La constitucionalización de la Responsabilidad Civil en la República Dominicana

Publicado por: admin Fecha: 05/10/2013 15:10:02 p.m. Comentarios: 0

Dr. Jorge A. Subero Isa
Universidad Católica de Santo Domingo
21 de marzo de 2013.-

Toda sociedad requiere para su funcionamiento de la existencia de un orden, el cual en la sociedad humana se establece a través de las normas, unas de conductas y otras legales. Sobre esas normas cada persona conoce o debe conocer sus propios derechos y a la vez la contrapartida que suponen esos derechos que son los deberes que tiene para con los demás. El límite de uno es el inicio del derecho de los demás.

Juan Jacobo Rousseau, publicó en el año 1762 su célebre obra El Contrato Social, donde planteó: “la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a la comunidad entera, porque, primeramente, dándose por completo cada uno de los asociados, la condición es igual para todos; y siendo igual, ninguno tiene interés en hacerla onerosa para los demás”.

Hernán Gustavo Drab, que a mi modo de ver recoge fielmente el concepto de Juan Jacobo Rousseau, dice:

“Existe un contrato social al que todos nos sometemos y entendemos que debemos vivir en comunidad con todo lo que ello conlleva, que es restringir nuestra propia libertad a fin de respetar el derecho del otro. Por tanto, en pos de esa convivencia pacífica, es necesario establecer un mínimo de límites a fin de posibilitar el ejercicio y goce de los derechos”

Desde el inicio de la humanidad ya estaba latente la idea de que el daño causado debía ser reparado. Por eso es que la Ley del Talión se consideró como uno de los grandes avances de la sociedad, pues ya no se le permitía a la víctima disponer antojadizamente de la forma de reparación del daño, sino que había una especie de norma en el sentido de que la reparación del daño debía estar en proporción con el daño causado: “ojo por ojo; diente por diente”.

Hemos ido evolucionando hasta alcanzar hoy en día un estadio en el que la responsabilidad civil se encuentra dominada por dos grandes principios fundamentales, que son:

a) Todo aquel que resulta ser responsable del daño causado está obligado a repararlo, y

b) Cualquier daño causado sin estar permitido por la Constitución, o por las leyes o por el acuerdo de voluntades de las partes en la medida en que es permitido, debe repararse.

En principio, todo nuestro sistema de responsabilidad civil se encuentra fundamentado en la idea de culpa o falta. Lo que significa que se requiere de la existencia y de la prueba de la culpa o de la falta para que una persona comprometa su responsabilidad civil. Sin embargo, cada día más se extiende la tendencia de no exigir la culpa o falta como fundamento de la responsabilidad civil y en cambio recurrir a la ocurrencia del daño y en consecuencia su obligación de repararlo. La tendencia es la responsabilidad objetiva y no la responsabilidad subjetiva.

Cuando la Constitución dispone que procede la reparación del daño, ninguna ley puede eliminar esa reparación ni condicionarla, pues a esto se opone su artículo 6 relativo a la supremacía de la Constitución. Es lo que ocurre con los daños causados al medio ambiente, previsto por el artículo 67, numerales 4 y 5 y con los derechos del consumidor, consagrados en el artículo 53.

La reparación o el resarcimiento del daño puede tener dos funciones, una que es la compensación por los daños y perjuicios sufridos, y la otra un carácter disuasivo tanto en cuanto a los demás como con respecto al autor mismo del daño. Ambos lo pensarían dos veces antes de acometer el daño. En este último concepto se apoya más el llamado daño punitivo existente en los Estados Unidos de América.

Hubo una época en que la mayor preocupación de la humanidad era lograr mecanismos de respeto a los derechos humanos, principalmente los relativos a la libertad y la igualdad. De ahí surgieron las grandes revoluciones libertarias del siglo XVIII, hasta alcanzar lo que en una etapa fue el mayor logro, consistente en el establecimiento de un estado legislativo de derecho. Posteriormente se hizo necesario rebasar esa etapa y abogar por el establecimiento de un Estado Constitucional de Derecho hasta llegar a un Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana no ha escapado a ese proceso evolutivo.

