LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA DEL ESTADO Y LA FAMILIA EN LA EDUCACIÓN

“Para mi sorpresa, Stiglitz apoyó la idea sin reparos: en la economía global que vendrá después de la crisis que empezó en 2008, la educación, la ciencia y la tecnología serán claves del desarrollo económico de la región”. (Entrevista concedida por Joseph Stiglitz, Nobel de Economía,  a Andrés Oppenheimer). 

Imagen Wikimedia Commons Encontré en la obra Caída Libre, del mismo Stiglitz, un concepto que quiero compartir con ustedes, y es cuando él nos dice que: He visto como nuestros mejores estudiantes se dedicaban a las finanzas. No pudieron resistirse a ganar dinero a espuertas. Cuando era estudiante, los mejores se orientaban hacia la ciencia, la enseñanza, las humanidades o la medicina. Querían cambiar el mundo utilizando su cerebro. Recuerdo claramente el consejo de mis padres cuando, como todos los adolescentes, me pregunté qué quería ser de mayor: me dijeron: “El dinero no es importante. Nunca te dará la felicidad. (Extraño consejo para un futuro economista). Usa el cerebro que Dios te ha dado para ser útil a los demás. Eso es lo que te dará satisfacción”.

Nuestra Constitución proclamada el 26 de enero de 2010 dispone que la República Dominicana constituye un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular e independencia de los poderes públicos. La función esencial de ese Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

La propia Constitución consagra dentro de los derechos fundamentales el de la educación, concebido como el derecho a recibir una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones y pone a cargo del Estado garantizar la educación pública gratuita y la hace obligatoria en su nivel inicial, básico y medio. En cuanto a la educación superior en el sistema público dispone que será financiada por el propio Estado, garantizando una distribución de los recursos proporcional a la oferta educativa de las regiones, de conformidad con lo que dispone la ley.

Uno de los puntos sobre los cuales quiero llamar la atención para establecer un vínculo de este contenido con su título es que nuestra Carta Sustantiva expresamente dispone que: “la familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores”.

Como se observa de lo anterior, el Estado garantiza la educación bajo las modalidades indicadas, pero la familia es la responsable de la educación de sus miembros, la cual es considerada por la propia Constitución como el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas, y que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad de conformarla.

Para mantenerme en el contexto constitucional, expresamente hago abstracción del concepto de familia que nos trae la ley núm. 136-03, que contiene el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual será objeto de otro trabajo.

Siendo la familia la responsable de la educación de sus integrantes, según lo dispuesto por la Constitución de la República, debo manifestar mi duda y preocupación de que en la actualidad la familia dominicana se encuentre en capacidad de enfrentar con éxito esa obligación. Es preciso dotarla del debido fortalecimiento para que pueda ella cumplir con ese objetivo. La pregunta necesaria es ¿quién es el responsable de la educación de la familia?

Por más textos que existan proclamándolo, solamente a través de la educación podemos alcanzar un Estado Social y  Democrático de Derecho donde el orden, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos se conviertan en condición indispensable de un sistema de derechos fundamentales plenamente garantizados, plataforma necesaria para alcanzar un desarrollo económico sostenible.

Mueve a preocupación y a reflexión datos hechos públicos en años anteriores (desconozco cifras más recientes) que indican que alrededor del 11.4% de los estudiantes dejaron los estudios en el bachillerato, alcanzando la deserción a un 14.5% de los alumnos en el primer año de ese nivel académico. De la misma manera es alarmante el dato de que sólo el 0.1% de los dominicanos llega a realizar estudios de postgrado, muy por debajo de la cobertura general latinoamericana, que para esa fecha oscilaba entre un 2% y 3%.

