Mis vividas historias en las Cumbres Judiciales

Publicado por: Dr. Jorge A. Subero Isa Fecha: 22/01/2019 12:01:56 p.m. Comentarios: 1

A través de este artículo comparto con los lectores vivencias que fueron muy significativas y enriquecedoras para el gran reto que emprendíamos en el 1997 y que sin duda cambiaron el rumbo de nuestro Poder Judicial, que pasó de estar arrinconado a ser un ejemplo de institucionalidad jurídica a nivel internacional.

En el año 1994, a consecuencia de una crisis que tuvo sus causas en las elecciones generales para elegir las autoridades de la Nación, se modificó la Constitución de la República para, entre otras novedades, establecer el Consejo Nacional de la Magistratura, organismo presidido por el presidente de la República e integrado además por el presidente del Senado de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, un senador y un diputado que no pertenecieran al partido político gobernante, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia y otro juez del mismo tribunal, cuya misión consistía en escoger los jueces de la Suprema Corte de Justicia, quien a su vez escogería a los demás jueces del país. Con la creación ese organismo se le quitaba al Senado de la República la facultad de escoger todos los jueces del país.

A pesar de que ese consejo fue contemplado en la Constitución del año 1994, no fue hasta el año 1996 que el mismo comenzó a reunirse y se propuso establecer un mecanismo para su funcionamiento. Es el año 1997 cuando efectivamente se ven los resultados de ese trabajo, cuando se llama públicamente a los abogados en ejercicio y jueces a participar en una evaluación que se llevaría a cabo en el Palacio Nacional, a los fines de escoger a los dieciséis jueces de la Suprema Corte de Justicia, que incluía su presidente, primer y segundo sustitutos de presidente. Fruto de esos trabajos, en la madrugada del día 3 de agosto de 1997 fue escogida la Suprema Corte de Justicia, la cual fue juramentada en el Palacio Nacional por el Consejo Nacional de la Magistratura el 4 de agosto del mismo año y puesta en posesión al otro día 5, en el antiguo Palacio de Justicia, que era para la época la sede el máximo tribunal de la República.

En búsqueda de nuevos horizontes internacionales

Todavía para el año 1997 el Poder Judicial dominicano carecía de vínculos y relaciones con los otros poderes judiciales. Por razones históricas, se supone que deberíamos haber tenido estrechas relaciones con Francia, por ser cuna de nuestro derecho. Sin embargo, no era así, pues para el año 1998 recibí una comunicación procedente de la Corte de Casación Francesa, cuyo sobre estaba dirigido al honorable magistrado Hipólito Herrera Billini, presidente de la Suprema Corte de Justicia, con la dirección Ciudad Trujillo, cuando ya la ciudad se llamaba Santo Domingo, pues el hombre por quien se denominaba así había muerto en el año 1961. O sea que entre la muerte de Trujillo y la correspondencia de la Corte de Casación habían transcurrido 37 años. En otras palabras, el Poder Judicial dominicano se encontraba aislado de la comunidad judicial internacional.

Recuerdo que la primera invitación que recibí para asistir a una cumbre judicial provino de las autoridades judiciales de España, que en noviembre de 1997 convocaron a asistir en Madrid, España, a la III Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia de Ibero América, España y Portugal. A pesar del entusiasmo que despertó en mí esa invitación, no pude asistir a la misma porque, como he dicho anteriormente, apenas en agosto de ese mismo año había sido escogido para presidir la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y estábamos inmersos en un proceso de reforma judicial y en la renovación de la matrícula judicial, lo cual constituía una prioridad para las nuevas autoridades judiciales del país.

La segunda oportunidad de asistir a un evento de esa naturaleza se presentó en marzo de 1998, cuando la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, a la sazón Dra. Cecilia Sosa, cursaba una convocatoria para asistir a Caracas a la I Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, con el objetivo de establecer mecanismos multilaterales viables que permitiesen fortalecer el Poder Judicial de los Estados Iberoamericanos, con base en los principios contenidos en la Declaración de Margarita, en noviembre de 1997, en relación con la administración de justicia, para lo cual los presidentes de las cortes y tribunales supremos de justicia de esos Estados, se habían comprometido a celebrar la Cumbre Iberoamericana para diseñar las políticas de ejecución de acciones orientadas a adecuar su actividad a la realidad jurídica, política y social de cada país. Esta cumbre tenía como motivo principal la Declaración de Margarita que habían suscrito los jefes de Estados y Gobiernos Iberoamericanos en el año 1997, en Isla Margarita, Venezuela.

