Conferencia del Dr. Jorge A. Subero Isa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Miércoles 6 de marzo de 2019
Lo que no se escribe se olvida prontamente, por eso he preferido escribir lo que voy a decir.
Los procesos de transformación de los países o de sus instituciones se producen regularmente a través de las revoluciones, unas violentas y otras no. En el caso dominicano se produjo una transformación en el área judicial a través de una revolución pacífica. La pregunta que surge es: ¿cuáles fueron las causas o las razones que impulsaron esas reformas?, si bien sus inicios podemos situarlas en el año 1985 cuando el Dr. Salvador Jorge Blanco, siendo presidente de la República, dictó el decreto núm. 3347, del 29 de septiembre de 1985, que le otorgaba a la Suprema Corte de Justicia la facultad de formular, ejecutar y controlar el presupuesto anual del Poder Judicial, lo cual constituyó un paso de avance porque antes de esa época los recursos del Poder Judicial eran administrados por la Procuraduría General de la República. Es en la década de 1990, cuando con la ley núm. 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, que, entre otras cosas, dividió al máximo tribunal judicial dominicano en dos cámaras: una civil, comercial y de trabajo, y otra penal, administrativa y constitucional, se da un importante paso de avance.
Pero la realidad es que el despegue de la reforma judicial en nuestro país se produce en el año 1994, fruto de la crisis política que sacudió al país a raíz de las elecciones generales para la elección del presidente y vicepresidente de la República, así como los senadores, diputados, síndicos y regidores para el año 1994-1998, cuando se introdujeron en nuestra Constitución importantes modificaciones, tanto en el orden político, como lo fue la no reelección presidencial y la separación de la elecciones generales y las congresuales, como en el orden judicial, como fue la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, la autonomía financiera y administrativa de la Suprema Corte de Justicia, la posibilidad de introducir una acción directa de inconstitucionalidad contra las leyes por vía directa ante el Suprema corte de Justicia, así como la inamovilidad de los jueces.
Debemos recordar que en el campo eminentemente político, esas modificaciones produjeron efectos inmediatos, como fue la convocatoria para la celebración de elecciones para escoger un nuevo presidente y vicepresidente de la República en el año 1996, pues así se había establecido en una disposición transitoria que recortaba el período constitucional en dos años; es decir, que no hubo que esperar el año 1998 para celebrar esas elecciones, las cuales se efectuaron con los resultados que todos conocen y donde resultó electo el Dr. Leonel Fernández Reyna, para el período 1996-2000.
Sin embargo, en el aspecto judicial hubo que esperar el año 1996, cuando el entonces presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, convocó al Consejo Nacional de la Magistratura, órgano creado por la reforma constitucional de 1994, con facultad de designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, quienes a su vez tenían el mandato constitucional de escoger todos los demás jueces del orden judicial de la República. No olvidemos que antes de 1994 la facultad de elegir a todos los jueces del país, desde los de la Suprema Corte de Justicia hasta los de los juzgados de paz era el Senado de la República.
Durante mucho tiempo había en la sociedad dominicana un sentimiento de cambio en la manera de administrar justicia, lo que se podía comprobar no tan solo con los clamores que en ese sentido se producían, sino también porque los partidos políticos incorporaban en sus programas de gobierno promesas en ese sentido. Los mismos requerimientos los expresaban las iglesias, los empresarios y la sociedad civil en general.