La República Dominicana de hoy es un país diferente al de hace algunos años. Por primera vez en nuestro país, en un texto constitucional se consagra un preámbulo y en éste se destaca que entre los factores esenciales de la cohesión social se encuentran la libertad, la igualdad, el imperio de la ley y la justicia. Pero me parece oportuno aclarar que cuando se habla de imperio de la ley, no se refiere al concepto de ley como se entendía en la época posterior a la Revolución Francesa, es decir, a los principios dominantes durante el Estado Legislativo de Derecho, donde la ley primaba, incluso, por encima de la Constitución. En el contexto en que se utiliza en el Preámbulo el término imperio de la ley es al de la Supremacía de la Constitución previsto en su artículo 6.

Y es que hoy en vez de hablar de una soberanía simplemente territorial, es preferible hablar de soberanía electrónica o de soberanía digital, donde la mayoría de los negocios se realizan en el ciberespacio y no en los territorios.

Es así que el artículo 7 de la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010 dispone:

“Artículo 7.- Estado Social y Democrático de Derecho. La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”.

En estados de esa naturaleza los derechos que se encuentran consagrados en su Constitución no pueden entenderse pura y simplemente como simples derechos subjetivos. Algunos de esos derechos, aunque sin perder ese carácter, adquieren una dimensión mayor, pues para su ejercicio y eficacia requieren la intervención directa y protección del propio Estado, tal es el caso de los derechos fundamentales.

Es en consonancia con lo anterior que nuestra Constitución dispone en su artículo 8 que la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

De ese Estado Social y Democrático de Derecho se deriva que por primera vez en la historia del país una Constitución hace mención de la expresión Responsabilidad Civil, y lo hace la del 26 de enero de 2010, en su Art. 148, cuando dispone:

“Artículo 148.- Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”.

A mi modo de ver, esta responsabilidad establecida por el Art. 148 se encuentra remitida a lo que dispone la ley en cuanto a los daños y perjuicios ocasionados tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. Pero sí debemos destacar la solidaridad que se establece en contra de las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes, siempre que los daños y perjuicios causados sean la consecuencia de una actuación u omisión de carácter administrativa que tenga una característica antijurídica. No me parece que ese artículo establezca una disposición per se de responsabilidad civil, sino que la misma se ha de establecer de conformidad con la ley.

Dentro de ese concepto de Estado Social y Democrático de Derecho es que la Carta Magna consigna como derechos fundamentales los contenidos en el Título II, Capítulo I, divididos en:

Derechos civiles y políticos (Arts. del 37 al 49); derechos económicos y sociales (del 50 al 63); derechos culturales y deportivos (Arts. del 64 al 65), y derechos colectivos y del medio ambiente (Arts. del 66 al 67).

También tenemos que destacar las garantías a los derechos fundamentales consagradas en el Capítulo II, del mismo título (Arts. del 68 al 73). Estas garantías comprenden: Tutela judicial efectiva y debido proceso; Hábeas data; Acción de hábeas corpus; Acción de amparo; y la Nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional.

Pero además, según el artículo 74 esos derechos y garantías fundamentales no tienen un carácter limitativo y no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza.

El debido proceso consagrado por la Constitución de la República ejerce una influencia tan grande en todo lo que es procedimiento que su observación impide que el actor civil pueda ser demandado y condenado reconvencionalmente durante el proceso abierto en ocasión de un ilícito penal, en razón de que la acción civil que se puede llevar por ante la jurisdicción represiva es la que tiene su origen en un hecho punible, lo que implica un juzgamiento por ese hecho, aunque no necesariamente una condenación, pues es posible que el imputado sea declarado no culpable penalmente y sin embargo condenado civilmente.[1] En la demanda reconvencional en el sistema establecido por el Código de Procedimiento Civil lo que ocurre es que el demandante originario se convierte en demandado y el demandado originario se convierte en demandante.

