Jorge A. Subero Isa
Uno de los grandes desprendimientos del ser humano consiste en ofrecer a los demás los conocimientos que haya adquirido, siendo la docencia la vía más efectiva para lograr ese objetivo. Transmitir los conocimientos acumulados implica un método y sistema organizados que solamente la docencia puede ofrecer. Para eso se requiere de conocimientos, pero también de aptitudes y actitudes que presuponen un compromiso con los demás y con la sociedad.
Todos aspiramos a vivir y tener un mejor país, pero si queremos lograrlo tenemos que plantearnos, sin olvidar nuestro pasado histórico como referente, la reorientación de la enseñanza de determinadas profesiones en procura de mejorar los niveles educacionales de todos los dominicanos, como vehículo imprescindible para lograr el conocimiento, única forma de cambiar nuestra forma de pensar y actuar, y elevar nuestra estima como nación. A esto no escapa la enseñanza del Derecho.
En las aulas es común ver que el vínculo existente entre alumno y profesor se encuentra cubierto de gran autoritarismo, donde el proceso de enseñanza pasa a ser burocrático y formalista, lo que posteriormente provocará el mismo distanciamiento entre el profesional y su comunidad, así como la perpetuidad de las prácticas llenas de rituales y formalismos innecesarios que no resultan beneficiosos ni para una buena administración de justicia ni para el propio aprendizaje del profesional del Derecho.
La educación superior no es más que la manifestación de la educación primaria de un país determinado. Es quimérico pensar que podemos lograr que la educación superior sea de mejor calidad que la educación primaria. Debemos privilegiar un sistema educativo que de manera general, pero muy especialmente en el campo de las ciencias jurídicas, incentive y aumente las destrezas y habilidades para el entendimiento, manejo adecuado y óptimo de las nuevas tecnologías; que nos conduzcan a un aprendizaje que nos permita comprender los cambios que se están produciendo en la sociedad, cada día más sometida a las influencias e injerencias extranjeras, donde las relaciones internacionales han ido creando un Nuevo Orden Mundial. Es preciso que el nuevo profesional del Derecho tenga la conciencia necesaria de la importancia de la protección al medio ambiente y a los recursos naturales. Es preciso que se establezca un vínculo entre el aula y la comunidad, asociando a profesores, padres, estudiantes y organizaciones para que asuman sus responsabilidades cívicas y culturales, dentro del concepto de la educación comunitaria o educación democrática.
Pero además, el docente de hoy y del mañana debe estar inspirado en los principios éticos y de integridad que sirvan de salvaguarda a los valores que nos permitan subsistir como sociedad civilizada.
La conciencia sobre la educación y la importancia de los conocimientos como instrumentos para el desarrollo del país fueron motores impulsadores que permitieron que desde el mismo momento en que ocupé la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se manifestara mi preocupación constante de que el país contara con una judicatura capacitada como una forma de preservar su independencia, partiendo del criterio de que en la medida en que el juez fuese más capacitado mayor sería su independencia, y, manteniendo el vínculo con la academia por la convicción de que en la medida de que también nuestros profesionales del derecho fueran mejores la sociedad sería mejor. A pesar del tiempo transcurrido desde que los teléfonos se discaban, hasta la pantalla touch screen, la vocación y el compromiso con la academia se mantienen. La tecnología puede cambiar, pero mi compromiso con la docencia se mantiene invariable.
Es importante que todos tengamos la convicción de que la sociedad dominicana está demandando un cambio de rumbo en la enseñanza del Derecho en nuestras universidades.
Prácticamente en todas las sociedades la necesidad del buen vivir impone primero normas de comportamiento que muchas veces después se convierten en normas obligatorias, impulsando finalmente a centros especializados a proceder a su estudio y valoración. De esto se deriva que regularmente las propias relaciones humanas se adelantan a las reglamentaciones legales, y éstas a su vez se adelantan a ser objeto de estudio en las academias.