Había una judicatura desacreditada y arropada por denuncias generalizadas de corrupción; se denunciaba la compra y venta de sentencias, las cuales muchas eran hechas en oficinas de abogados, incluso se hablaba de que la justicia era comparable a un mercado persa. Ciertas o no esas denuncias, lo cierto es que el máximo órgano encargado de mantener la disciplina y el adecentamiento de la justicia, que era la Suprema Corte de Justicia, transmitía una sensación de impotencia y de cansancio que la inhabilitaba de ser un verdadero órgano de control de la gestión judicial. La consultora costarricense, Tirza Rivera, quien en el año 1996 dirigió el Programa de Apoyo a Iniciativas de la Sociedad Civil, produjo un primer diagnóstico del Sector Justicia cuyos resultados dejaron muy mal parado a ese sector y que fue ampliamente discutido en un foro nacional celebrado en nuestro país en septiembre de 1996. Posteriormente, en el año 2000, la misma Tirza Rivera, ya con la integración de la Suprema Corte de Justicia designada el 3 de agosto de 1997, en otro estudio que hizo sobre la justicia dominicana dijo que en el país se habían logrado notables avances en materia de independencia judicial y la nueva Suprema Corte de Justicia había labrado un espacio de respeto en su convivencia con los otros poderes del Estado, agregando que la independencia judicial obtenida no era suficiente; que se requería además, que el sistema de administración de justicia fuera eficiente, accesible y brindara seguridad jurídica pues de lo contrario los procesos de democratización y desarrollo económico en República Dominicana no podían ser profundos y duraderos.
Lo cierto es que en el año 1996 la administración de justicia era sumamente cuestionada. El presidente Leonel Fernández, interpretando el sentimiento de la población, se convirtió en un propulsor de la reforma judicial. Una muestra evidente de ese comportamiento lo fue la creación de la Comisión Nacional de Apoyo a la Reforma Judicial, lo que hizo mediante decreto número 460-96, del 19 de septiembre de 1996, encargando esa comisión al Dr. Franklin Almeyda Rancier. No se puede olvidar que el presidente Fernández, antes de ser candidato y presidente de la República conocía los problemas de la administración de justicia, no tan solo por ser un abogado en ejercicio, sino que no hacía mucho tiempo que había dejado de ser abogado de oficio de una de las cámaras penales del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Desde esa Comisión Nacional de Apoyo a la Reforma Judicial fueron auspiciados muchos seminarios, conferencias, talleres, etc., donde participaron eminentes juristas nacionales y extranjeros. En el seno de esa comisión germinó la semilla de la Ley de Carrera Judicial; independientemente que ella designó los juristas dominicanos que debían modernizar y actualizar los códigos dominicanos.
No se puede obviar el papel propulsor de Leonel Fernández en el proceso de reforma judicial de nuestro país, aunque al final de su último mandato hizo lo mismo que el dios Saturno, según la pintura de Goya, que se exhibe en el Museo del Prado, Madrid, que devoró a su propio hijo.
Creo que vale la pena recordar cómo se conformó la primera Suprema Corte de Justicia fruto de la reforma constitucional del año 1994.
La primera vez que se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura fue el 18 de septiembre de 1996, donde se invitaba a todos los sectores de la sociedad a hacer sus propuestas de candidatos a ocupar una posición en la Suprema Corte de Justicia. Reunido nuevamente el 23 de abril de 1997 se acordó publicar una lista donde figuraban 252 abogados. Esa publicación apareció en los periódicos el 30 de abril de 1997. En la sesión del 19 de junio de 1997 se hizo una preselección que redujo los aspirantes de 252 a 48, cuyos nombres fueron dados a conocer el 21 de junio de 1997. Esos 48 aspirantes se redujeron a 30 y para el 10 de julio de ese mismo año fue convocado dicho consejo, pero hubo que esperar que el Congreso Nacional aprobara la ley número 156-97, del 10 de julio de 1997, que modificó la ley número 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, a los fines de aumentar la matrícula de los jueces de once a dieciséis, divididos en un presidente y quince miembros, que a su vez formaran parte se las tres cámaras en que se dividió la Suprema Corte de Justicia. En la reunión del 17 de julio de 1997 fracasó el intento del Consejo Nacional de la Magistratura de elegir los dieciséis jueces debido a que fueron conocidas algunas objeciones presentadas por distintas personalidades e instituciones relacionadas con los propuestos.
