JurisJuice XII. La inseguridad ciudadana: una acompañante indeseable por mucho tiempo.

Publicado por: Dr. Jorge A. Subero Isa Fecha: 18/06/2019 11:06:38 a.m. Comentarios: 2

Rememorando un discurso

En mi último discurso pronunciado el 7 de enero de 2011¹, en ocasión de celebrarse el Día del Poder Judicial, en mi condición de presidente de la Suprema Corte de Justicia, abordé lo que consideraba que eran los desafíos de la administración de justicia en el futuro.

En aquella ocasión dije que el primer gran desafío era: la inseguridad ciudadana derivada del narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo y la delincuencia asociada a esos males. Segundo gran desafío: la conciliación entre el respeto a los derechos fundamentales y la seguridad ciudadana. Tercer gran desafío: administración de justicia para las personas de la tercera edad. Cuarto gran desafío: la conciliación entre la protección a la vida privada y el derecho a la información. Quinto gran desafío: protección al medio ambiente y a los recursos naturales. Sexto gran desafío: aprovechamiento de las TIC en la administración de justicia.

Como el problema de la inseguridad subsiste y posiblemente las mismas causas del pasado reciente son las que la provocan en la actualidad, quiero retomar en cierta medida el tema y rememorar lo que en aquel lejano 2011 dije al respecto, pero no sin antes expresar en cuanto a la administración de justicia, que sigo creyendo que una tarea a corto plazo es lograr un mayor acceso a justicia, entendido esto como ofrecer a los usuarios del sistema mayores oportunidades, a menor costo y esfuerzos de su parte, de manera transparente y eficiente. Y es que estamos en pleno apogeo de la “Generación G”, caracterizada por el uso de las tecnologías de la información y comunicación (Tic).

Repito lo dicho por el ex presidente de Colombia Ernesto Samper Pizano, cuando expresó:

La nueva normatividad no se puede basar en los viejos criterios de la igualdad de todos frente a la ley y en su aplicación objetiva por parte de los jueces. Se precisan reglas que reconozcan las profundas diferencias y asimetrías que hoy separan a los actores globales y que contemplen períodos de transición para que las distancias entre unos y otros se acorten, y reglas equitativas en el sentido romano de la equidad, el de la justicia del caso concreto. Sin esas normas y su margen razonable de interpretación por parte de los jueces, que tenga en cuenta las circunstancias sociales de quienes se someten a ellas, la globalización seguirá siendo, cuando mucho, una quimera y un buen negocio para pocos².

Todavía a mediado del año 2019 la inseguridad ciudadana derivada del narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo y la delincuencia asociada a esos males sigue siendo uno tema de palpitante actualidad, pues los medios de comunicación tradicionales, ahora con el auxilio de las redes sociales digitales, son fuentes de información de hechos que constituyen y contribuyen a ese estado de inseguridad.

Día tras día esos medios recogen la información de la ocurrencia de hechos de sangre, muchos de ellos cometidos con un sadismo sin precedentes en la historia criminal de nuestro país. No ha habido un solo sector de la sociedad que no se haya manifestado a favor de mejorar los niveles de la seguridad ciudadana.

El tema ha sido de tal preocupación que ha motivado que las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos en el año 2010 en Mar de Plata, Argentina, acordaran aunar esfuerzos para combatir dicho mal considerando que el incremento de este ha generado un aumento en los índices de violencia en la región con un impacto negativo en el bienestar, la seguridad y el desarrollo económico de nuestras sociedades.

El entonces presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández Reyna, declaró en el marco de la referida Cumbre, según cable de la agencia Efe, que el tema de la seguridad se ha convertido en un desafío de carácter global que domina la agenda en toda América Latina, por lo que propuso una cumbre de ministros de la región; que la violencia que genera el crimen organizado, especialmente el narcotráfico, está llevando intranquilidad y desasosiego a las familias latinoamericanas.

Muchos consideran que la inseguridad de los ciudadanos y con ella de todos los habitantes, es un monstruo que acecha a muchos de los países de América y se pretende hacer depender su desaparición de la acción represiva que las autoridades judiciales le den a quienes presuntamente han incurrido en acciones delictivas. De ahí que algunos sectores propongan que en nombre de la seguridad ciudadana se priorice el último mecanismo cautelar de coerción penal, como lo es la prisión preventiva, asignándole un papel tranquilizador o efectista bajo la sombra de prácticas jurisdiccionales paulatinamente más restrictivas de los derechos fundamentales y contrarias a las aspiraciones democráticas de un modelo de justicia y organización política³.