Estudios revelan que el plan de estudios de derecho en Latinoamérica está, en general, predominantemente orientado hacia la entrega sistemática de información. Esa información es relativa a las normas formalmente vigentes y está centrado en las disciplinas y en los principales códigos, más que en las instituciones[1].
No se observa un currículum que considere suficientemente los aspectos éticos o sociales del fenómeno jurídico. El currículum es deficitario en lo relativo a las destrezas requeridas por la profesión. No existe, en general, un desarrollo amplio en la enseñanza de técnicas de litigación, métodos alternativos de resolución de conflictos o destrezas asociadas a la oralidad. La ciencia legal latinoamericana es deductiva y sistemática, predominantemente normativa y carente de orientación empírica o sociológica (del tipo law and society o law and economics). Se observa ausencia en la formación de destrezas y valores asociados a la ética de la profesión[2].
Continuando con el método de enseñanza y haciendo una especie de levantamiento de las zonas críticas en este proceso de formación, debemos resaltar el desuso del razonamiento, pasando a primer plano la retención de memoria de los datos que suministra el profesor, se olvida de este modo la importancia de la investigación bibliográfica y de la buena redacción.
Se critica que la metodología de enseñanza predominante en la región es la “clase magistral” en que el profesor expone sistemáticamente la información. No hay, de manera predominante, estudios o análisis de casos o jurisprudencia. El método de casos es virtualmente inexistente. Sin embargo, durante algunos años impartí en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) la asignatura “Análisis de Textos Jurídicos” que permanece hoy en día en el pensum, donde con el estudiante el objetivo consistía en lograr que el mismo analizara no solamente los textos jurídicos, sino también las propias sentencias de los tribunales nacionales y extranjeros, a fin de establecer comparaciones sobre la base de la crítica. El estudiante afianzaba sus conocimientos a través de casos prácticos, distinguiendo los hechos, el derecho, los planteamientos de las partes y sus argumentos y el valor del dispositivo de las decisiones judiciales. Hay un predominio del papel expositivo, central y autoritario del profesor. El debate en la sala de clases es sustituido por las preguntas de los alumnos relativas a la exposición del profesor. Estas características de la metodología de la enseñanza se relacionan, con toda seguridad, con los orígenes del sistema legal latinoamericano; con el centralismo propio de la cultura de la región; y con la debilidad de la profesión académica que es, por su parte, un resultado de la escasez de recursos del sistema educacional[3].
Actualmente en la República Dominicana, no presenciamos una actualización firme y acorde con las tendencias más novedosas en la enseñanza del derecho, los intentos tímidos y vagos que han hecho diferentes facultades de derecho no han sido del todo exitosos y el principal obstáculo en este sentido ha sido encontrar los profesionales capacitados en las nuevas áreas del derecho que a la vez se encuentren en disposición de impartir docencia. A esto se une que el profesor no recibe una remuneración que le permita holgadamente dedicarse casi con exclusividad a la docencia, con énfasis en lo que modernamente se denomina I + D, sin mencionar el arcaico sistema de evaluación del estudiante para las pruebas de ciclos, que ha llevado a más de un profesor calificado y con vocación a desertar de las aulas. Las más prestigiosas universidades del mundo tienen en su nómina un equipo fijo de profesores dedicados con exclusividad a la docencia y a la investigación.
Hoy en día encontramos novísimas áreas y/o disciplinas del derecho que cada vez más, pasan a formar parte de la actividad jurídica diaria del mundo actual, y no sólo hablo de las actualizaciones como tal, como por ejemplo en el derecho procesal penal, en el derecho inmobiliario, en el derecho administrativo, etc., hablo de áreas como derecho de la competencia, análisis económico del derecho, derecho de las nuevas tecnologías, derecho del turismo, derecho de los deportes, derecho comunitario, derecho internacional de la integración, derecho ambiental, derecho de minería, así como cualquier otra rama del derecho que se encuentre avanzando a grandes pasos y cobrando importancia en la vida actual de las sociedades.
