano del 4 de diciembre de 2013, cuando dice:

Considerando: que, contrariamente a lo alegado por la recurrente, el examen de la sentencia impugnada revela que la Corte A-qua, con el propósito de determinar la responsabilidad de la entidad recurrente, Unigas, S. A., en ocasión del incendio ocurrido en su establecimiento, tomó en consideración que la misma no aportó los elementos probatorios suficientes que dieran lugar a comprobar que real y efectivamente la misma contaba con el personal y los equipos suficientes para evitar la propagación del incendio que ocasionó los daños cuya reparación se reclama.

Creo importante resaltar que un instrumento de tránsito hacia la responsabilidad objetiva lo constituye la regla “res ipsa loquitur” (la cosa habla por sí misma), según la cual tiene aplicación cuando en determinadas circunstancias la falta no se ha podido establecer contra el demandado, recurriendo la doctrina y jurisprudencia extranjera a aplicar la regla “res ipsa loquitur”, según la cual son las circunstancias las que determinan la existencia del daño en aquellos caos en los cuales no es posible establecer cuál fue la causa que generó el daño, infiriéndose que ha sido por una falta imputable al demandado.

Es conveniente resaltar la Constitución de la República del año 2010 consagró la responsabilidad objetiva en cuanto a los daños al medio ambiente, y igualmente que en los últimos años se han dictado en nuestro país leyes que consagran la responsabilidad objetiva, como por ej. Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ley num. 358-05, Ley General de Protección a los Derechos de los Consumidores; Ley núm. 491-06, de Aviación Civil de la República Dominicana.

Según mi criterio estamos en materia de responsabilidad civil en un punto sin retorno. Cada día más se acelera el proceso hacia la objetivación de la responsabilidad civil, donde como hemos visto, la obligación de seguridad desempeña un papel importantísimo.

Muchas gracias,
Dr. Jorge A. Subero Isa
Santo Domingo, D. N.
31 de marzo de 2016.-

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