Basta con leer el catálogo de derechos y garantías establecidos en el Título II, Capítulos I y II para que observemos que no cabe vulneración alguna a esos derechos, sin la debida sanción de parte del propio Estado. Esto significa que en cada uno de esos derechos fundamentales se encuentra en estado subyacente la responsabilidad civil, de donde se deriva que cualquier daño consecuencia de la violación a uno de esos derechos implica la obligación de repararlo.

Es de suma importancia tomar en consideración que en la República Dominicana al amparo de esa Constitución en algunos casos la reparación del daño se encuentra expresamente establecida, lo que significa que la obligación de reparar el daño está debidamente constitucionalizada, como son por ejemplo: los casos contemplados en el Artículo 37, relativo al derecho a la vida; el Artículo 42, relativo a la integridad personal; el artículo 44, relativo al derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen; en el artículo 53, relativo a los derechos al consumidor; y el artículo 67, numeral 5, relativo a los daños al medio ambiente y a los recursos naturales. Pero más aún más, las dos últimas disposiciones constitucionales, es decir las relativas a los derechos del consumidor y a los daños al medio ambiente y recursos naturales consagran una responsabilidad objetiva, es decir que no hay que probar la falta de quien la comete, bastaría con probar el daño.

Veamos:

“Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

Artículo 42.- Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia:

1) Ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica;

2) Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas.

El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer;

3) Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida.

“Artículo 44.- Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto:

1) El hogar, el domicilio y todo recinto privado de la persona son inviolables, salvo en los casos que sean ordenados, de conformidad con la ley, por autoridad judicial competente o en caso de flagrante delito;

2) Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos;

3) Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formatos físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Sólo podrán ser ocupados, interceptados o registrados, por orden de una autoridad judicial competente, mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación con el correspondiente proceso. Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la ley;

4) El manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución y castigo del crimen, sólo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos, a partir de que haya intervenido una apertura a juicio, de conformidad con la ley”.

“Artículo 53.- Derechos del consumidor. Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley”.

“Artículo 66.- Derechos colectivos y difusos. El Estado reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia protege:

1) La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora;

2) La protección del medio ambiente;

3) La preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico.

“Artículo 67.- Protección del medio ambiente. Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia:

1) Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza;

2) Se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia, comercialización, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares y de agroquímicos vedados internacionalmente, además de residuos nucleares, desechos tóxicos y peligrosos;

3) El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías y energías alternativas no contaminantes;

4) En los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se otorguen que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considerará incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la tecnología y su transferencia, así como de restablecer el ambiente a su estado natural, si éste resulta alterado;

5) Los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre”.

“Artículo 148. Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”.

Bajo ese concepto, es preciso establecer que además de ese conjunto de derechos y garantías contenidos en nuestra normativa constitucional, con el mismo rango o carácter, debemos también considerar aquellos derechos y garantías consagrados en el bloque de constitucionalidad, tal como lo establece la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales y que se encuentra definido por dicha ley en su artículo 7, numeral 10), de la manera siguiente:

“Interdependencia. Los valores, principios y reglas contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos adoptados por los poderes públicos de la República Dominicana, conjuntamente con los derechos y garantías fundamentales de igual naturaleza a los expresamente contenidos en aquellos, integran el bloque de constitucionalidad que sirve de parámetro al control de la constitucionalidad y al cual está sujeto la validez formal y material de las normas infraconstitucionales”.

Si observamos detenidamente el contenido del bloque de constitucionalidad nos daremos cuenta de que el mismo se encuentra integrado por: a) los valores, principios y reglas contenidos en la Constitución de la República; b) los valores, principios y reglas contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos adoptados por los poderes públicos de nuestro país, y c) los derechos y garantías fundamentales de igual naturaleza que se encuentren contenidos en los tratados internacionales.