La situación de República Dominicana con respecto a la formación jurídica es muy similar en Latinoamérica, la masificación de abogados y la multiplicación de Facultades de Derecho es un elemento común en la región, que ha afectado la profesión.
Según datos de la Conferencia Regional de Educación Superior de 2008, auspiciada por la UNESCO, 209 millones de personas en la región son pobres y la brecha digital agudiza este subdesarrollo. En este escenario se desarrolla la educación superior de la región donde la matrícula universitaria se ha incrementado en un 14.6%, lo que ha permitido pasar al 30% de tasa de cobertura. La inversión en educación ha disminuido y era para ese entonces 20 veces menos que en países desarrollados, teniendo en cuenta que en ciencia, tecnología, investigación y desarrollo tampoco se han dado avances.
La sociedad actual requiere un mayor compromiso de sus abogados a fin de que estos se conviertan en verdaderos agentes de cambios de viejas estructuras y prácticas legales que no van en consonancia con los avances de un mundo en plena ebullición. El profesional del Derecho no es visto con buenos ojos por esta sociedad y su deterioro de imagen resulta preocupante, pues con ella se conduce al desprestigio. Creo que se requiere de un mayor compromiso institucional que se encuentre cargado de inequívocos principios de integridad y principios éticos.
Así encontramos que el origen de este escenario no es solamente una situación de moral, ética y valores, sino que también tiene un aspecto importante que involucra la enseñanza de la profesión en las aulas universitarias, donde se forman los actores antes de entrar a ser parte del conglomerado que constituye la administración de justicia, así entendemos que hay un camino por recorrer en el ámbito de la enseñanza universitaria, donde también tenemos un excelente escenario para que quienes enseñen esta digna profesión sean individuos de calidad moral y ética probada en su carrera y en su vida personal, siendo un ejemplo para quienes reciben la enseñanza y con esto estaríamos aportando no solamente a un gremio profesional, sino también a una sociedad donde es palpable la falta de valores.
La sociología, primero, y la economía, después, ocuparon el lugar de los intelectuales que los juristas habían desempeñado casi sin oposición durante el siglo XIX. El fenómeno, como es sabido, culminó con un intento de reformar la enseñanza del derecho consistente en asemejar las disciplinas jurídicas a esas otras disciplinas que aparentaban mayor seguridad metodológica y teórica que el derecho. Las escuelas de derecho olvidaron así el carácter práctico de la disciplina de que se ocupan, y pretendieron, desoyendo el viejo consejo de Aristóteles, demostrar allí donde sólo cabía persuadir[4].
Todos tenemos que plantearnos como un reto para el futuro inmediato, la reorientación del país en procura de mejorar los niveles educacionales de todos los dominicanos, como vehículo imprescindible para lograr el conocimiento, única forma de cambiar nuestra forma de pensar y actuar, y elevar nuestra autoestima como nación.
Repito lo dicho más arriba, la educación superior, no es más que la manifestación de la educación primaria de un país determinado. Resulta casi imposible, lograr que la educación superior sea de mejor calidad que la educación primaria. Pero en definitiva, en el caso dominicano, tanto una como la otra entran dentro del concepto general de la necesidad de su mejoría.
Hoy como ayer, el país necesita y requiere de un Estado de Derecho fuerte, idóneo y confiable, que se convierta en un verdadero muro de contención contra la corrupción en todas sus manifestaciones, el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y otros delitos que por su magnitud atentan contra la paz planetaria; pero ese Estado de Derecho sólo se puede alcanzar cuando gobernantes y gobernados tengamos la debida conciencia de la importancia de la educación.