A propósito de la prisión preventiva, basta con recordar lo que dispone el artículo 40, numeral 9 de nuestra Constitución: “9) Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar”.

En países como Costa Rica, donde los niveles educacionales tienen altos estándares de calidad y sus instituciones tradicionalmente han sido ejemplos a seguir, su pasado presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, afirmó en una ocasión que la seguridad ciudadana representa un problema real y no solo un asunto de percepción a través de los medios de comunicación, lo cual reiteró por ante el Congreso de esa Nación, al afirmar: “No hay nada irreal en ese dolor, no hay nada de imaginación en ese miedo…»4.

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla y su esposo José María Rico, son los autores de una monografía publicada en el año 1997 por el Centro para la Administración de Justicia, de la Universidad Internacional de la Florida, con el título La Prevención Comunitaria del Delito: Perspectivas para América Latina, de donde extraigo las consideraciones siguientes: “El fenómeno criminal suele constituir en la mayoría de los países uno de los principales problemas sociales. Todos los grupos y categorías de ciudadanos estiman que la delincuencia aumenta sin cesar lo que suele corresponder a la realidad, consideran inseguros el país, la ciudad, el barrio, la calle o el hogar donde viven y vaticinan ser asaltados o robados en los próximos meses; esta opinión está mucho más acentuada entre los residentes de los centros urbanos y las personas de sexo femenino y edad avanzada” 5.

En otra parte de la obra se dice que: “La búsqueda de las “causas” de la delincuencia ha sido, desde la aparición de la Escuela Positivista a finales del siglo pasado 6, uno de los principales temas de la criminología tradicional; sin embargo, ya Ferri subrayaba la necesidad de un enfoque multifactorial. Hoy día, cuando se procede al examen de las condiciones que contribuyen a la delincuencia, se reconoce generalmente que ésta no se puede atribuir a una única causa, sino que resulta de la interacción de un grupo numeroso y variado de factores (pobreza, desempleo, brutalidad y abusos sexuales, analfabetismo, fracasos escolares, viviendas inadecuadas, familias disfuncionales y otros…» 7.

Sobre el tema se han formulado muchas propuestas de solución. Sin embargo, sin ambages la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha llamado la atención sobre algunas de esas propuestas. Dijo en el año 2007: “Desafortunadamente muchos gobiernos en esta región han caído en el encanto de la retórica de la “mano dura” y han cedido a la tentación de usar el ejército para actividades policíacas…” y se agrega: “Cualquiera que sea el estado real del crimen, la percepción de falta de cumplimiento de la ley puede provocar nostalgia hacia un régimen autoritario: puede incitar al público a pedir el uso del ejército en actividades policíacas y hasta apoyar el regreso a la falta de libertades civiles» 8.

En otros países se han ensayado algunas propuestas para la preservación de la seguridad ciudadana, como la de tolerancia cero, ligada a la política de las ventanas rotas, aplicada en la ciudad de Nueva York, auspiciada por el entonces gobernador Rudolf Giuliani; la de política de mano dura; la del incremento de la prisión preventiva y la eliminación para ciertos delitos de las otras medidas de coerción; la especialización de jurisdicciones de jueces sin rostros; el endurecimiento de las penas, etc.

Las críticas negativas de que han sido objeto esas propuestas, merecen ser tomadas en consideración en la República Dominicana, donde somos muy dados a importar modelos que en más de una ocasión han chocado con la realidad nacional.

En México, ante un reclamo de la sociedad a las autoridades en el sentido “de que si no pueden con la inseguridad, que renuncien”, el gobierno de ese país convocó a diferentes sectores a una reunión a fin de acordar la forma en que se debería afrontar la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación de las autoridades, así como al ambiente de inseguridad y de violencia; el 21 de agosto de 2008 se suscribió un acuerdo nacional para la legalidad, la seguridad y la justicia, con la intención de que la sociedad, el gobierno federal y las entidades federativas realizaran y buscaran el efectivo combate contra la delincuencia, incluso la delincuencia organizada por afectar de manera directa o indirecta a la sociedad. En él se describieron cuáles eran las acciones que cada sector debería tomar. Ese acuerdo establecía en su artículo 1º. Lo siguiente:

Artículo 1.- El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es un mecanismo entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno que conforman el Estado Mexicano y los sectores privado y social, a fin de que cada uno desarrolle, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones específicas a favor de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos comunes a corto, mediano y largo plazos 9.