Anteriormente en el año 2003, mediante Resolución núm. 1920-2003 del 13 de noviembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia había establecido las disposiciones que integraban el bloque de constitucionalidad de nuestro país, lo que hizo en el atendido siguiente:

“Atendido, a que la República Dominicana, tiene sistema constitucional integrado por disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas esenciales: a) la nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia constitucional local tanto la dictada, mediante el control difuso como por el concentrado, y b) la internacional, compuesta por los pactos y convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; fuentes normativas que en su conjunto, conforme a la mejor doctrina, integran lo que se ha denominado, el bloque de constitucionalidad, al cual está sujeta la validez formal y material de toda legislación adjetiva o secundaria”.

De todo lo anterior se deriva que todos los derechos consagrados en la Constitución, bloque de constitucionalidad, las leyes y las convenciones entre las partes en la medida en que lo permitan las leyes, de donde resultare un daño no permitido por éstos son susceptibles de ser reparados por el responsable.

Para los fines de la presente conferencia nos limitaremos a comentar la responsabilidad civil que se deriva de los daños causados por la violación de determinados derechos consagrados en las disposiciones anteriormente mencionadas. Específicamente vamos a referirnos, siempre con la limitación de tiempo que nos demanda esta clase de actos a los derechos establecidos en el artículo 37: derecho a la vida; artículo 42: derecho a la integridad personal, derechos relativos al honor, al buen nombre y a la propia imagen; artículo 53: derechos del consumidor, y artículos 66 y 67: derechos e intereses colectivos y difusos y del medio ambiente.

DERECHO A LA VIDA. (ARTÍCULO 37).

Artículo 37.- Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.

Posiblemente de todos derechos humanos el más protegido y garantizado y que ha originado mayores protestas, reclamos y revoluciones en la humanidad ha sido el derecho a la vida, protegido en nuestra Constitución desde la concepción hasta la muerte, consignándose de manera expresa la prohibición de que se estableciera la pena de muerte en contra de cualquier persona.

Como una consecuencia de ese derecho a la vida a que se refiere el artículo 37 de nuestra Carta Magna resulta el derecho a la integridad personal, consagrado por el artículo 42 de dicho texto, disponiendo su enunciado que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia y que tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas.

De lo anterior resulta que todo daño o perjuicio resultante de una violación al derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, moral o de cualquier violencia, no solamente tiene la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación, sino que tiene derecho a ser resarcida por el causante del daño, ya se trate de una persona física o moral; de derecho público o de derecho privado.

En otras palabras, de todos los derechos contenidos en el catálogo del artículo 42 de la Constitución de la República que al ser violado cause un daño es susceptible de reparación por parte del responsable. Obviamente que tratándose de responsabilidad civil no basta con la verificación o comprobación de su violación, sino que hace falta además, la ocurrencia del daño.

DERECHOS RELATIVOS AL HONOR, AL BUEN NOMBRE Y A LA PROPIA IMAGEN (ART. 44)

El Artículo 44 de la Constitución dice lo siguiente:

Artículo 44.- Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley.

A pesar de que el Art. 44 de la Constitución no se refiere a la dignidad humana no cabe duda de que ella se encuentra también asociada a los preceptos relativos al honor, a la intimidad, a la privacidad, al buen nombre y a la propia imagen. Pero sí lo hace el Art. 38 cuando hace de ella uno de los fundamentos del Estado mismo.

Vale la pena aclarar que el legislador está facultado para establecer ciertas restricciones a ese derecho a la intimidad, como las derivadas de que el hogar, el domicilio y todo recinto privado de la persona cuando sean ordenados, de conformidad con la ley, por autoridad judicial competente o en caso de flagrante delito. O cuando la autoridad competente disponga la interceptación de los registros de correspondencia, documentos o mensaje privados en formatos digital, electrónico o de todo otro tipo, así como el secreto de las comunicaciones.

De todo lo anterior resulta que para sea reparado el daño de conformidad con la ley y sobre la base del mandato constitucional de la disposición del artículo 44 basta con que el que lo sufre establezca que se ha violado su derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre y a la propia imagen, y además que a consecuencia de esa violación haya sufrido un daño, para que sea reparado de conformidad con el mandato de la ley.