La sociedad dominicana demanda de la puesta en vigencia de todo un sistema educativo que se manifieste mediante un proceso que incentive y aumente nuestras destrezas y habilidades para el entendimiento, manejo adecuado y óptimo de las nuevas tecnologías, que conduzca a un aprendizaje que nos permita comprender los cambios que se están produciendo en una sociedad globalizada, donde las relaciones internacionales han ido creando un Nuevo Orden Mundial, que nos conciencie a preservar nuestro medio ambiente y recursos naturales, y que se cree un vínculo entre el aula y la comunidad, asociando a profesores, padres, estudiantes y organizaciones locales para que asuman sus responsabilidades cívicas y culturales dentro del concepto de la educación comunitaria o educación democrática.
Este es un país que necesita realmente muchos maestros para tener mejor educación, y a través de ella, como vía, alcanzar el desarrollo social, político y económico deseado por las grandes poblaciones, principalmente por las grandes poblaciones desposeídas, las carentes de todas las posibilidades y todas las oportunidades, y por qué no, a quienes la realidad chocante de un medio ambiente hostil le niega el acceso a la justicia y el acceso a justicia.
Uno de nuestros buenos técnicos en materia educativa, el ingeniero Ramón Flores, en un artículo publicado dice lo siguiente: “La educación es la respuesta a muchos problemas. Pero desarrollar sistemas de calidad, donde todos quepan, sean protegidos y aprendan, es el mayor reto que cualquier sociedad enfrenta. No hay caminos fáciles ni bañaderos mágicos. Se necesitan recursos, compromisos, propósitos, disciplinas y trabajo duro”.
“Estudie un centro educativo de calidad, sigue diciendo el ingeniero Flores, y encontrará autoridad clara, normas que se acatan; currículos que guían; horarios y calendarios que se cumplen; profesores que saben, dan y exigen; y estudiantes que sudan la piel para aprender”. (Ramón Flores, Diario Libre, 14 de septiembre de 2013, pág. 13).
La formación del profesional del derecho debe ser una preocupación constante, constituir un estilo de vida. El abogado debe preocuparse por estar formado para enfrentar los retos que día a día le presenta un mundo que exige respuestas claras a los avances científicos y tecnológicos que requieren de un marco legal y jurídico consistente y seguro[5].
El mismo Ing. Flores nos dice en otra parte de su artículo que “En un mundo donde la socialización del conocimiento es la base de sobrevivencia y la equidad, para el sistema educativo dominicano el saber no es un gran tema. Y palabras como disciplina y trabajo dura suenan a herejías. En ese dejar hacer, no se reclama al padre por el hijo que a la escuela; ni a la escuela por los resultados académicos de sus alumnos y las continuas interrupciones que exponen a niños y adolescentes a los crecientes riesgos de la calle; ni a las autoridades por tolerar un desorden institucional que cuenta y bloquea; ni a las universidades por el facilismo en el otorgamiento de certificados y títulos”. (Ídem).
El papel entonces del abogado del siglo XXI es responder a esa necesidad social y asumir una postura de profesional consciente de sus deberes, con un conocimiento profundo de derecho. Los abogados deben ser profesionales a los cuales los ciudadanos puedan confiarles sus problemas familiares o sus bienes con la certeza de que estarán bien dirigidos y de que serán manejados por un profesional que actúa apegado a los valores éticos[6].
Es mucho lo que se espera de las actuaciones de los profesionales del derecho. Hablamos siempre de la importante responsabilidad del médico que tiene en sus manos la vida de sus pacientes; pero el abogado tiene la responsabilidad de los bienes, de la seguridad familiar y económica, de lo que depende en gran medida la vida de sus clientes. Un verdadero jurista no sólo debe consagrarse al estudio y la práctica del derecho, sino que también debe estar atado a un ideal de justicia[7].
Si mejora la calidad de los abogados, no sólo se garantiza el contar con un actor de mayor calidad dentro del sistema, sino que la judicatura misma se beneficia directamente, puesto que todo juez es primero abogado y por tanto, en la medida en que los abogados lleguen a la judicatura con una mejor y más sólida formación, mayores posibilidades habrá de que sean mejores jueces y mejores oportunidades tendrá la Escuela Nacional de la Judicatura para formarlos[8].