En la reunión del 24 de julio de 1997, el Consejo Nacional de la Magistratura, haciendo uso de las facultades que le confería el artículo 15 del Reglamento Interno convocó a los candidatos cuyos nombres se publicaron en la prensa nacional, para que comparecieran en grupos de diez los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 1997, a las 8:00 p. m., a los fines de ser entrevistados para optar por la posición de juez de la Suprema Corte de Justicia.
Es importante destacar que a esas entrevistas de los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 1997, asistieron en calidad de testigos representantes de la iglesia católica, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del Colegio de Abogados de la República Dominicana, organizaciones obreras, entre otras. Tanto las entrevistas a los postulantes como las deliberaciones de dicho consejo fueron transmitidas en vivo a través de Radio Televisión Dominicana y otras emisoras. Debo agregar que la iniciativa para la transmisión en vivo de las sesiones del mencionado consejo fue iniciativa del presidente Leonel Fernández, cuya finalidad era garantizar una elección transparente.
En razón de que el último tramo de las entrevistas estaba dividido en 3 grupos de diez cada uno, la expectativa de la Nación en cuanto al nombramiento de los jueces de la Suprema Corte de Justicia se centró en la sesión del 2 de agosto de 1997, la cual a pesar de que se había convocado para las 8:00 p. m., el mismo sábado en la tarde los postulantes de ese grupo fueron convocados para comparecer ante el consejo a las 6:00 p. m., por ser la última de las previstas y en la cual tendría que hacerse la elección final de los nuevos jueces del alto tribunal. Las rondas de preguntas para el último grupo comenzaron a las 7:42 p. m., del 2 de agosto de 1997, concluyéndose a las 12:30 a. m., del 3 de agosto, retirándose a deliberar los miembros del consejo y no fue sino hasta las 2:00 a. m. cuando ocuparon nuevamente sus asientos y dieron a conocer los nombres de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, que fueron los siguientes: Jorge A. Subero Isa, presidente; Rafael M. Luciano Pichardo, primer sustituto; Juan Guiliani Volquez, segundo sustituto; Ana Rosa A. Bergés de Farray, Julio Genaro Campillo Pérez, Víctor José Castellanos, Eglys Margarita Esmurdoc, Edgar Hernández Mejía, Julio Ibarra Ríos, Hugo Alvarez Valencia, Enilda Reyes Pérez, Dulce M. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Margarita A. Tavares, Juan Luperón Vásquez y Bernardo Fernández Pichardo.
Es importante destacar que los diferentes sectores de la sociedad defendieron y apoyaron la integración de esa Suprema Corte de Justicia, como se refleja en los periódicos El Siglo, del 4 de agosto de 1997, La Nación, de la misma fecha, El Nacional, del 5 de agosto, El Nuevo Diario y el Listín Diario.
Es preciso recordar que de los 16 jueces elegidos, el Dr. Bernardo Fernández Pichardo no aceptó la posición, renunciando a la misma. La posición vacante por la renuncia del Dr. Fernández Pichardo se mantuvo hasta ser cubierta en el año 2001, cuando a consecuencia del fallecimiento primero del magistrado Julio Genaro Campillo Pérez y luego del magistrado Juan Guiliani Vólquez, el Consejo Nacional de la Magistratura llenó las tres vacantes, resultando designados los magistrados Darío Fernández Espinal, quien ocupaba la presidencia de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, Pedro Romero Confesor y José Enrique Hernández Machado. Los jueces fueron juramentados en el Palacio Nacional por el Consejo Nacional de la Magistratura el día 4 de agosto de 1997, y puestos en posesión el día 5 del mismo mes y año, en el Palacio de Justicia que ocupaba dicho organismo, un edificio que había sido inaugurado el 26 de febrero de 1959, con la presencia del generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina y el presidente de la República, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, y que había sido construido y decorado al costo de RD$1,516,947.00.