De esa experiencia en Caracas, Venezuela, guardo recuerdos imborrables de personas con las cuales compartí en la ocasión, como fue el caso de conocer la recia personalidad y carácter dominante de la Dra. Sosa. Pero también del Dr. José Andréu García, quien fue presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, con quien establecí una relación de amistad que se ha prolongado en el tiempo, y quien me introdujo ante esa importante comunidad internacional. También a un Arturo Hoyos, expresidente de la Corte Suprema de Panamá, Jorge Eduardo Tenorio (El Salvador), José Raúl Amaro Salup (Cuba), Roberto Dávila Díaz (Chile), y otros, quienes ostentaban la condición de presidentes de sus respectivos tribunales. Era el presidente más joven de todos los asistentes, y lógicamente, todos querían aconsejarme sobre cómo realizar mejor mis funciones. Debo también resaltar las excelentes atenciones que nos brindó el presidente de la República de la época Rafael Caldera, quien le dio apertura y nos ofreció un almuerzo en el Palacio de Miraflores.

La tercera invitación fue para la II Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, la cual fue celebrada también en Caracas, durante los días 24, 25 y 26 del mes de marzo del año 1999, invitando a nombre de la corte de ese país su todavía presidenta Cecilia Sosa, donde tuve la oportunidad de exponer con el tema La ética del funcionario judicial. En esa cumbre las cosas habían cambiado bastante en el país anfitrión, en relación con la anterior de 1998. Para esa ocasión ya era presidente de la República de Venezuela Hugo Chávez Frías, quien en esa calidad dio apertura a la II cumbre, con un discurso sumamente crítico sobre la situación de la administración de justicia en su país.

El enjuiciamiento que el presidente Chávez hizo del Poder Judicial venezolano durante sus palabras de apertura presagiaba cuál sería la situación y las relaciones con los miembros del máximo tribunal judicial de Venezuela.

Muchos de los presentes coincidimos en que los días de Cecilia Sosa en la corte estaban contados. Lo que ocurrió posteriormente en Venezuela y en su Poder Judicial no es de nuestra incumbencia. Fruto de esa cumbre de Caracas surgió la Segunda Declaración de Caracas, con puntos tan importantes como los siguientes: derechos humanos de las víctimas; informática jurídica; ética del funcionario judicial de Iberoamérica; la aplicación de las normas de derecho internacional y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

España y Cancún: cumbres que marcaron pautas

La III Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia estuvo pautada para ser celebrada en El Salvador, pero el Consejo General del Poder Judicial de España, presidido en aquel entonces por el magistrado Javier Delgado, hizo varios contactos a fin de que esa cumbre se celebrara en España, en razón de que el período para el cual había sido elegido ese consejo expiraba próximamente. Fue en una reunión en Washington, convocada por el Banco Mundial para tratar el tema de administración de justicia, donde El Salvador accedió a declinar la sede de esa cumbre. Correspondió a Bruno Otero, vocal del Consejo General del Poder Judicial de España, quien había estado presente en las cumbres anteriores de Caracas, servir de portavoz de las autoridades del Poder Judicial español. Ya para esa reunión en Washington, Cecilia Sosa había dejado de ser presidente de la Corte Suprema de Venezuela y en representación de ese país asistió el magistrado Iván Rincón Urdaneta. El Salvador no hizo ninguna objeción a la petición española.

Es de esa manera que España decide celebrar en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, la cumbre, convocando al efecto para los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001, denominándose VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia. Para seguir el orden en la numeración de las cumbres judiciales con las celebradas anteriormente, se sumaron las de Madrid, España, en los años 1990, 1993 y 1997 con las dos de Caracas, en los años 1998 y 1999.

