En una entrega anterior con el título El nacimiento de la Escuela Nacional de la Judicatura me referí a las razones que impulsaron a la Suprema Corte de Justicia a poner en funcionamiento en el año 1998 la escuela judicial dominicana.
También dije que teníamos una escuela judicial para la formación, capacitación y actualización tanto de los jueces como de todos los servidores del Poder Judicial, pero carecíamos de un local donde funcionaría la misma. Que aproveché mis relaciones con el ingeniero Abraham Hazoury, rector de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), de cuya escuela de Derecho yo fui su fundador, solicitándole que nos facilitara algunas aulas y oficina donde funcionara provisionalmente la Escuela de la Magistratura. Nuestra petición fue atendida, siendo dicha universidad el primer local donde funcionó nuestra escuela judicial.
Sabíamos que nuestra permanencia en la UNIBE era temporal, razón por la cual nos abocamos a buscar un local adecuado para la Escuela. Se presentó una oportunidad de adquirir una casa en la calle Moisés García, del sector de Gascue, cuyo precio si mal no recuerdo era menos de 3 millones de pesos (fue el primer inmueble adquirido con recursos propios por el Poder Judicial en toda su historia), pero la idea era alojar en ella el Tribunal Contencioso Tributario, que se encontraba en el sector oriental de Los Mameyes, Villa Duarte, y yo personalmente insistía en que ese tribunal no alcanzaría ningún desarrollo mientras permaneciera alejado del centro económico de la ciudad capital. Pero resultó que ese local era muy pequeño para ese tribunal, y la Suprema Corte de Justicia decidió que ese local de la Moisés García fuese el local para la Escuela Nacional de la Judicatura. Luego de las reparaciones y adecuaciones de lugar, fue inaugurado con la presencia del Dr. Leonel Fernández Reyna, presidente de la República, el día 11 de agosto de 1999. Al pronunciar las palabras de inauguración expresé en mi calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, entre otras cosas:
La capacitación de los miembros del Poder Judicial es una tarea ardua, continua y costosa. En la actualidad el Poder Judicial cuenta con más de tres mil miembros, y resulta obvia la necesidad de que este número aumente, para así poder satisfacer las crecientes demandas de la sociedad en materia judicial. Los costos son altos, pero la Suprema Corte de Justicia está comprometida con la capacitación, y en la medida que lo permita nuestro presupuesto, brindaremos todo el apoyo posible a la Escuela Nacional de la Judicatura.
A pesar de la extraordinaria labor desarrollada por la Escuela en su local de la calle Moisés García, las necesidades de expansión fue un motivo importante para buscar un local más amplio. Le había solicitado al presidente Leonel Fernández que nos asignara el Castillo de El Cerro, en la provincia San Cristóbal, que había sido mansión construida por Trujillo, pero que nunca ocupó. El presidente me dijo que esa construcción estaba invadida por los damnificados del huracán David y la tormenta Federico y que su reparación y adecuación para la escuela judicial sería muy costosa. Así que no fue posible obtener esa edificación.
Antes de seguir con los diferentes locales de la Escuela Nacional de la Judicatura es importante recordar que en nuestro país existía la Casa del Diálogo, que fue un espacio de concertación creado por el Dr. Leonel Fernández, durante su primer período gubernamental, que sirvió de centro para la organización y ejecución de un vasto programa de aplicación nacional donde se hicieron y recogieron diferentes propuestas de interés nacional. Durante la campaña electoral para el período 2000-2004 el entonces candidato a la presidencia de la República, Ing. Hipólito Mejía, había cuestionado públicamente ese programa de Diálogo Nacional y prometió cerrar dicha casa.
Durante una visita que me hizo a mi despacho de la Suprema Corte de Justicia durante la campaña electoral le manifesté el interés del Poder Judicial de que esa Casa del Diálogo le fuera entregada para alojar la Escuela Nacional de la Judicatura, porque donde funcionaba el local era muy pequeño. Me dijo que de ganar las elecciones contaría con ello. Una vez ganadas las elecciones del año 2000, y aún antes de ser juramentado, el electo presidente Ing. Hipólito Mejía, me volvió a visitar a la Suprema Corte de Justicia y yo le recordé la promesa que me había hecho en campaña y me dijo que sí, que a pesar de que ya muchos futuros funcionarios la querían para sus dependencias, él era un hombre de palabra, y que contara con esa casa. Recuerdo que aproveché que los periodistas le abordaran y yo personalmente les dije a los medios de comunicación que el presidente nos había prometido la Casa del Diálogo, lo cual confirmó en presencia de todos.
En razón de que yo le había hecho durante el proceso de transición gubernamental la petición al recién electo presidente, Ing. Hipólito Mejía, la hasta entonces directora de la Casa del Diálogo, Nélsida Marmolejos, declaró en una entrevista que le hizo la revista Ahora, correspondiente a su edición del lunes 3 de julio de 2000, Año XXXIX, volumen 1,157, p. 16, con el título Nélsida Marmolejos «Hay que esperar que la vaca muera para desollarla», que «Ahora, también me di cuenta que se faltaba un poco a la ética profesional de parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, cuando pide públicamente al presidente electo algo, haciendo el papel de pedigüeño y eso deja mucho que decir del status que debe tener el que dirige en estos momentos uno de los poderes del Estado». El encabezamiento de dicha publicación decía: «La directora de la Casa del Diálogo, califica a Jorge Subero Isa de “pedigüeño” y carente de ética».
