Señor
Luis Abinader Corona
Presidente Constitucional de
la República Dominicana.
Señor
Robert W. Thomas,
Encargado de negocios de la embajada
de Estados Unidos en la
República Dominicana.
Señora
Rebecca Latorraca,
directora de la misión USAID en la
República Dominicana.
Y demás miembros de la mesa de honor:
Agradezco a la USAID la oportunidad de pronunciar estas palabras en ocasión de su sexagésimo aniversario, las que en modo alguno pueden interpretarse como un catálogo de sus realizaciones en el sector judicial, pues para eso bastaría un simple balance de sus archivos. Nuestro interés es recalcar la profundidad del apoyo brindado al proceso de reforma del Poder Judicial que iniciamos en el 1997 y su consecuente transformación, que en un momento determinado llegó a ocupar uno de los primeros lugares de los poderes judiciales de Iberoamérica. Esa transformación surtió un efecto transversal en todos los sectores de la sociedad, pues los principios y valores enarbolados calaron profundamente. Estos se arraigaron en la conciencia nacional y hoy cuando las circunstancias están dadas les están pasando facturas a aquellos que cuando tuvieron la oportunidad de aplicarlos los desconocieron y violaron, cubriéndose con el manto ominoso de la corrupción y la repulsa de sus conciudadanos.
El desarrollo social, económico y político de un país depende de la fortaleza de sus instituciones quienes están en el deber de garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de las actuaciones públicas y privadas, el imperio de la ley y la paz. En ese escenario el rol del Poder Judicial es vital, pues a través de sus decisiones trata de restablecer el equilibrio que en ocasiones se rompe secuela de la convivencia social, para lo cual debe actuar siempre enmarcado bajo el imperio de la Constitución y de las leyes.
La importancia de las instituciones se pone de relieve cuando no solamente enfrentan el problema que se presenta en lo inmediato, sino en la capacidad de visualizar los problemas del futuro. Tal fue el caso del presidente Kennedy, quien, convencido en enero 1961, cuando ascendió a la presidencia, de que ante la opinión pública los Estados Unidos estaban perdiendo la carrera espacial con los soviéticos, (antes Yury Gagarin había sido el primer hombre que completó un giro alrededor de la Tierra), en su célebre discurso pronunciado el 12 de septiembre de 1962, en el estadio de fútbol de la Rice University, describió sus metas y el esfuerzo que tendría que realizar la nación en la carrera del espacio. El Apolo 11 consiguió realizar ese sueño que adelantó el presidente Kennedy: el día 21 de julio de 1969, Neil Armstrong fue el primer hombre en poner un pie en la Luna. De ese discurso quiero destacar lo siguiente: “Hemos decidido ir a la Luna. Hemos decidido ir a la Luna en esta década, y también afrontar los otros desafíos, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles, porque esta meta servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y aptitudes, porque es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, que no estamos dispuestos a posponer, y que tenemos toda la intención de ganar, también a todos los demás”. En otra parte de su discurso Kennedy relató que cuando le preguntaron al explorador británico George Mallory, que murió en el monte Everest, por qué quería escalarlo, contestó: “Porque está ahí”.
Al igual que Kennedy, cuando decidimos embarcarnos en las reformas del Poder Judicial lo hicimos, no porque fueran fáciles, sino porque eran difíciles, porque esta meta serviría para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y aptitudes, pero, además, los problemas estaban ahí. Recordemos que el proceso de reforma judicial se inició en el país con la modificación en 1994 de la Constitución de la República, como resultado de la crisis política derivada de las elecciones de ese mismo año, lo cual impactó directamente en la forma de elegir y en la integración de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo cual no ocurrió hasta agosto de 1997, donde quien dirige la palabra resultó presidente del hasta entonces máximo tribunal de la República. El tiempo transcurrido entre 1994 y 1997 fue un indicativo de la falta de institucionalidad que existía en el país y del poco interés que sobre la reforma judicial tenía nuestra clase política. Solo cuando la sociedad civil, los empresarios, las iglesias, los propios políticos y otros sectores de la sociedad lo reclamaron a gritos, fue que se produjo el despertar.
Al asumir la dirección del Poder Judicial el 5 de agosto de 1997, sabíamos que nuestro reto no era tan solo en recomponer una judicatura fracturada por las críticas y por el cuestionado comportamiento de sus actores, sino echar las bases para un futuro que sabíamos que era promisorio para el país. Conscientes de que el despegue y el mantenimiento en el aire dependía en gran medida de buscar socios o aliados en la solución de los acuciantes problemas existentes y por venir, nuestro objetivo en lo inmediato fue darle apertura a la cooperación internacional.