A pesar de que en las cumbres que yo había participado (Caracas 1998 y 1999) se habían logrado algunos resultados positivos en las relaciones entre las cortes supremas, a mi modo de ver la celebrada en Santa Cruz de Tenerife en 2001, fue la primera donde se obtuvieron resultados concretos, pues en ella se aprobó el Estatuto del Juez Iberoamericano, en un panel que a mí me correspondió el honor de moderar. Esta cumbre marcó también un hito importante en esas reuniones judiciales, pues se incorporó a la misma de una manera entusiasta México, que no había participado en ninguna de Caracas. Y México lo hace al máximo nivel, con la presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, dando ese país inicio a una agresiva cooperación judicial internacional, donde sin lugar a dudas el presidente Góngora Pimentel jugó un papel determinante. Como dato curioso debo señalar que posiblemente haya sido la única cumbre de ese nivel que fue celebrada bajo una carpa, con un calor abrasador, en el pleno patio del hotel, sede del encuentro.

La próxima cumbre, que como dije anteriormente estaba reservada para ser celebrada en El Salvador desde el año 2000, no se celebró en este país, pues México adujo que tenía interés en que fuese celebrada durante el período del presidente Góngora Pimentel. El Salvador declinó nuevamente a favor de México, y la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, fue celebrada en Cancún, México, durante los días 27, 28 y 29 de noviembre del año 2002.

La VII cumbre de Cancún, tiene importancia capital en la historia de las cumbres judiciales de presidentes de cortes supremas y tribunales supremos de justicia, pues en ella fueron aprobados documentos de la relevancia de la Carta de los Derechos de las Personas ante la Justicia en el espacio judicial iberoamericano. Como dato anecdótico debo decir que cuando el entonces presidente de la Corte de Argentina, Julio Nazareno, propuso que se condenara la actitud asumida por las autoridades gubernamentales de su país, quienes habían sometido a un juicio político por ante la asamblea legislativa a los nueve jueces de la corte, al no ser aprobada su moción, abandonó el salón de las reuniones y se negó a firmar la declaración final. Me tocó a mí, entre otros, convencer a Nazareno de que la suscribiera, para lo cual se adoptó una posición que no contradecía la política de esos eventos de no tomar posición en cuanto a los problemas internos de los poderes judiciales de los países miembros.

En la cumbre de Cancún tuvo participación por primera vez una de las personas que mayor esplendor e impulso les dieron a esos cónclaves internacionales, se trata del Dr. Francisco José Hernando Santiago, quien fue presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España. En Cancún se escogió como próxima cumbre a Copán-Ruinas, Honduras y a San Salvador, El Salvador. Por primera vez se escogieron dos países como sedes de cumbres judiciales.

Ha sido tradición en esos encuentros iberoamericanos escoger un país como sede alterna, para el caso de que el país escogido para la próxima cumbre no pudiese celebrarla, lo cual en la práctica se convirtió como la próxima sede. Fue lo que ocurrió en Cancún, donde la República Dominicana fue seleccionada sede alterna, por si Honduras y El Salvador no pudiesen celebrar la cumbre.

El nacimiento de la “Cumbre Judicial Iberoamericana”

En las cumbres judiciales iberoamericanas constantemente se presentaban problemas con respecto a la representación del Poder Judicial de los países miembros, pues en muchos países el gobierno de los jueces se encuentra no en las propias cortes supremas de justicia, sino en los consejos de las judicaturas o consejos judiciales. De ahí que a partir del año 1998, primero en Sucre, luego en Barcelona, en el año 2000, y en Zacateca, en el año 2002, se celebraron Encuentros Iberoamericanos de Consejos de la Judicatura, siendo el último el celebrado en Copán-Ruinas, Honduras, en el 2004, que correspondió al IV encuentro.

Otro problema que se presentaba en dichas cumbres era el relativo a la representación de un mismo país, cuando este contaba con diferentes órganos dentro de su propia estructura judicial, como las cortes supremas de justicia, los consejos judiciales, consejos de la judicatura, consejos de la magistratura, consejos de estado, tribunales o cortes constitucionales, etc. ¿Quién debía representar al país? Tal era el caso de Colombia.