Es en ese estado de cosas que asume la dirección del Poder Judicial dominicano la Suprema Corte de Justicia escogida en la madrugada del día 3 de agosto de 1997. En su primera sesión de trabajo la propuesta de auto dictado al efecto por su presidente, se integran las tres cámaras, la primera, presidida por el magistrado Rafael Luciano Pichardo; la segunda, presidida por Hugo Francisco Álvarez Valencia, y la tercera, presidida por Juan Guiliani Volquez, y se asignaron otras funciones a los jueces del alto tribunal.
Había arrancado la primera ola de reforma del Poder Judicial dominicano, cuyo objetivo principal era dotar a todo ese poder del Estado de una total y absoluta independencia.
Lo primero que hicimos al llegar a la Suprema Corte de Justicia fue transmitir una máxima confianza a la población de que las cosas cambiarían, y que los cambios se producirían desde la cúspide, pues estábamos conscientes de que la confianza tenía que comenzar por la cabeza. De ahí nuestro empeño de que como una estrategia se fortaleciera la Suprema Corte de Justicia para desde allí fortalecer los órganos inferiores, inspirando la debida confianza en la administración de justicia.
Como un dato curioso debo señalar que solamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia tenía despacho, pues los demás jueces trabajaban en lo que era la sala de deliberaciones, un espacio superficial amplio, pero sin ninguna división, lo que traía como consecuencia que al momento de producirse la discusión de un tema se producía entre las tres cámaras una verdadera torre de Babel, pues cada uno hablaba un lenguaje diferente. Eso me motivó a que le solicitara al presidente Leonel Fernández que dispusiera la construcción de cubículos y otros espacios para que los jueces gozaran de mayor privacidad y comodidad. Esta petición fue acogida, y ya para enero de 1998 se había remodelado todo el entorno de los espacios destinados a los jueces. Se le asignó a cada uno un cubículo, los cuales fueron dispuestos según la cámara a que cada uno de ellos pertenecían. Los jueces carecían de secretarias y de abogados ayudantes, lo cual dificultaba sus actividades. Al cabo de poco tiempo cada uno de ellos disponían del personal auxiliar correspondiente.
También, pero con recursos propios, procedimos a remodelar la Sala de Audiencias de la Suprema Corte de Justicia.
Quizás valga la pena apuntar que a nuestra llegada no había ninguna computadora en la institución. Yo que venía de presidir la Junta Central Electoral y antes del ejercicio privado de la profesión estaba acostumbrado a trabajar con computadora y con secretarias. La primera computadora que se compró para el Poder Judicial fue con un crédito personal mío, pues tampoco teníamos crédito en el mercado nacional. Tampoco había secretaria del presidente, sino que Miguel Jacobo, que era el secretario general de la Suprema hacía las veces también de secretario del presidente. A los pocos días todo eso cambió.
Habíamos asumido el compromiso con la sociedad de erradicar la corrupción judicial y de sembrar la semilla de la confianza en la justicia, para lo cual había que introducir grandes transformaciones en la matrícula de los jueces. Una de las primeras medidas que adoptamos fue sustituir de inmediato los jueces seriamente cuestionados, y partimos de la idea de que todos los jueces del país, sin importar la fecha de su nombramiento, tenían que someterse a un proceso de evaluación, para determinar quiénes permanecían, quiénes eran ascendidos o quiénes quedaban cesantes. Pero teníamos un grave problema que consistía en determinar cuáles eran los criterios que deberíamos seguir para cumplir con el mandato de la Constitución de escoger a esos jueces. Fueron muchos los que creyeron que por amiguismo podían ocupar una posición en la judicatura, o por influencia política. No teníamos ninguna disposición legal que nos trazara el rumbo a seguir y los criterios de evaluación; tampoco disponíamos de la Escuela Nacional de la Judicatura; lo único que teníamos claro era nuestra propia convicción de no defraudar la esperanza que la sociedad tenía en nosotros. La Ley de Carrera Judicial todavía no había llegado, pues nosotros llegamos primero que ella.