Ese artículo 44 tiene tanta importancia que constituye una limitación a una de las principales libertades como es la establecida en el Artículo 49 que consagra la libertad de expresión e información que dispone que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa, pues el párrafo de este último establece que “El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público”.

Esos derechos se encuentran protegidos también por convenciones internacionales como son, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948, dice en su Art. 12 lo siguiente:

“Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

La Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José, del año 1969 de la cual la República Dominicana no solamente es signataria, sino que ella forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad, dice en su Art. 11:

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad

“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Por su parte nuestra legislación interna, de manera principal en el Código Penal, tal como fue modificado por la Ley núm. 24-97, contiene las disposiciones que protegen esos derechos. Lo mismo podemos decir de la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR (ART. 53)

En cuanto a los derechos del consumidor establecidos por el Artículo 53 de la Constitución de la República:

“Artículo 53.- Derechos del consumidor. Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley”.

A mi modo de ver esa responsabilidad consagrada por el artículo 53 de la Constitución de la República establece, al igual que lo hace con respecto a los derechos relativos al medio ambiente y recursos naturales en su artículo 67, numerales 4 y 5, una responsabilidad objetiva, ya que la última parte dispone el derecho que tienen las personas lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, a ser compensadas o indemnizadas. Compensación o indemnización que debe ser establecida de conformidad con la ley. A la persona perjudicada le bastará con probar que a consecuencia de un bien o servicio de mala calidad sufrió un daño, consistente en una lesión o perjuicio.

La Ley núm. 358-05, Ley General de Protección a los Derechos de los Consumidores, constituye a nivel legislativo nuestra principal norma de protección a los derechos del consumidor.

DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS Y DIFUSOS Y DEL MEDIO AMBIENTE

La Constitución de la República dispone en su Art. 66 lo siguiente:

“Artículo 66.- Derechos colectivos y difusos. El Estado reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia protege:

1) La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora;

2) La protección del medio ambiente;

3) La preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico”.

La doctrina, la jurisprudencia e incluso la propia legislación de los países no están de acuerdo en cuanto a adoptar un concepto claro de la diferencia que existe entre derechos e intereses colectivos y difusos. Si podemos hacer un intento para entender por difusos aquellos derechos o intereses que están difundidos para el uso o consumo de todos, mientras que los derechos o intereses colectivos son aquellos que están destinados para ser usados o consumidos por colectividades determinadas.

En nuestro país, desde el punto de vista constitucional la distinción no tiene mayor importancia práctica, pues ambos conceptos están establecidos sin ninguna diferenciación por la Constitución. La diferencia pudiera existir en cuanto a que en cualquier concepción ellos no se refieren a los derechos individuales, es decir que no tienen un solo titular.

Lo que sí es importante decir que esos derechos se ejercen en las condiciones y con las limitaciones establecidas en la ley. Y vale la pena recordar que en nuestro país, salvo algunas disposiciones del Código Procesal Penal, no existe ninguna ley que específicamente reglamente su ejercicio, aunque sí contamos la Ley núm. 64-00 General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

MEDIO AMBIENTE

La propia Constitución en el enunciado del artículo 67 dispone lo siguiente:

“Artículo 67.- Protección del medio ambiente. Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones”.[2]

La Constitución le atribuye tanta importancia al medio ambiente que su Art. 72 consagra una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, para garantizar los derechos e intereses colectivos o difusos. De la misma manera cualquier persona puede demandar por vía directa la inconstitucionalidad de una norma jurídica contraria al medio ambiente y los recursos naturales en razón de que tratándose de derechos o intereses difusos su calidad de parte interesada le deviene directamente de la propia Constitución.

A mi modo de ver, dentro de los derechos e intereses colectivos o difusos a que hacen referencia los Artículos 66 y 67, tenemos que englobar también los derivados de los recursos naturales (Art. 14), recursos hídricos (Art. 15), áreas protegidas (Art. 16) y Aprovechamiento de los recursos naturales (Art. 17).