De las primeras visitas que recibí fue la embajadora de los Estados Unidos, la señora Donna Hrinak, quien nos ofreció todo el respaldo de su gobierno y la cooperación de la USAID. Las palabras de la señora Hrinak no fueron lanzadas al viento, pues poco tiempo después estábamos celebrando junto a la recordada Marilyn Zaab el Convenio de donación con USAID, por 10 millones, 800 mil dólares, para apoyo e implementación de la ley de Carrera Judicial, así como asistencia a la Suprema Corte de Justicia. Este fue el punto de arranque de la cooperación de dicha agencia, la cual nos acompañó durante los catorce años y varios meses que estuvimos al frente de la Suprema Corte de Justicia.
Pero ya antes, en el 1996, la presencia de la USAID se hizo sentir en el país cuando dispuso un estudio y diagnóstico de la situación del sector justicia, el cual culminó con el informe final reforma del sector judicial en la República Dominicana: análisis de las partes involucradas. De este informe extraigo algunas de sus consideraciones: El sistema judicial dominicano es el más débil de los tres poderes del Estado. Como lo establece la Constitución y la ley, el judicial debe ser un poder independiente del gobierno. Sin embargo, en realidad el sistema de tribunales no está libre de interferencia por parte del Poder Ejecutivo, ni del Senado. El mayor problema en el sistema judicial dominicano es la difundida corrupción. Los jueces y los fiscales devengan bajos salarios. La mayoría de los jueces se ven obligados a suplementar sus ingresos por otros medios. Algunos lo hacen a través de un segundo empleo o negocio, pero muchos lo hacen aceptando o solicitando sobornos. Quizás por esa misma razón, agrego yo, el presidente de entonces, el Dr. Joaquín Balaguer, expresó en una ocasión que el salario de los jueces era tan bajo como su propia moral.
Ya para el año 2000 el talentoso jurista dominicano Eduardo Jorge Prats publicó en la revista Rumbo, un artículo bajo el título “La Reforma Judicial: El Verdadero Modelo Dominicano”, donde expresaba que los días 16 y 17 de diciembre se había celebrado en Washington, D.C., la Conferencia de Socios de la USAID sobre Democracia y Gobernabilidad, donde salió a relucir el caso dominicano como modelo a seguir en materia de reforma de las instituciones judiciales. Textualmente Jorge Prats afirmaba: “¿Cómo es posible que República Dominicana constituya un modelo de construcción de un poder judicial independiente y eficiente? Somos un modelo de reforma judicial por varias razones. En primer término, a pesar -o quizás por ellos- de ser “latecomers” en la reforma judicial -Costa Rica hizo la reforma en los “70 y el resto de Latinoamérica en los 80”-, los dominicanos hemos avanzado más y en menos tiempo que el resto de los países”.
A pesar del largo proceso de acompañamiento y el camino transitado junto a la USAID, en apoyo a la ley de carrera judicial, al fortalecimiento de la independencia de los jueces, a los programas de capacitación, a la implementación del Código Procesal Penal y de la ley de defensa pública, y el apoyo a los centros de mediación y a las casas comunitarias, entre otros, no albergo duda de que uno de los programas de mayor impacto en la comunidad jurídica ha sido el Sistema de Integridad Institucional que tenía como filosofía garantizar el cumplimiento de la misión institucional, su fortalecimiento, renovación, efectividad y perseguía orientar a todo el capital humano del Poder Judicial por el camino de la integridad, la transparencia y la conciencia funcional e institucional. Estábamos y estamos conscientes de que ningún proceso de reforma y transformación puede ser sostenible si no cuenta con una visión sistémica y de integridad comprendido, asimilado y con el compromiso de sus integrantes.
Los principios en que descansó el Sistema de Integridad Institucional se impregnaron tanto en la conciencia ciudadana que hasta dos gobiernos los hicieron suyos, estableciéndose desde el Poder Ejecutivo códigos de éticas, de donde se derivó que los funcionarios tuviesen que suscribir una carta compromiso de respetar y aplicar esos principios.
La reforma judicial se convirtió en una caja de resonancia de donde brotaban los llamados a que los demás sectores del país transitaran por el camino de la integridad, la transparencia y la calidad de los servicios. Es que los principios enarbolados por la USAID, adoptados por el Poder Judicial produjeron un efecto transversal en toda la sociedad dominicana. Los tambores de la reforma judicial repercutieron en todas las actividades del país, siendo posiblemente el desarrollo económico una de sus secuelas más visibles. La cooperación de la USAID ha fomentado la resiliencia comunitaria bajo el entendido de que ha impulsado a la comunidad para prepararse, responder y recuperarse efectiva y rápidamente ante situaciones adversas e inesperadas.