Más recientemente, específicamente el pasado 26 de enero, varios periódicos dominicanos, entre ellos el Diario Libre, nos trajeron la información de que el 82.7% de las escuelas muestran deficiencias, y se agrega, que un informe sobre la clasificación de centros educativos determinó que de 5,515 planteles públicos y privados que hay en el país, 4,564 obtuvieron una categoría deficiente (D), para un 82.7 por ciento, con un rango por debajo de los 55 puntos en todas las modalidades. Por su parte  El Caribe, de esa misma edición, nos dice en un titular que “El 75% de colegios, en cola de ranking escolar” y en su lead informa que de 5,515 centros educativos públicos y privados analizados en el Ranking Escolar, sólo 397 calificaron para la categoría A, en cambio 4,564 en el renglón D. Los datos de ambos medios fueron obtenidos de un estudio realizado por la Fundación Pensar y Crecer, analizando el Ranking Escolar Clasificación de Centros Educativos (Clase 2011).

Pero eso no es todo, en cuanto a la educación superior, uno de nuestros académicos de más sólida formación como lo es Radhamés Mejía, en un artículo de esa misma fecha, publicado en el periódico El Caribe con el título “La universidad dominicana y los rankings internacionales”, concluye de la manera siguiente: “Los diferentes estudios realizados en nuestro país señalan la necesidad de diversificar más nuestro sistema de educación superior. Se hace necesario que algunas universidades se desarrollen al punto de poder competir a nivel internacional con los criterios antes señalados, pero también es imprescindible desarrollar más ampliamente instituciones de educación superior de calidad que tengan como propósito fundamental preparar el capital humano en la cantidad y la calidad que se requerirán para que los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) sean alcanzables”.

La sociedad dominicana demanda de la puesta en vigencia de todo un sistema educativo que se manifieste mediante un proceso que incentive y aumente nuestras destrezas y habilidades para el entendimiento, manejo adecuado y óptimo de las nuevas tecnologías; que conduzca a un aprendizaje que nos permita comprender los cambios que se están produciendo en una sociedad globalizada, donde las relaciones internacionales han ido creando un Nuevo Orden Mundial; que nos conciencie a preservar nuestro medio ambiente y recursos naturales; y que se cree un vínculo entre el aula y la comunidad, asociando a profesores, padres, estudiantes y organizaciones locales para que asuman sus responsabilidades cívicas y culturales, dentro del concepto de la educación comunitaria o educación democrática.

Cada día más se impone la economía del conocimiento: los individuos que no reciban instrucción formarán parte de los nuevos pobres, de un neoploretariado en condiciones de vida cada vez más precarias. Los Estados y los ciudadanos deberán acudir en su auxilio, no para ofrecerles una asistencia pasiva sino para formular una verdadera política de reinserción, tal como lo afirman Octave Génelier y Emmanuel Pateyron.

Quizás nuestra debilidad institucional esté unida a nuestra ancestral debilidad en el sistema educativo.En su informe que sobre el estado de la educación presentó el 3 de marzo de 1846 el Presidente de la República Pedro Santana, expresaba que la ley sobre instrucción pública no ha producido todo el éxito que se debía esperar debido a la escasez de fondo de que adolecen la mayor parte de las cajas comunales. En sentido parecido se expresa Tomás Bobadilla, ministro de educación en la Primera República.

Cuatro años después de nuestra Independencia, el mismo Presidente Santana, en su mensaje al Congreso Nacional el 31 de enero de 1848 dice, que la instrucción pública se encuentra en un estado de decadencia por varios motivos, y uno de ellos es la falta de preceptores.

Una de las grandes reformas registradas en la educación de nuestro país fue la iniciada por Eugenio María de Hostos, fundador junto a Gregorio Luperón el 5 de marzo de 1876 de La Educadora, que al decir de Emilio Rodríguez Demorizi, era una sociedad destinada a popularizar las ideas del derecho individual y público, el conocimiento de las constituciones dominicana, norteamericana, latinoamericanas, y los principios económicos – sociales; en resumen: educar al pueblo.