Algo parecido habíamos sugerido, sin mayores éxitos, en el mes de octubre del año 2010, para analizar el problema de la criminalidad y la delincuencia en nuestro país.

Nosotros compartimos la opinión de otros en el sentido de que el futuro de nuestra democracia depende en gran medida de la capacidad de los gobernantes, de la consistencia de las instituciones, del Estado, de los propios ciudadanos, de la calidad de sus prácticas democráticas y de su compromiso con la República.

El mexicano Dr. Alfonso Zárate, nos dice que América Latina tiene la tasa más alta del mundo en homicidios promedio por habitante. Más incluso que África. Considera que frente a esa problemática, crecen también las demandas de mayor ejemplaridad en las penas. La pena de muerte. Que incluso algunos han propuesto la castración de los secuestradores, de los narcotraficantes, entre otros. Pero que lo que se necesita es un Estado de Derecho. Que sirve de muy poco que impongamos penas mayores; sentencias de 70, 90, 120 años. Que lo importante es reducir significativamente los niveles de impunidad. Él no cree que haya forma de combatir el problema de la inseguridad desde una perspectiva estrictamente policíaca-militar, porque el problema es mucho más complejo y que en la medida en que los estados no asuman una estrategia verdaderamente integradora e integral del problema, no se va a resolver 10.

Es evidente que el mundo cambió después de los acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York; el 11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha, Madrid y otros similares en otros países; las restricciones en los aeropuertos; las medidas de divulgación de datos, etc., no hay duda de que en la mayoría de los países del mundo se está imponiendo limitaciones cada día más atentatorias a los tradicionales derechos y garantías fundamentales.

No se requiere ser mago para predecir que en el futuro las medidas tendientes a la preservación de la seguridad ciudadana irán cada vez más ganando terreno en detrimento del respeto de los derechos fundamentales.

 

¹P. 575

² El Salto Global, Retos de América Latina para la Globalización, p. 28

³García Aguilar, Rosaura. Derecho Procesal Penal. s.l. : Colección Derecho y Justicia, p. 10

4 ibidem, p. 11

5 ibidem, p. 6

6 Se refiere al siglo XIX, nota del autor

7 García Aguilar, Rosaura. Derecho Procesal Penal. s.l. : Colección Derecho y Justicia, p. 7

8 ibidem, p. 18

9 Sánchez Zepeda, Rodolfo, El Juez Federal Penal Especial en Medidas Cautelares, pp. 7-8.

10 Zárate, Alfonso, Democracia en Riesgo. Los Retos Mayores: Inseguridad y Estancamiento, 2009, Panamá : s.n., 2009. Conferencia Pronunciada en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas

2 comentarios

  • Carlos P. says:

    Excelente sus palabras. Encontré su blog hace poco y he estado leyendo sobre su vision con respecto a la Responsabilidad Civil, y sus aportes a esta.

    Pero este articulo esta mas allá, me hizo entender que como joven de 25 años, no solo yo tengo el temor de salir a las calles cada día, pensando en que sera mi ultimo día. Que la vida no me de para desarrollar mis ideas porque un desaprensivo me la pueda quitar solo por un par de pesos.

    Cada muerto que deja la inseguridad que vivimos es un muerto de las políticas disfuncionales que aplica el Estado.

    Pero me da tranquilidad, el ver que no soy solo yo que siento esto.
    Gracias por sus aportes, nunca deje de escribir.

  • Luis Ernesto cuevas rosa says:

    DR. subero mis saludos y respecto para usted.. luego de leer detenidamente dicho articulo, llego a la reflecion de que toda esta inseguridad responde a una sociedad sin ningún tipo de moral y ética, desde el mismo Estado, hasta que este pueblo , no sea dirigido por personas con gran armadura ética y moral entonce , ninguna política de Estado tendrá resultado y nunca llegaremos a nuestro estado aspiracional que trajo la constitución del 2010, que es el estado social democrático y derecho y para ello la sociedad dominicana necesita un rearme ético y moral.

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