A pesar del tiempo transcurrido al frente de la Suprema Corte de Justicia, la percepción que se tenía no mermó con el pasar de los años. Es así como el presidente de la República de entonces, el Dr. Leonel Fernández, en unas declaraciones ofrecidas en el Palacio Nacional en febrero de 2010 dijo que la Suprema Corte de Justicia había sido artífice de importantes transformaciones y que ella es una de las más transparentes y sus magistrados han sabido coordinar el proceso de modernización de la justicia con un sistema democrático que se ha traducido en una profunda transformación y agregó que se puede decir que con la Suprema Corte de Justicia ha habido un antes y un después en el sistema judicial.
A nuestra salida de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia habíamos construido un Poder Judicial fuerte, con un gran reconocimiento internacional, lo que nos llevó no solamente a prestar cooperación a los poderes judiciales de Panamá, Nicaragua, Guatemala, etc., sino que, en el año 2010, compitiendo con Costa Rica, Puerto Rico, Argentina, Chile, España y México, obtuvimos en Brasil el premio Innovare Internacional, por ser el país con las mejores prácticas judiciales. Los niveles de corrupción judicial eran mínimos. Las inconductas de los servidores judiciales fueron ejemplarmente sancionadas; creo que había ciertos niveles de confianza en la administración de justicia, sin embargo, yo percibía que la gente no estaba satisfecha. Y obviamente hacía falta un mayor acceso a la justicia.
¡El mundo cambió! Este mundo moderno es cada día más complejo. Cada día más dinámico, voluble e inestable. Efectivamente, el mundo cambió, pero los principios y valores derivados de la cooperación de la USAID permanecerán impregnados en todos los estamentos de la sociedad dominicana.
La violencia siempre ha sido la peor pesadilla de la paz. No tan solo las guerras producen su alteración; cuando no se respetan los derechos de los demás y se altera el imperio de la ley y la seguridad jurídica, también se altera la paz. En ese orden, una administración de justicia con las cualidades de capaz, pronta, eficaz, accesible, igualitaria, independiente e imparcial es, ha sido, y será por siempre un anhelo de la humanidad. Estas cualidades constituyen la garantía necesaria de que la balanza de la justicia se mantendrá de manera equilibrada, inclinándose sólo a favor de aquel que tenga la razón ajustada a la ley, pues siempre habrá uno más poderoso que otro, uno más fuerte que otro. El lema la justicia como un servicio público y el usuario como su destinatario, no fue solamente la aspiración de un momento aplicable a un programa determinado, sino un anhelo permanente que debe guiar a todos los administradores de justicia.
Creemos que todo el quehacer humano debe estar basado en la ética, la transparencia y la integridad, pues son principios que constituyen un valladar para enfrentar con éxito la corrupción en la administración pública y privada.
Se ha hecho un esfuerzo tesonero para llevar el pescado íntegro a puerto seguro, pues se tenía muy presente evitar que se repitiera el caso del pescador Santiago, en la obra El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. Hemos encontrado muchos tiburones, pero a todos hemos vencido y hoy se pueden mostrar con orgullo los resultados exitosos de esa travesía que ha tenido que recorrer la cooperación de la USAID.
La cooperación de la USAID en la República Dominicana ha dado sus frutos y como dice la Biblia: “Por sus frutos los conoceréis”. Confiamos en que aún quedan cosechas por trabajar y frutos por recoger, pues las reformas pendientes necesitan de su cooperación.
No perdamos ninguno de nuestros logros, para no tener que repetir aquel dicho popular anglosajón, conocido como el efecto mariposa, “Por un clavo, se perdió la herradura; por una herradura, se perdió el caballo; por un caballo, se perdió un caballero; por un caballero, se perdió la batalla; por una batalla, se perdió el reino”. No perdamos pues, el clavo, primer eslabón de esta cadena.
No quiero terminar estas palabras sin agradecer a todos y a cada uno de los embajadores de Estados Unidos en nuestro país por el respaldo recibido durante mi gestión, como también a los encargados locales de la USAID y de manera especial, con perenne recuerdo a doña Elena Brinemann, sin olvidar el compromiso asumido por Ronald Glass, Lissette Dumit, Rosalía Sosa y Josefina Coutiño.
Muchas gracias.
Dr. Jorge A. Subero Isa