Para evaluar a los jueces del país se nos ocurrió recorrer los nueve departamentos judiciales existentes en aquella ocasión, donde los quince jueces, previa convocatoria en cada departamento, evaluamos a todos los que mostraron interés en ser juez. Recuerdo que el primer departamento sometido a evaluación fue el de Montecristi, lo que tuvo lugar a finales del mes de enero del año 1998. Este proceso de evaluación incluyó a todos los jueces existentes en el país, de los cuales aproximadamente el 30% fue ratificado o promovido. De ese proceso evaluador salieron los primeros jueces designados por la Suprema Corte de Justicia, los cuales, luego de un proceso de capacitación en la incipiente Escuela Nacional de la Judicatura, pasaron a formar parte de la carrera judicial. Las evaluaciones realizadas por la Suprema Corte de Justicia constituyeron el más extraordinario esfuerzo de capacitación jurídica colectiva que se haya realizado en el país, pues tanto los jueces como los abogados que aspiraban a serlo tuvieron que retomar los textos jurídicos para actualizarse. Eso ocurrió en todo el país.
Nos correspondió romper con una cultura muy arraigada entre los usuarios del servicio judicial que consistía en un contacto directo con el personal de apoyo de los jueces, lo que había creado en muchos casos una relación que a veces degeneraba en un menosprecio a principios éticos, que se reflejaba en una de las partes. Fue necesario modificar la arquitectura de los tribunales, para que el único contacto entre los usuarios fuese con los secretarios de los tribunales. Pero al mismo tiempo se comenzó un proceso de descentralización y desconcentración de las actividades administrativas de los tribunales, con la designación de encargados administrativos en los principales palacios de justicia, con lo cual logramos que los jueces se ocuparan exclusivamente de los asuntos jurisdiccionales y no de cuestiones administrativas, como falta de material gastable. Fueron muchos los abogados que llevaban a los secretarios de los tribunales resmas de papel para que estos hicieran las sentencias correspondientes.
Retos no menos importantes para el Poder Judicial fueron la implementación de la Ley número 46-97, del 18 de julio de 1997, sobre Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y del Poder Legislativo, la Ley núm. 327-98, sobre Carrera Judicial y su reglamento de aplicación, la Ley núm. 141-02, que creó la corte de apelación de Santo Domingo y otros tribunales en la provincia de Santiago y de Santo Domingo, la Ley núm. 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, la ley núm. 227-04, sobre el Sistema de Defensa Pública, la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Código Procesal Penal, y la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, entre otras. No cabe dudas de que el gran reto que enfrentó la Suprema Corte de Justicia fue la implementación del Código Procesal Penal, pues supuso el cambio de una cultura jurídica muy acendrada en la comunidad jurídica dominicana, aparecieron nuevos términos, como juez de la ejecución de la pena, sana crítica, medidas de coerción, casillero electrónico, entre otros. Fueron muchos los obstáculos que hubo que vencer, pues la resistencia a su implementación no se produjo tan solo en una gran parte de la sociedad dominicana, sino a lo interno de la judicatura, pues muchos jueces, incluyendo de la Suprema Corte de Justicia eran contrario a su aplicación, pues consideraban que incentivaba la delincuencia. Hubo un momento en que tan solo el presidente de la Suprema Corte de Justicia y algunos jueces comprometidos fueron los defensores de la nueva norma procesal penal.
Un reto que desde el primer día tuvo que afrontar la Suprema Corte de Justicia fue la remodelación de las edificaciones judiciales, comenzando por su propia sede, que se había convertido en un local arrabalizado, pues en las segunda y tercera plantas se habían construido estructuras de madera que quitaban toda la visibilidad y vistosidad al edificio; lo mismo ocurría con otras edificaciones del interior. El caso del palacio de justicia de Moca era la mejor manifestación de que se requería de una intervención inmediata. Así se hizo. Pero también se construyeron palacios de justicia en San José de Ocoa, Mao, Salcedo, Monseñor Nouel, Monte Plata, San Cristóbal. Entre palacios de justicia y juzgados de paz se construyeron, reconstruyeron o repararon más 90 edificaciones.