Ambas situaciones se mantuvieron latentes hasta la celebración de forma conjunta y sucesiva, primero en Copán-Ruinas, Honduras, durante los días 21 y 22 de junio de 2004, del IV Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, y luego, en San Salvador, El Salvador, durante los días 24 y 25 de junio del mismo año, de la VIII Cumbre Judicial Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia. Fruto de esas reuniones emitimos una Declaración Principal donde su primer punto, denominado Fortalecimiento Institucional, llegamos al Acuerdo de Convergencia de Cumbres y Encuentros, precedido de un “Convencidos, de que la pervivencia separada de ambas conferencias (Cumbres y Encuentros) no es la forma más conveniente de trabajar, por lo que estimamos que hacerlo de manera conjunta y aunando esfuerzos, con el más escrupuloso respeto a la singularidad en la forma de administración del poder judicial de cada país, resulta ser la mejor forma de llevar a cabo nuestra misión”.

Al respecto, acordamos en el ordinal primero de ese documento lo siguiente:

Primero.- La refundición de nuestras actuales estructuras (la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y el Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura) en una misma y única conferencia internacional, denominada “Cumbre Judicial Iberoamericana”, en la que se respete la identidad y representación propia de cada organización judicial, la que sustentará desde ahora nuestra actuación futura de concertación y cooperación en el ámbito de nuestras competencias, sobre la base –como hasta ahora siempre ha sido- del diálogo, la solidaridad y la adopción de proyectos y acciones concertadas, y desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del sistema judicial y, por extensión, del sistema democrático, mediante la reafirmación de postulados compartidos que aseguren una administración de justicia independiente e imparcial, previsible, accesible al ciudadano, eficaz, pronta y equitativa, que garantice los derechos humanos y el respeto a la seguridad jurídica.

República Dominicana como sede de la XII Cumbre Judicial Iberoamericana

A consecuencia de esa convergencia o fusión de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y del Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, surgió un único órgano internacional denominado Cumbre Judicial Iberoamericana, escogiéndose como sede y Secretaría Pro-Tempore a Santo Domingo, República Dominicana, con lo que se respetaba lo acordado en Cancún, México, en cuanto a la sede del evento. De esta manera se celebra en el año 2006 en Santo Domingo, República Dominicana, la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana.

Como dato histórico importante es preciso resaltar que el número XIII, asignado a la cumbre de Santo Domingo fue el resultado de sumar las ocho cumbres Iberoamericanas de presidentes de cortes supremas y tribunales supremos de justicia y los cuatro encuentros Iberoamericanos de consejos de la judicatura.

La XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, sesionó en Santo Domingo, República Dominicana durante los días 21 y 22 de junio de 2006, con el eje temático: Referentes Iberoamericanos de Justicia: Una respuesta frente a los retos de la Sociedad del Conocimiento. Fue inaugurada con la presencia del Dr. Leonel Fernández, a la sazón presidente de la República.

Es importante resaltar que conjuntamente con la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana celebramos en nuestro país la I Feria de Justicia y Tecnología, la cual fue mostrada en el lobby del Palacio de Justicia, sede de la Suprema Corte de Justicia, en la cual cada país presentó sus avances en materia de tecnología. Recuerdo que luego de la inauguración el presidente de la República hizo un recorrido por los diferentes pabellones de los países.

Como productos acabados de esa cumbre tenemos que destacar:

• El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, el cual incluye los deberes jurídicos que se refieren a las conductas más significativas para la vida social, pero pretende que su cumplimiento responda a una aceptación de los mismos por su valor intrínseco, basada en razones morales.

El sistema iberoamericano de información judicial, cuyo objetivo es vertebrar la cooperación y concertación entre los poderes judiciales de los veintidós países de la comunicada iberoamericana de naciones.

E-justicia, la justicia en la sociedad del conocimiento, es fruto de las nuevas posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, en el seno de la sociedad del conocimiento, para garantizar una administración de justicia al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.