Queda claro entonces, que los abogados no deben verse como entes pasivos dentro del proceso de reforma judicial. Deben jugar un rol eminentemente activo, no sólo sirviendo como efectivos evaluadores de los distintos procesos de reforma que atañen directamente a los demás actores del sistema judicial, sino también protagonizando sus propios procesos internos de reforma para garantizar ponerse a tono con los tiempos que corren[9].
En ocasión del Día del Poder Judicial, celebrado el 7 de enero de 2005, cuando ocupaba la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, manifesté que quizás nuestra debilidad institucional esté unida a nuestra ancestral debilidad en el sistema educativo.
En su informe que sobre el estado de la educación presentó el 3 de marzo de 1846 el Presidente de la República Pedro Santana, expresaba que la ley sobre instrucción pública no ha producido todo el éxito que se debía esperar debido a la escasez de fondo de que adolecen la mayor parte de las cajas comunales. En sentido parecido se expresa Tomás Bobadilla, ministro de educación en la Primera República.
Cuatro años después de nuestra Independencia, el mismo Presidente Santana, en su mensaje al Congreso Nacional el 31 de enero de 1848 dice en su mensaje al Congreso Nacional el 31 de enero de 1848, que la instrucción pública se encuentra en un estado de decadencia por varios motivos, y uno de ellos es la falta de preceptores.
Parece ser que la única gran reforma registrada en la educación de nuestro país fue la iniciada por Eugenio María de Hostos, quien al fundar junto a Gregorio Luperón el 5 de marzo de 1876 La Educadora, que al decir de Emilio Rodríguez Demorizi, era una sociedad destinada a popularizar las ideas del derecho individual y público, el conocimiento de las constituciones, dominicana, norteamericana, latinoamericanas, y los principios económicos = sociales; en resumen: educar al pueblo.
Señores, en cualquier periodo de la historia y sin importar el país, la educación se encuentra determinada y condicionada por factores políticos, económicos, sociales y culturales. Principalmente por el factor político, pues resulta demasiado evidente que la educación se encuentra unida a las políticas que sobre la materia tengan los gobernantes de turno.
Dice Felipe Alejandro Gardella que cuando los liberales argentinos a fines del siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, establecieron la educación primaria obligatoria, no se cuestionaron que como resultado de esa política se clausuraría el ciclo de “democracia ilustrada” que ellos habían iniciado.
De Sarmiento dice dicho autor, que éste no desconocía que la educación del soberano y la política de inmigración darían nacimiento al más formidable enemigo de la élite que él mismo representaba: la apertura del mercado del conocimiento. De Alberdi, dice Gardella, que no consideraba suficiente el establecimiento de la educación pública y obligatoria, que proponía, además, un cambio de base cultural que permitiera desligar a la sociedad criolla de cierta herencia hispánica favorable a privilegio, y adquirir la cultura meritocrática anglosajona.
El concepto de Alberdi parece que se encuentra en el pensamiento del expresidente de Colombia Ernesto Samper Pizano, quien dice que el rechazo de España a recibir en el Nuevo Mundo a migrantes de otras religiones cerró la posibilidad de que llegaran a estas tierras especies distintas a españoles y portugueses, quienes, en el norte, sentaron cimientos de una sociedad mucho más diversificada y democrática en sus orígenes. España actuaba como potencia, mientras la Gran Bretaña se comportaba como nación, sigue diciendo Samper.
Es esperanzador que nuestro Jefe de Estado haya suscrito el pasado mes de noviembre la Declaración de San José, fruto de la XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, donde la temática Educar para Progresar se establecieron principios básicos, que de llevarse a la práctica, cambiarían el rumbo de nuestro pensamiento de política educativa.
En efecto, en esa Cumbre se dijo que la educación es un derecho humano fundamental e inalienable, que tiene por objeto el pleno desarrollo de las personas y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales; es instrumento fundamental para preservar el desarrollo la equidad; que sólo una educación democrática, accesible y de calidad es la base fundamental para lograr un desarrollo sostenibles, elevar la productividad, aprovechar el avance científico y tecnológico, reforzar las identidades culturales y consolidar los valores de convivencia democrática, pacífica y solidaria para reducir la pobreza y la brecha social.