Recuerdo que en la revista Rumbo, en su edición correspondiente al 3 de enero del año 2000, núm. 308-309, se publicó un artículo de Eduardo Jorge Prats con el título: La reforma judicial: el verdadero modelo dominicano, donde dice que los días 16 y 17 de diciembre se celebró en Washington, D. C. la Conferencia de Socios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) sobre Democracia y Gobernabilidad, donde salió a relucir el caso dominicano como modelo a seguir en materia de reforma de las instituciones judiciales. A seguidas cito textualmente a dicho autor: «¿Cómo es posible que República Dominicana constituya un modelo de construcción de un poder judicial independiente y eficiente? Somos un modelo de reforma judicial por varias razones. En primer término, a pesar –o quizás por ello de ser «latecomers» en la reforma judicial –Costa Rica hizo la reforma en los ’70 y el resto de Latinoamérica en los ’80, los dominicanos hemos avanzado más y en menos tiempo que el resto de los países».
Habíamos construido un Poder Judicial fuerte, con un gran reconocimiento internacional, lo que nos llevó no solamente a prestar cooperación a los poderes judiciales de Panamá, Nicaragua, Guatemala, etc., sino que en el año 2010, compitiendo con Costa Rica, Puerto Rico, Argentina, Chile, España y México, obtuvimos el premio Innovare Internacional, por ser el país con las mejores prácticas judiciales. Los niveles de corrupción judicial eran mínimos. Las inconductas de los servidores judiciales fueron ejemplarmente sancionadas; creo que había ciertos niveles de confianza en la administración de justicia, sin embargo, yo percibía que la gente no estaba satisfecha.
El tiempo que permanecieron los jueces de la Suprema Corte de Justicia escogidos en el año 1997 no mermó la percepción que se tenía de su gestión. Es así como el presidente de la República de entonces, Dr. Leonel Fernández, en unas declaraciones ofrecidas en el Palacio Nacional en febrero de 2010 en ocasión del Encuentro de Presidentes de Cortes Supremas y/o Tribunales Supremos de Justicia y presidentes de Consejos de la Judicatura de España, Centroamérica y el Caribe dijo que la Suprema Corte de Justicia había sido artífice de importantes transformaciones y que ella es una de las más transparentes y sus magistrados han sabido coordinar el proceso de modernización de la justicia con un sistema democrático que se ha traducido en una profunda transformación y agregó que se puede decir que con la actual Suprema Corte de Justicia ha habido un antes y un después en el sistema judicial.
El Poder Judicial gozaba de la credibilidad necesaria para inspirar confianza en la ciudadanía; tenía los suficientes instrumentos legales y la adecuada estructura para velar y mantener a todos los servidores judiciales apegados al más estricto cumplimiento de las disposiciones legales y normas disciplinarias.
Una verdad irrebatible es que la confianza que transmitía el Poder Judicial incentivó a que muchos jóvenes decidieran estudiar la carrera de derecho, y muchos abogados decidieran inclinarse por ser juez y seguir la carrera judicial.
Tanto era así, que durante más de catorce años la reforma judicial no fue un punto de agenda de los partidos políticos o de la sociedad civil como ocurría con anterioridad a esa época.
Habíamos transformado el aparato judicial en una maquinaria moderna, dotándolo de una independencia orgánica y funcional sin precedente en la historia del país, dejando atrás la estructura arcaica, obsoleta e inoperante con que operaba el Poder Judicial; todo eso gracias al concurso de la cooperación internacional, al empuje de la sociedad civil y el nivel de compromiso y responsabilidad asumidos por los sectores políticos, destacando que con la firmeza de la judicatura nacional ha sido posible realizar una gran parte de las transformaciones necesarias, marcando un nivel de avance sin precedentes en la República Dominicana.