En la cumbre de Santo Domingo fue escogido Brasil como sede de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, a la cual no pude asistir por causas ajenas a mi voluntad. Sin embargo, la República Dominicana se hizo presente en dicho evento, ostentando la representación del país el magistrado Julio Aníbal Suárez, acompañado del equipo técnico y del personal de informática que había sido preparado para la participación en la II Feria de Justicia y Tecnología. Dicha cumbre fue inaugurada por el presidente de la República Luiz Inácio Lula da Silva.

Otras cumbres judiciales: seguridad jurídica, ética y tecnología

En la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasil en el año 2008, fue escogido como sede para la próxima cumbre la República Oriental del Uruguay, y como sede alterna, Argentina. En esa cumbre se trataron los temas relativos a la seguridad jurídica, acceso a la justicia de grupos vulnerables, oralidad, relaciones con los poderes judiciales europeos, estadísticas judiciales e indicadores, capacitación, y se celebró la II Feria de Justicia y Tecnología.

La XV Cumbre Judicial Iberoamericana fue celebrada en la República Oriental de Uruguay en el año 2010, a cuyo acto de apertura asistió el presidente de la República, José Mujica, quien declaró en la ocasión que la condición de país pobre no era un obstáculo para que la justicia fuera eficiente. En esa cumbre se presentó la III Feria de Justicia y Tecnología. Recuerdo durante la inauguración de esa cumbre haber hablado extensamente con el presidente Mujica y con Enrique Iglesias, quien era el Secretario General Iberoamericano, y a quien yo había conocido en Washington durante unas gestiones a fin de obtener un préstamo para la jurisdicción inmobiliaria, para lo cual me había acompañado el entonces embajador en Estados Unidos de América, Dr. Roberto Saladín.

Los temas abordados en la misma fueron relativos a las buenas prácticas en materia de comunicación, red de comunicadores y canal iberoamericano de justicia, portal del conocimiento jurídico, entre otros. En dicha cumbre se aprobó la constitución de una comisión de seguimiento y coordinación de los productos de las cumbres, lo que denominamos “hijos de cumbres”, la cual se encontraba integrada por Argentina, Brasil, República Dominicana, España, México, Puerto Rico y Uruguay. De la misma manera se designó por un período de cuatro años a los integrantes de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, entre los que se encontraba la República Dominicana, representada por la magistrada Altagracia Norma Bautista de Castillo.

En esa cumbre celebrada en Uruguay me anticipó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los Estados Unidos Mexicanos, Guillermo Ortiz, que yo recibiría una invitación para visitar ese país y recibir la Medalla Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, la cual fue entregada posteriormente el 9 de noviembre de 2010, en Ciudad México, en una sesión solemne celebrada por el pleno de ese tribunal.

Debo señalar que la XV Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Uruguay fue la última a la que asistí en mi calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues como es sabido, fui sustituido de esa posición por el Consejo Nacional de la Magistratura el 21 de diciembre de 2011.

No tengo dudas de que las cumbres judiciales han constituido espacios necesarios para un acercamiento y cooperación entre las naciones del área iberoamericana, que han dado frutos tangibles a los respectivos poderes judiciales que no se hubiesen podido obtener fuera de ese marco. Pero la de Santo Domingo, sin lugar a duda, ha sido una de las más fructíferas, si tomamos en cuenta los productos derivados de ella. Además de ser la pionera en cuanto a la celebración de las ferias de justicia y tecnología.

1 comentario

  • Jaime R. Fernández Q. says:

    Muy interesante el conocer esas experiencias,demostrativa de la importancia de los organismos que han sido creados en nuestra Región para agrupar las diferentes instituciones gubernamentales, profesionales,etc, ,donde además de compartir experiencias se establecen mecanismo para su fortalecimiento.
    Tuvimos la experiencia de haber promovido y fundado en el año 1985 la Asociación Latinoamérica de Aseguradores Agropecuarios – ALASA, habiendo sido su primer Secretario General.
    Gracias Lic.Subero por compartir tan interesantes e enriquecedoras experiencias, su paso por la Presidencia de nuestra Suprema Corte de Justicia fue un ejemplo de pulcritud en todo los sentidos.

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