Nuevos vientos políticos mueven nuestras palmeras gubernamentales y esperamos que la conciencia nacional sea sacudida con la fuerza de un huracán a fin de transformar nuestra estructura educativa. Es en este ambiente que se aprobó la ley núm. 1-12, del 25 de enero de 2012, en virtud de lo que dispone el artículo 241 de la Constitución de la República sobre Estrategia de desarrollo, que estableció en su artículo 34 lo siguiente:
Artículo 34. Reforma Educativa.- Se consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben, en un plazo no mayor a un (1) año, a un pacto que impulse las reformas necesarias para elevar la calidad, cobertura y eficacia del sistema educativo en todos sus niveles, y preparar a la población dominicana para actuar en la sociedad del conocimiento. Dicho pacto explicitará un conjunto de acciones, sostenibles en el largo plazo, dirigidas a dignificar la profesión docente, dotar al sistema educativo de la infraestructura y los recursos necesarios, así como de un sistema apropiado de evaluación de la calidad educativa y de sus resultados.
Igualmente, explicitará los compromisos asumidos por el Estado, la comunidad educativa y demás instancias de la sociedad”.
Por su parte el artículo 63 de la Carta Magna establece como un principio general, que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. Precisando el numeral 1) de ese artículo que la educación tiene por objeto la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida y debe orientarse hacia el desarrollo de su potencial creativos y de sus valores éticos. Busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.
Ciertamente, la Constitución de un país y con ella toda la legislación constituyen una plataforma importante para lograr una mejor educación, y en ese sentido hay que destacar lo que consagra nuestra Constitución al respecto.
A pesar de todas las garantías que nos ofrece la Constitución en cuanto a recibir una educación con las características citadas anteriormente, así como la obligación que se pone a cargo del Estado, no debemos ignorar que en virtud de lo que dispone el propio texto constitucional el principal responsable de la educación de las personas es la familia.
Pero yo me pregunto, ¿podemos tener en nuestro país una educación con los estándares establecidos en la Constitución de la República cuando la familia dominicana, como decía más arriba, se ha ido resquebrajando progresivamente y padeciendo los desbordamientos de una sociedad que poco a poco, pero de manera progresiva y permanente, ha venido perdiendo sus valores tradicionales, acercándonos cada día más al precipicio que nos conduce a la falta de amor, el afán de lucro, la corrupción y el irrespeto hacia los demás?. ¿Es la familia que tenemos en la actualidad la que tiene la obligación de la educación de sus integrantes? Si queremos mejorar nuestra educación necesariamente tenemos que mejorar nuestra familia.
Al escribir este artículo el país se encuentra todavía en plena euforia por los inicios del Pacto por una Educación de Calidad impulsado por el Presidente de la República y en proceso de una ejecución de una presupuestaria que ha marcado un hito en la historia nacional, al alcanzar un 4% del PIB, y esperamos contribuya a mejorar nuestra educación preuniversitaria y con ella la calidad de nuestros egresados de las escuelas de Derecho.
La clave de todo está en potencializar el binomio familia y educación. Hasta tanto, todos los males de nuestra sociedad, incluyendo la calidad de la impartición de justicia, tendrán que esperar tiempos mejores.
No es la profesión de abogado que está en crisis; es la formación de nuestros profesionales del Derecho que se encuentra en crisis. Todos debemos reflexionar en este sentido y asumir el compromiso de hacer una revalorización de la enseñanza de esa disciplina para dotar a la República Dominicana de abogados que posean el perfil que los tiempos demandan.