Teníamos un Poder Judicial independiente, pero con una administración de justicia lenta y onerosa, donde muchas veces la persona humana era olvidada. De ahí que me planteé en el discurso del 7 de enero de 2007, Día del Poder Judicial, y posteriormente en un almuerzo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que había que dar el paso a la segunda ola de reforma judicial, colocando a la persona en el centro de atención de la provisión del servicio judicial, con el objetivo de que este proceso consolidara los avances experimentados y estrategias de desarrollo institucional y del Estado de derecho, a fin de afianzar su rol como aliado del bienestar y del progreso del pueblo dominicano.
En eso estábamos cuando abruptamente el 21 de diciembre de 2011, sin haber sido evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura como mandaba la Constitución del año 2010, por entender el presidente de la República que ninguno de los miembros de ese consejo tenía capacidad para evaluar el trabajo que yo había realizado como presidente de la Suprema Corte de Justicia, a petición del propio presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, fui sustituido como presidente del máximo organismo judicial y designado miembro de ese organismo. Superé la prueba como juez, pero la reprobé como presidente, que era la posición que ocupaba mi mayor tiempo, pues el presidente en esos momentos, todavía hoy lo es, más que un juez es un gerente.
En la segunda ola de reforma judicial pretendíamos alcanzar el desarrollo y perfeccionamiento del servicio judicial, a través de prácticas de trabajo que permitieran la celeridad y el respeto de las garantías de los ciudadanos en los procesos. En definitiva, de lo que se trataba era de hacer más accesible la justicia a la ciudadanía. Realmente lo que pretendíamos con la segunda ola era que no tan solo fuera un eslogan, sino que se convirtiera en una realidad: «que la justicia fuera un servicio y el usuario su destinatario».
Si a mi me preguntaran que se requeriría para tener un Poder Judicial libre, independiente, eficaz y confiable, yo diría que se precisa de buscar un líder que se yerga inmarcesiblemente sobre todo un sistema de confusión y desconfianza, que sea avalado por un equipo de apoyo con sentido de pertenencia y compromiso institucional y que todos gocen de un amplio consenso entre todos los sectores de la sociedad. El nuevo liderazgo debe nacer no tan solo sin trabas políticas, ni compromisos empresariales ni de ninguna otra índole, sino libre de toda sospecha de que actúa por intereses que no sean exclusivamente los del interés de la sociedad. Se requiere de alguien que recupere no tan solo la confianza olvidada en nuestras instituciones, o tal vez perdida, sino también la debida autoridad tan gozosamente relajada. Los órganos de control de la ética y el buen comportamiento de los servidores judiciales deben volver a imperar y sancionar con la fortaleza necesaria las inconductas tan insepultas como los fallecidos en los campos de guerra.
Ese líder que se escoja debe estar consciente de que la administración de justicia de hoy es diferente a la del pasado; que la sed de la sociedad no puede saciarse de la misma manera que antes se hacía. Debe comprender que la sociedad de hoy en gran medida se encuentra entrelazada por las redes sociales digitales, las cuales en la actualidad se han convertido en micro poderes, capaces de maniatar a un gigante, como los hicieron los liliputienses en la obra Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift.
De no ser así, y me preguntaran hacia donde va el Poder Judicial, yo diría como aquel cuento irlandés, cuando una persona pregunta a otra cómo se llega al poblado de Ballynahinch, y responde: «Si yo fuera usted, no partiría de aquí» . Bueno, pero no quiero ser tan pesimista y prefiero decir que se requiere de alguien que inspire la confianza necesaria para que la esperanza en una buena administración de justicia vuelva a resurgir después de haber pasado por uno de sus no mejores momentos.
Sin importar los tiempos, lo cierto es que la justicia nunca ha tenido buena imagen. Sin embargo, en algunos tiempos ha tenido más mala imagen que en otra.
Ese fue el Poder Judicial que dejamos el 23 de diciembre del año 2011. ¿Qué ha pasado después? Lo desconozco. He estado de vacaciones.
Muchas gracias!
Puede visualizar algunos videos de la conferencia en: https://www.instagram.com/jasiconsultores/channel/
Muy interesante la conferencia!