Luego de haber ocupado la presidencia de la República, el presidente Hipólito Mejía, cuantas veces nos encontrábamos me decía que había dado instrucciones al Secretario Administrativo de la Presidencia, Dr. Pedro Franco Badía, para que realizara la entrega de la Casa del Diálogo al Poder Judicial.
En razón de que se estaba construyendo el local que alojaría la Escuela Elemental de Música Elila Mena, esta funcionaba en un anexo que existía en la Casa del Diálogo, el cual estaba muy avanzado al momento en que se nos entregó el nuevo local. Por esa razón durante cierto tiempo compartíamos el local ambas instituciones, pero los ensayos y enseñanzas de la escuela de música constituían un inconveniente para las actividades docentes de la Escuela Nacional de la Judicatura. Tiempo después la Escuela Elemental de Música fue trasladada a su nuevo local, ocupando nosotros la totalidad del inmueble. Recuerdo que como despedida los jóvenes estudiantes de esa escuela musical ofrecieron un concierto, al que asistió el presidente Mejía.
Al pronunciar las palabras de inauguración del nuevo local de la Escuela Nacional de la Judicatura en la que hasta entonces era la Casa del Diálogo, expresé el 9 de noviembre de 2000, entre otras cosas, que en el nuevo local procederemos concomitantemente con la capacitación continuada, a la apertura del programa de formación inicial para jueces, el cual consistirá en un sistema de selección y formación de los abogados que aspiren a formar parte del mismo, con miras a garantizar que estos posean la excelencia académica, las destrezas y valores necesarios para convertirse en efectivos y confiables administradores de justicia.
Agregué en esa ocasión que nuestro más reciente sistema de capacitación ha sido el «Campus Virtual», un novedoso proyecto de educación a distancia, puesto en marcha desde un entorno virtual de aprendizaje, desarrollado a través del internet, como un interés de la Escuela de llevar a cabo una estrategia de implementación de las nuevas tecnologías, aplicadas a la formación no presencial dentro del campo de la judicatura. Oportuna es la ocasión para reconocer al Consejo General del Poder Judicial de España, por haber ofrecido la cooperación necesaria para hacer realidad este proyecto.
En el marco de la inauguración del nuevo local de la escuela judicial suscribimos un acuerdo de cooperación interinstitucional con las principales universidades del país, expresé que «del acuerdo a suscribir en el día de hoy se deriva que la misión institucional de la Escuela Nacional de la Judicatura es la formación y capacitación continua de los integrantes del Poder Judicial, de los recién designados y de los aspirantes a formar parte del mismo, con miras a contar con eficientes y eficaces agentes. Mientras que la misión institucional de la educación superior es contribuir a la creación de los valores inherentes al ser humano, la cual es fundamental para el desarrollo de la sociedad, en tanto que promueve la producción, apropiación y aplicación del conocimiento para el desarrollo humano integral y la promoción de valores y actitudes que tiendan a la realización del ser humano, ampliando sus posibilidades de contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto».
Textualmente expresé en esa memorable ocasión del 9 de noviembre de 2000, lo siguiente:
Lo que perseguimos con el acuerdo, de manera fundamental, es mejorar la calidad académica de los egresados de las escuelas de derecho, mediante un mecanismo de autocontrol, a través de ciertos instrumentos, como son pénsum, programas y bibliografías básicos unificados, unificación de los requisitos mínimos para la contratación del personal docente, entre otros, a fin de dotar al país de administradores y auxiliares de justicia capaces de satisfacer los requerimientos de la sociedad. La cantidad de 4,828 abogados juramentados en 3 años por la actual Suprema Corte de Justicia, incluyendo los 1,572 a la fecha, de este año, refleja la necesidad de este acuerdo.
Más adelante dije lo siguiente:
Todos tenemos que plantearnos como un reto para el futuro inmediato, la reorientación del país en procura de mejorar los niveles educacionales de todos los dominicanos, como vehículo imprescindible para lograr el conocimiento, única forma de cambiar nuestra forma de pensar y actuar, y elevar nuestra autoestima como nación.
La educación superior, no es más que la manifestación de la educación primaria de un país determinado. Resulta casi imposible lograr que la educación superior sea de mejor calidad que la educación primaria. Pero, en definitiva, en el caso dominicano, tanto una como la otra entran dentro del concepto general de la necesidad de su mejoría.
Un país con una pobre educación siempre tendrá como excusa para no desarrollarse atribuirle la culpa a otros.
Tiempo después el propio presidente en una visita que nos hizo en el nuevo local de Escuela Nacional de la Judicatura, me manifestó que una de las buenas decisiones que había adoptado era esa, pues muchos de sus funcionarios se la estaban disputando y que él sabía que ese patrimonio del Estado sería muy bien cuidado por el Poder Judicial.
Desde el 9 de noviembre de 2000, la Escuela Nacional de la Judicatura ha permanecido en ese local de la avenida César Nicolás Penson esquina Rosa Duarte.