En ese sentido, durante mi gestión al frente de la Suprema Corte de Justicia habíamos propiciado un acercamiento con el Tribunal Supremo de Puerto Rico, órgano encargado a través de la Junta Examinadora, de autorizar el ejercicio de la profesión de abogado y postular ante los tribunales, con la finalidad de que tanto los abogados como los notarios públicos fuesen sometidos a un proceso de habilitación y calificación a través de un examen de admisión y de actualización para el ejercicio de la profesión de abogado, proceso que en esa Isla se conoce como reválida.
Todos estamos comprometidos y preocupados por el tema, nos encontramos constreñidos a formar parte de la mejora en la enseñanza del derecho. Se impone que antes de lanzar a un profesional del Derecho al ruedo es preciso que se establezca de manera obligatoria una pasantía en oficinas de abogados previamente seleccionadas por las autoridades competentes, pasantía que pudiera comenzar en el último tramo de la carrera. No es posible que un recién graduado tenga la facultad de postular por ante los máximos tribunales de la Nación. Debemos asimilar la experiencia de otros países en ese mismo sentido.
Finalmente, debemos dejar claro que ninguna propuesta funcionará si la metodología de la enseñanza no se renueva y si los valores profesionales e individuales continúan deteriorándose. Por lo que todas las escuelas de derecho deben apostar a métodos de prácticas de casos, así como al uso del razonamiento y el desarrollo intelectual, a través de la lectura y la investigación bibliográfica.
Pero además, dentro de las funciones de las labores de investigación y desarrollo, nuestras escuelas de Derecho deben tomar un papel protagónico en las esferas de nuestra sociedad, haciendo acto de presencia y contribuir como instituciones, a la propuesta de modificación de leyes que tengan por finalidad ir convirtiendo nuestras arcaicas estructuras legales en verdaderos instrumentos de desarrollo del país. En sentido general nuestras universidades han sido tímidas en las iniciativas y propuestas sobre los temas que han conformado y deben conformar la agenda nacional.
Dr. Jorge A. Subero Isa
[1] Las disciplinas jurídicas en la tradición continental son “teorías”, es decir, un conjunto sistemático de enunciados que aspiran a describir consistentemente una rama o sector del sistema normativo. Cada rama o sector del sistema normativo suele equivaler, por su parte, a un Código. “El curriculum tradicional explica Pérez Perdomo- estaba formado por la enseñanza de los llamados cinco códigos, usualmente con el nombre de derecho civil, mercantil, penal, procesal y procesal penal. Junto a estas grandes ramas del derecho se enseñaba (y se enseña) el derecho constitucional y materias integradoras o que se consideran de formación básica: principios de derecho –o introducción al derecho-, derecho romano y economía política. Básicamente éste es el curriculum que viene del siglo XIX. En las décadas de 1950 y siguientes se agregaron materias como derecho laboral y derecho administrativo. Como tendencia general puede afirmarse que las escuelas de derecho abandonaron la ambición característica de final del siglo XIX y comienzos del XX de explicar todas las leyes, pero es indudable que el centro de la educación jurídica sigue siendo la explicación (y a veces la memorización) de la legislación, concentrándose en las leyes que se consideran más importantes.” Las Profesiones Jurídicas en América Latina.
[2] islandia.law.yale.edu/sela/penas.pdf. Notas sobre abogados y educación Legal. Carlos Peña González
[3] islandia.law.yale.edu/sela/penas.pdf. Notas sobre abogados y educación Legal. Carlos Peña González
[4] islandia.law.yale.edu/sela/penas.pdf. Notas sobre abogados y educación Legal. Carlos Peña González
[5] Discurso del Dr. Jorge A. Subero Isa del 3 de Mayo de 2007.
[6] Discurso del Dr. Jorge A. Subero Isa del 30 de noviembre de 2000
[7] Discurso del Dr. Jorge A. Subero Isa del 30 de noviembre de 2000.
[8] Discurso del Dr. Jorge A. Subero Isa del 23 de junio de 2001.
[9]Discurso del Dr. Jorge A. Subero Isa del 23 de junio de 2001.