En cualquier período de la historia sin importar el país, la educación se encuentra determinada y condicionada por factores políticos, económicos, sociales y culturales. Principalmente por el factor político, pues resulta demasiado evidente que la educación se encuentra unida a las políticas que sobre la materia tengan los gobernantes de turno.

Dice Felipe Alejandro Gardella que cuando los liberales argentinos a fines del siglo XIX, Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, establecieron la educación primaria obligatoria, no se cuestionaron que como resultado de esa política se clausuraría el ciclo de «democracia ilustrada» que ellos habían iniciado.

De Sarmiento dice dicho autor, que éste no desconocía que la educación del soberano y la política de inmigración darían nacimiento al más formidable enemigo de la élite que él mismo representaba: la apertura del mercado del conocimiento. De Alberdi, dice Gardella, que no consideraba suficiente el establecimiento de la educación pública y obligatoria; que proponía, además, un cambio de base cultural que permitiera desligar a la sociedad criolla de cierta herencia hispánica favorable al privilegio, y adquirir la cultura meritocrática anglosajona.

El concepto de Alberdi parece que se encuentra subyacente en el pensamiento del ex presidente de Colombia Ernesto Samper Pizano, quien afirma que el rechazo de España a recibir en el Nuevo Mundo a migrantes de otras religiones cerró la posibilidad de que llegaran a estas tierras especies distintas a españoles y portugueses, quienes, en el norte, sentaron cimientos de una sociedad mucho más diversificada y democrática en sus orígenes. España actuaba como potencia, mientras la Gran Bretaña se comportaba como nación, sigue diciendo Samper.

Nuevos vientos políticos moverán próximamente nuestras palmeras gubernamentales, y esperamos que la conciencia nacional sea sacudida con la fuerza de un huracán a fin de transformar nuestra estructura educativa.

En el marco de la  XIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en noviembre de 2004 en San José, Costa Rica, éstos suscribieron la Declaración de San José, donde bajo la temática Educar para Progresar se establecieron principios básicos, que de llevarse a la práctica, cambiarían el rumbo de nuestro pensamiento de política educativa. 

En efecto, en esa Cumbre se dijo que la educación es un derecho humano fundamental e inalienable, que tiene por objeto el pleno desarrollo de las personas y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales; es instrumento fundamental para preservar el desarrollo y la equidad; que sólo una educación democrática, accesible y de calidad es la base fundamental para lograr un desarrollo sostenible, elevar la productividad, aprovechar el avance científico y tecnológico, reforzar las identidades culturales y consolidar los valores de convivencia democrática, pacífica y solidaria para reducir la pobreza y la brecha social.

No compartimos lo expresado por el ex presidente de la República Francisco Henríquez y Carvajal, cuando afirmó en el año 1900 que la mayor parte de los dominicanos son enfermos, inficionados de vicios morales o de ilusiones, que falsean completamente su esfuerzo intelectual; o por Américo Lugo, quien en el año de 1916 se expresaba en términos similares; tampoco compartimos el pesimismo expuesto tanto por Moscoso Puello como por José Ramón López.

No hay dudas de que existe una generación de dominicanos que ha venido despertando del letargo a que generaciones pasadas se encontraban sometidas, unas por temor y otras por convicción. Pedimos un voto de confianza para esa generación comprometida con una mejor educación y por ende con un mejor país. 

En ese sentido, como reflexión, creo importante expresar el mensaje que se deriva de una obra pictórica de Salvador Dalí que en alguna ocasión observé, y que por primera vez expresé cuando ocupando la posición de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República pronuncié el discurso de orden con motivo del Día del Poder Judicial:

QUIERO LEVANTAR CON SUMA PRECAUCIÓN LA PIEL DE LA REPÚBLICA, PARA VER QUIENES AUN ESTÁN DURMIENDO TAN PROFUNDAMENTE BAJO SU SOMBRA, QUE NO HAN DESPERTADO ANTE TANTA INEQUIDAD.