Como hemos visto anteriormente, el artículo 67, numeral 4) de la Constitución de la República, consagra en su parte final la obligación de reparar en especie o en naturaleza el daño causado al medio ambiente, en los contratos celebrados o en los permisos otorgados por el Estado que involucren el uso y explotación de los recursos naturales.

A nivel legislativo nuestro principal instrumento lo constituye la ley núm. 64-00, Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual a pesar de haber sido puesta en vigencia cuando no existía la actual Constitución, recoge en cuanto a la responsabilidad objetiva, lo preceptuado por la vigente Constitución. Es así como esa disposición legal dispone en su artículo 169 lo siguiente:

“Artículo 169.- Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que cause daño al medio ambiente o a los recursos naturales, tendrá responsabilidad objetiva por los daños que pueda ocasionar, de conformidad con la presente ley y las disposiciones legales complementarias. Asimismo estará obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo conforme a la ley”.

PARA LA PROTECCION Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS POR LA CONSTITUCION ELLA ORGANIZA LA ACCION JUDICIAL Y LA REPARACION DEL DAÑO.

La acción en responsabilidad civil, como todas las acciones judiciales, tiene un carácter constitucional, pues en virtud de lo que dispone la primera parte del artículo 69 de la Constitución toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos debe obtener la tutela judicial efectiva de parte del Estado, tutela que se encuentra constituida por diez garantías mínimas que conforman el debido proceso. Pero además, el artículo 8 de la Constitución establece que es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de las personas.

La acción en responsabilidad civil, que es la acción judicial que le confiere la Constitución de la República, la ley o el contrato a la víctima a fin de obtener del responsable la reparación del daño sufrido, es una acción que tiene la protección del Estado en virtud de lo que disponen los artículos 8 y 69 precitados. En principio, esa acción en responsabilidad civil obedece a los mismos requisitos de fondo y de forma a que se encuentran sometidas las demás acciones judiciales como los establecidos en el artículo 69 de la Constitución a cuyo tenor “Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación:

1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita;

2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley;

3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable;

4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa;

5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa;

6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo;

7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio:

8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley;

9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia.

Me parece importante aclarar que esas garantías relativas a la tutela efectiva y debido proceso a que hace referencia el Art. 69 no se refieren exclusivamente a los derechos fundamentales contemplados en el Capítulo I, del Título II, es decir de los artículos del 37 al 67, sino que al tenor de lo dispuesto por el numeral 10) del referido Art. 69 las normas del debido proceso se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

De lo anterior se deriva que si bien es cierto que la Constitución de manera expresa consagra la reparación de ciertos daños en caso de algunos derechos vulnerados, como los que hemos visto precedentemente a propósito de la derecho a la vida, la intimidad y al honor personal, a los derechos del consumidor, a los derechos difusos, no es menos cierto que la misma protección del Estado merecen los derechos que tienen otras fuentes.

Es importante poner de relieve que la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 63 dispone el derecho que tiene toda persona lesionada en el goce de sus derechos o libertades conculcados a ejercer las acciones correspondientes con la finalidad de que se reparen los daños que la vulneración a esos derechos les han ocasionado así como el pago de una justa indemnización.

Finalmente resulta importante destacar que bajo ninguna circunstancia la acción en responsabilidad civil persigue una reparación que vaya más allá de los daños efectivamente causados ya sea a consecuencia de un lucro emergente o de un lucro cesante, pues admitir lo contrario sería reconocer que las acciones judiciales pueden tener como propósito un enriquecimiento sin causa justificada, con lo cual no solamente se desnaturalizaría la finalidad de la acción en responsabilidad civil sino que también constituiría una violación a la propia ley que sirve de amparo a las acciones judiciales.
Muchas gracias,

Dr. Jorge A. Subero Isa
21 de marzo de 2013.-
Santo Domingo, D. N.

[1] En ese sentido, véase www.jorgesuberoisa.com, sección Blog.

[2] Ver artículo 67 de la Constitución in extenso ut supra.

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